El Congreso de Perú destituyó al presidente interino José Jerí tras cuatro meses en el cargo y ahora debe definir, en cuestión de horas, quién conducirá el Ejecutivo hasta el recambio constitucional, con las elecciones generales previstas para el 12 de abril. El vacío inmediato se explica por un punto clave: el actual titular del Congreso, Fernando Rospigliosi, que sería el siguiente en la línea de sucesión, rechazó asumir la presidencia, lo que obliga a una nueva votación parlamentaria para nombrar a un reemplazo que, automáticamente, quede a cargo del país.
La remoción se aprobó por 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, en medio de un escándalo por reuniones no declaradas con actores vinculados a intereses comerciales chinos. Reuters informó que Jerí fue filmado entrando de noche a un restaurante para reunirse con el empresario Zhihua Yang —titular de negocios y una concesión ligada a un proyecto energético— sin que el encuentro fuera transparentado. AP añadió que la investigación preliminar también involucra reuniones con dos ejecutivos chinos, uno con contratos estatales activos y otro bajo investigación por presunta tala ilegal.
En términos institucionales, el “qué sigue” está escrito en la Constitución, pero la política peruana lo vuelve frágil en la práctica. El artículo 115 establece que, ante impedimento del presidente, asume el primer vicepresidente; si no, el segundo; y, en ausencia de ambos, el presidente del Congreso. Si el impedimento es permanente, corresponde convocar a elecciones. En este caso, el problema no es solo la norma: el país llega a esta crisis con elecciones ya en marcha y con una cadena de sucesión atravesada por la disputa parlamentaria.
El reloj corre en el Congreso y el calendario electoral no se detiene
El paso inmediato es político-procedimental: el Congreso debe elegir una nueva mesa directiva. Reuters precisó que se abrió una ventana para presentar candidaturas y que la votación para designar al nuevo titular legislativo —y, por arrastre, al nuevo presidente interino— estaba prevista para el día siguiente a la destitución. Ese nombre será el encargado de administrar una transición corta, con margen acotado para iniciativas estructurales y con la presión de sostener gobernabilidad y seguridad pública.
El segundo paso es operativo: asegurar continuidad administrativa. La crisis ocurre con el Estado bajo tensión por crimen organizado, extorsión y percepción de corrupción, dos temas que Reuters identifica como detonantes recurrentes del desgaste político peruano. En la práctica, el próximo mandatario interino tendrá incentivos para evitar sobresaltos: sostener el funcionamiento del gabinete, preservar la relación con mandos de seguridad y garantizar que la administración electoral avance sin interferencias.
El tercer paso es electoral y es el que condiciona todo. El Congreso elegirá a un nuevo presidente para gobernar hasta el 28 de julio, fecha de asunción del ganador de los comicios del 12 de abril; si nadie supera el 50%, se prevé una segunda vuelta en junio. En paralelo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la ONPE mantienen el cronograma del proceso 2026, que fija hitos administrativos y plazos de organización que no dependen del nombre del presidente interino.
El capítulo final es geopolítico, aunque se exprese como “escándalo doméstico”. El caso que derribó a Jerí está anclado en reuniones con un empresario chino con intereses en Perú, un tema particularmente sensible en un país donde la inversión china en energía e infraestructura convive con una discusión política permanente sobre influencia y transparencia. En pleno reacomodamiento global, ese factor agrega ruido a una transición ya corta: cualquier señal de captura de decisiones por redes privadas se vuelve munición parlamentaria en un sistema que, como muestra la secuencia de destituciones, tiende a resolver crisis removiendo presidentes antes que construyendo acuerdos estables.
Lo inmediato, entonces, será si el Congreso logra cerrar rápido la sucesión y evitar un nuevo bloqueo interno; lo siguiente, si el presidente interino que surja puede sostener el orden público sin abrir otro frente con el Legislativo; y lo decisivo, si el proceso electoral llega al 12 de abril sin que la crisis vuelva a reconfigurar el tablero. Con el precedente de destituciones sucesivas y un Parlamento impopular, la pregunta ya no es solo quién asume, sino cuánto dura la estabilidad mínima para llegar a las urnas.
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