En México está sucediendo un hecho histórico. Esto se debe a que, desde el 15 al 26 de noviembre transcurre por primera vez la visita del Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas. Durante su paso por el país, los representantes tienen previsto presentarse en doce de los treinta y dos estados con el fin de reunirse con autoridades e identificar medios para afrontar las desapariciones forzadas. Entre los estados a visitar se incluyen Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Veracruz y Sinaloa.
El CED es un órgano de expertos independientes, que supervisa la aplicación de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas por sus Estados Parte. Entre sus funciones, también emite acciones urgentes, recibe casos individuales, hace visitas a países y llama la atención de la Asamblea General de la ONU sobre situaciones donde la desaparición es generalizada o sistemática.
Hay que tener en cuenta que el comité había solicitado el ingreso para participar en las búsquedas en el año 2013. Sin embargo, en dicha ocasión el gobierno de Enrique Peña Nieto obstaculizó la llegada de la entidad. Lo que sorprende es que en el año 2009 México ratificó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Más cercano en el tiempo, en octubre del 2020, el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmó la Declaración que formulan los Estados Unidos Mexicanos para reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada. El objetivo de la formalización de este documento es recibir y examinar las comunicaciones presentadas por personas que se encuentran bajo su jurisdicción o en nombre de ellas.
De esta forma, el arribo del CED al país de América del Norte es la primera que realiza en sus once años de existencia. Para México este suceso tiene una enorme relevancia, ya que alberga una crítica y agravada coyuntura en cuanto al número de personas desaparecidas.
Basándonos en lo que releva el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, desde 1964 a la actualidad la cifra supera las 94.000. Además, a este preocupante contexto se le suma los más de 52.000 cuerpos anónimos acumulados en morgues desbordadas por todo México. Esta cifra es producto de los datos oficiales difundidos por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos. El resultado se relaciona con la falta de peritos, bajas partidas presupuestarias que no permiten alcanzar los recursos necesarios y una violencia que nunca cesa.
En total, serán doce días durante los cuales se establecerán intercambios con distintos actores del Estado y de la sociedad mexicana. La delegación encabezada por Carmen Rosa Villa Quintana se reunirá también con víctimas, representantes de la sociedad civil, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y organizaciones internacionales.
En la antesala del recorrido, la cancillería mexicana se expidió en un comunicado. En él manifestó la confianza en que las prácticas del comité serán fundamentales para “robustecer las capacidades institucionales para la investigación, búsqueda de personas desaparecidas, procesos de rendición de cuentas y reparación para las víctimas”. De forma paralela, reiteró la disposición a un “diálogo constructivo” y la cooperación con los tratados y mecanismos internacionales de derechos humanos.
Luego de la visita al país mexicano y la información recopilada, el CED hará público un informe en marzo del año que viene. Este tendrá en su desarrollo recomendaciones que se sumarán a las ya emitidas por el Comité de Derechos Humanos en suerte de dictámenes. Estas últimas observan con preocupación y claman por severidad para que el Estado Mexicano las adopte como herramientas a designar un cuerpo normativo a cumplimentar.
Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, prometió “total apertura” para la misión del CED. Desde el inicio de su sexenio en 2018, el gobierno de AMLO tomó como una de sus banderas el esclarecimiento de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en el estado occidental de Guerrero en septiembre de 2014.
Sin embargo, en la escena local hay un cierto descontento con respecto al lugar que le otorgó el actual gobierno a este delicado tema en materia de financiamiento. En el presupuesto estatal para el 2022, lo destinado a las instancias específicas que atienden la problemática de las desapariciones de personas padeció una notable reducción de recursos económicos.
La gravedad de la situación no cesa.
En el 2002, Amnistía Internacional en México elaboró un informe que se tituló “México. La desaparición: un delito permanente“. En el desarrollo de lo referenciado, alude a que la desaparición forzada como medida de represión fue utilizada en dos periodos.
El primer periodo se consignó según el informe en la década del setenta y principios del ochenta. Al respecto, las desapariciones de aquel entonces tenían como objetivo militantes de grupos armados de oposición y otros sujetos considerados por las autoridades oficiales como opositores políticos.
En lo que refiere al segundo periodo, este tuvo lugar en la década de los noventa y de forma particular en el sur de México. Su causa en este contexto se produjo en el marco de las operaciones de contrainsurgencia que llevaron a cabo las fuerzas armadas y la policía contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Ejército Popular Revolucionario.
Por su parte, en agosto de 2016, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos exigió “enérgicamente” al Estado mexicano reconocer la competencia del Comité. Pese a las múltiples protestas en numerosas ocasiones de la ONU, el Gobier
no no cedió. Tampoco escuchó a los familiares de las víctimas, que pedían una vez tras otra la intervención del organismo internacional.
A su vez, la organización Human Rights Watch en su Informe Mundial 2017 vinculó a las fuerzas de seguridad mexicanas en reiteradas violaciones de derechos humanos, incluidas las desapariciones forzadas.
Motivo por el cual, este acontecimiento genera expectativas para los familiares de las personas desaparecidas. Al mismo tiempo es una visita que debe ocupar a toda la sociedad, tenemos que explicarnos qué ha pasado en México que estamos acostumbrados a convivir con tanta violencia.
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