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Los secretarios de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, y de Energía, Darío Martínez brindaron en el día de hoy, miércoles 7 de julio, una conferencia de prensa con el objetivo de comunicar las sanciones planteadas sobre la exploración y explotación ilegal de hidrocarburos en las Islas Malvinas.
La conferencia, llevada a cabo de manera virtual, buscó profundizar en la postura argentina sobre las actividades hidrocarburíferas de exploración y explotación que están llevando a cabo de manera ilegal dos empresas británicas y una israelí en la Plataforma Continental Argentina. Las acciones que desde Argentina se buscarán llevar a cabo hacen hincapié en que todas estas actividades no pueden realizarse sin autorización del gobierno argentino, lo cual ocurre actualmente.
La postura argentina se basa en el no cumplimiento por parte de estas compañías de la Ley Nacional N° 26.659, sancionada en marzo del 2011 por el Congreso de la Nación Argentina. La misma prohíbe las actividades petroleras en la plataforma continental argentina sin autorización, incluyendo a las Islas Malvinas. A su vez, especifica que, entre las sanciones contempladas, se incluye la pérdida de concesiones petroleras en territorio nacional aunque la empresa que opera sea solo una accionista de la empresa concesionaria.
El Secretario Daniel Filmus declaró que “se está iniciando la notificación a las empresas que serán sancionadas”, las cuales se añaden a un conjunto de otras compañías ya sancionadas y advertidas anteriormente. Añadió que las sanciones administrativas, en primer lugar, tienen que ver con la prohibición/suspensión/inhabilitación de 5 a 20 años para las empresas de poder trabajar en Argentina, y que luego puede iniciarse una sanción penal “avanzando en la denuncia de las empresas para que se hagan los embargos respectivos”.
Por su parte, Darío Martinez reconoció el trabajo en conjunto entre ambas Secretarías y declaró que las empresas mencionadas por el secretario Filmus “no están habilitadas a operar ni han pedido autorización, por eso iniciamos este proceso que tiene que ver con la notificación y luego las sanciones que nos habilita esta normativa”, haciendo referencia a la Ley 26.659. Martinez destacó que “es importante defender la soberanía energética” y que se trata de un proceso que seguramente continuará Cancillería, pero en el que la Secretaría de Energía estará aportando.
A continuación, Filmus consideró importante aclarar dos cuestiones. En primer lugar, que todas las empresas fueron anunciadas de esta situación, ya sea a través de notas de desaliento o entrevistas, con el objetivo de notificar la realización de acciones no legales. “Estas empresas han avanzado, por lo tanto nosotros también hemos avanzado en nuestras acciones”, afirmó.
En segundo lugar, destacó que el accionar argentino se encuentra respaldado y apoyado por declaraciones de organismos multilaterales como la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), el Grupo de los 77 (G-77) o el MERCOSUR. Según Filmus, todos estos organismos han hecho aclaraciones sobre la situación, específicamente sobre la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de Naciones Unidas y la Resolución 31/49, la cual instó a ambos países a no adoptar decisiones unilaterales como las que actualmente se están realizando en materia de recursos naturales.
Asimismo, los Secretarios y la Directora dejaron en claro que el proceso de sanciones que Argentina buscará realizar consiste en una seria de etapas: primeramente, notificar a la empresa de su accionar ilegal con la posibilidad de ejercer el derecho de defensa en un plazo de 20 días; a continuación, realizar la investigación correspondiente para evaluar la situación; y por último, iniciar las acciones nacionales con el objetivo central de obtener una inhabilitación de las actividades, que podrán estar sujetas a multas o suspensiones como también medidas legales.
Finalmente, otra cuestión central a destacar fue el impacto que estas sanciones podrían tener en materia económica para el país. Tanto Martinez como Filmus reafirmaron su postura, puntualizando en que la soberanía cuantifica por sobre las inversiones ya que “no es el objetivo de esta cuestión y no está en la mesa para los argentinos y las argentinas, no es un tema de discusión”.
Además, añadieron que “respecto de la defensa de la soberanía, lo que estamos haciendo es simplemente aplicando estrictamente y como corresponde las leyes”. Destacaron que numerosas empresas de todo el mundo han decidido que no van a invertir en la zona de Malvinas sin autorización del gobierno nacional porque quieren invertir en la Argentina.
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