Por Juan Peinado, miembro de Politólogos al Whisky
El pasado 20 de julio estaba previsto que el gobierno panameño acudiera a la mesa de negociación con los sindicatos y los pueblos indígenas, con la idea de encontrar acuerdos y aliviar la tensión social. Iban ya dos semanas de manifestaciones y protestas contra las corridas inflacionarias que hoy provocan crisis de alimentos y medicamentos; sumado a la precarización salarial que sufre el país y ciertos casos de corrupción que han dejado expuesto el cargo en las últimas dos presidencias. El encuentro pactado entre el presidente Laurentino Cortizo, sindicatos y movimientos indígenas no ocurrió.
La violencia se recrudeció en las calles y cada vez más sectores se sumaron a los paros, desde educación hasta construcción. La desigualdad social se fue agudizando. Los distintos índices mostraron que la inflación interanual en Panamá se sitúa en un 4.2%, mientras que el precio del combustible creció un 47% en los últimos 6 meses. Frente a éste caótico panorama la respuesta del gobierno panameño ante las masivas protestas fue la represión violenta en las calles, y se lo acusa de fomentar la satanización en los principales medios de comunicación.
Después de cuatro días de negociaciones, el 24 de julio se concretó un primer acuerdo entre los diferentes representantes de movimientos sociales de Panamá y el gobierno de turno. La Alianza Pueblos Unidos por la Vida de la capital Ciudad de Panamá, la Alianza Nacional por los Derechos de los Pueblos Organizados -ANADEPO- de Veraguas y las organizaciones indígenas de la comunidad de Ngäbe Buglé (tres organizadores del paro nacional en curso) lograron negociar un pacto con el gobierno nacional la reducción del costo de los productos básicos en un 30%. Este convenio sostiene que el gobierno disminuirá los precios de alrededor 72 productos, entre ellos alimentos y artículos de higiene. El método por utilizar denota la aplicación de instrumentos como límites de precios, subsidios a la producción nacional y reducción de aranceles con control del margen de comercialización. Además, el gobierno nacional prometió presentar el proyecto de ley a la Asamblea Nacional, con la intención de desarrollar los poderes coercitivos de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia -ACODECO-, ente que respalda consumidores ante el alza de precios y el consecuente empobrecimiento de la calidad de los servicios.
El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción -SUNTRACS-, y uno de los representantes de la Alianza Pueblos Unidos por la Vida, celebró el acuerdo. No obstante, insistió en que el gobierno hizo caso omiso a las restantes demandas planteadas por las organizaciones. Algunas de las cuestiones que reclaman los movimientos sociales y que aún el gobierno dispuso no responsabilizarse son: la reducción y congelamiento del precio de los combustibles, congelación del precio de los medicamentos y el desabastecimiento de medicamentos, asignación del 6% del PIB para el presupuesto de educación pública, reducción y congelamiento del precio de la energía eléctrica, medidas para combatir la corrupción, evaluación de la crisis de la caja de seguridad social y establecimiento de una mesa intersectorial y de seguimiento.
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