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El Gobierno de El Salvador mantiene desplegados más de 2.000 militares en Haití en el marco de una operación para rescatar a cuatro de sus soldados desaparecidos tras una emboscada de grupos armados. La búsqueda continúa sin resultados confirmados sobre su paradero, aunque la Policía Nacional de Haití informó sobre el hallazgo del vehículo incendiado en el que viajaban los efectivos el pasado 18 de octubre.
El despliegue fue confirmado por el Ministerio de Relaciones Exteriores salvadoreño el 28 de octubre, después de una conversación telefónica entre el presidente Nayib Bukele y el primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé. Según la Cancillería, la operación cuenta con un contingente de fuerzas terrestres y medios de transporte y apoyo, entre ellos aeronaves y vehículos blindados. El envío representa una ampliación considerable de la presencia militar salvadoreña en el país caribeño.
Los cuatro efectivos, técnicos de aviación que integraban la misión internacional de seguridad, fueron atacados el 18 de octubre en el sector de Santo, en Croix-des-Bouquets, al noreste de Puerto Príncipe. Según la Fuerza Armada de El Salvador, regresaban a su campamento en un vehículo blindado cuando recibieron disparos y ataques con explosivos. Los militares lograron abandonar el vehículo, que se incendió, pero después se perdió contacto con ellos.
Bukele aseguró posteriormente, a través de X, que los desaparecidos no cumplían funciones directas de combate y denunció que habían sido secuestrados. La situación tuvo una novedad el 3 de noviembre, cuando la Policía haitiana comunicó que, durante una operación conjunta con tropas salvadoreñas y miembros de la fuerza internacional, había localizado los restos calcinados del vehículo en Santo. Sin embargo, no encontró a los cuatro militares.
La búsqueda de los militares se extiende a operaciones contra las pandillas
La movilización incluye personal terrestre, vehículos tácticos blindados y apoyo aéreo. El 30 de octubre se observaron patrullajes salvadoreños en Tabarre y en las inmediaciones del aeropuerto internacional Toussaint Louverture, mientras continuaban las tareas de búsqueda. El objetivo inicial declarado por San Salvador fue recuperar con vida a los cuatro aerotécnicos, aunque el operativo también se ha vinculado con acciones contra las organizaciones armadas que controlan sectores de la capital.
El 2 de noviembre, fuerzas salvadoreñas participaron en una operación en la llanura de Cul-de-Sac, al noreste de Puerto Príncipe, donde operan las pandillas Chen Mechan y 400 Mawozo. La Policía haitiana informó que el dispositivo buscaba retirar barricadas, impedir secuestros y recuperar espacios bajo control de los grupos criminales. La intervención reunió a fuerzas policiales haitianas, personal internacional y efectivos de El Salvador.
En paralelo, Bukele amplió el alcance político de sus declaraciones. En un mensaje difundido en criollo haitiano el 4 de noviembre, aseguró que El Salvador estaba dispuesto a ayudar a la población a recuperar los territorios controlados por las pandillas. También sostuvo que sus tropas no actuaban como invasores. El primer ministro Fils-Aimé, por su parte, afirmó el 3 de noviembre que el apoyo salvadoreño forma parte de los esfuerzos de su Gobierno para restablecer la seguridad y crear condiciones para celebrar elecciones.
El despliegue salvadoreño y los límites del mandato de Naciones Unidas
Los cuatro desaparecidos formaban parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), autorizada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas mediante la Resolución 2793, aprobada el 30 de septiembre de 2025. La fuerza sucedió a la anterior misión multinacional encabezada por Kenia y trabaja junto a las autoridades haitianas para enfrentar a las organizaciones criminales. En septiembre de 2026, el Consejo prorrogó su mandato hasta el 31 de marzo de 2027.
El Salvador ya había autorizado en 2024 una participación limitada en la misión internacional, centrada en evacuaciones médicas. Posteriormente, el 29 de septiembre de 2026, su Asamblea Legislativa aprobó prolongar por otros doce meses la participación de efectivos nacionales en la GSF. Sin embargo, los refuerzos enviados después de la desaparición de los cuatro militares plantearon interrogantes sobre su estructura de mando y coordinación con el dispositivo internacional.
El 30 de octubre, el portavoz de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, explicó que la gran mayoría del contingente adicional salvadoreño quedaba fuera del ámbito de actuación de la Oficina de Apoyo de la ONU en Haití (UNSOH), encargada del respaldo logístico y operativo a la GSF. Esa distinción no implica, por sí sola, que la operación sea ilegal, pero limita el alcance de la supervisión y del apoyo que presta esa oficina a las tropas desplegadas.
Desde Puerto Príncipe, Fils-Aimé defendió que la presencia de fuerzas extranjeras está destinada a respaldar a las instituciones haitianas y no a sustituirlas. Mientras tanto, el tamaño de la movilización y las operaciones contra las pandillas han incrementado la atención sobre la protección de civiles y la coordinación entre las distintas fuerzas de seguridad presentes en el país.
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