FILE - In this March 22, 2018, file photo, an honor guard member is covered by the flag of Saudi Arabia, in Washington. Saudi Arabia, for years one of the world's most prolific executioners, dramatically reduced the number of people put to death in 2020, following changes halting executions for non-violent drug-related crimes, according to the government’s tally and independent observers. (AP Photo/Cliff Owen, File)
El pasado sábado, Arabia Saudita confirmó la ejecución de 81 ciudadanos por diversos motivos, entre ellos “múltiples crímenes atroces que dejaron un gran número de civiles y agentes de la ley muertos”, en palabras del Ministerio del Interior saudí.
Pese a las repetidas promesas del reino para frenar el uso de la pena de muerte, se trató de la ejecución masiva más grande en años.
En un comunicado publicado por la agencia oficial de prensa saudí, se afirmó que entre los ejecutados había siete yemeníes y un sirio, mientras que el resto eran saudíes. Sin embargo, no se notificó cómo fueron ejecutados.
El accionar causó revuelo internacional, principalmente entre grupos de derechos humanos que calificaron las ejecuciones como “lo opuesto a la justicia”, y desmintieron las afirmaciones del príncipe heredero Mohammed bin Salman sobre reformar el sistema de justicia nacional.
Uno de los grupos de derechos humanos más conocido, Adubusi, afirmó que pudieron monitorear y documentar las 81 ejecuciones, detectando que no se encontraron cargos de pena de muerte según los criterios que Arabia Saudita especifica.
Además, condenaron la falta de transparencia frente a estas investigaciones y a las condenas aplicadas, acusando al sistema judicial saudí también de amenazar e intimidar a los familiares de algunos de los acusados para lograr aplicar la pena de muerte.
Por su parte, el reino afirmó que además los condenados cumplían con delitos de jurar lealtad a grupos terroristas extranjeros como el Estado Islámico y al-Qaeda. Frente a esto, afirmaron que el país “continuará adoptando una postura estricta e inquebrantable contra el terrorismo y las ideologías extremistas que amenazan la estabilidad del mundo entero”.
Asimismo, notificó que durante el proceso los acusados pudieron ejercer sus derechos bajo la ley saudí, incluyendo el derecho a un abogado. Sin embargo, denunciaron que se les negó el acceso a un abogado y que fueron torturados y recluidos sin acceso a comunicación.
Según estos grupos de derechos humanos, la cantidad de ejecuciones del sábado superó las ultimas dos más recientes del reino: una en 2019, que se cobró 37 víctimas, y otra en 2016, en la que murieron 47 personas.
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