El Salvador aprobó la Ley General de Minería Metálica el pasado 23 de diciembre de 2024, con lo cual se revocó la prohibición a la minería metálica que regía en el país desde marzo de 2017, siendo el primer país en prohibir la minería de oro. La nueva norma de 35 artículos habilita al Estado a la exploración, explotación, extracción, procesamiento y comercialización, y prohíbe el uso de químicos como el mercurio.
En 2017, el alcance de la prohibición incluía las actividades de exploración, extracción, explotación y procesamiento, así como el uso de químicos tóxicos como el cianuro y el mercurio. Además, se destacó la vulnerabilidad del país centroamericano en garantizar el desarrollo económico y social a través de la minería, al igual que la necesidad de proteger el medio ambiente y los recursos naturales de El Salvador.
Siete años después, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, fundamenta su decisión en los beneficios económicos para el país. Bukele ha indicado desde su cuenta en la red social X que existen 50 millones de onzas de oro ubicadas en el Cinturón de Fuego del Pacífico –zona de alta actividad volcánica y geológica– valoradas en 131.000 millones de dólares, equivalentes al 380% del Producto Interno Bruto (PIB). Además, entre los argumentos presentados por los diputados de Nuevas Ideas, se destaca la presencia en esta área de minerales críticos necesarios para la transición energética.
No obstante, esto ha generado debate en la opinión pública debido a los riesgos para la salud de las personas y el daño ambiental por la contaminación del suelo y las fuentes de agua dulce, problemas que ya habían sido denunciados antes de la prohibición de 2017. Organizaciones ambientales como la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), la Iglesia Católica y la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” se han pronunciado en contra de esta nueva ley de minería.
Disponibilidad del agua
Se advierte que, de restablecerse la extracción de oro, podría ponerse en riesgo la disponibilidad del agua para la población. De acuerdo con el Institute for Policy Studies (IPS), se necesitan entre 6,937 y 18,000 litros de agua por onza de oro producida. Esto ocurre en un país con alta densidad de población como El Salvador, donde cerca de un 70% de los habitantes del Área Metropolitana de San Salvador recibe agua proveniente del río Lempa. Para Luis González, director de la UNES, el peligro a largo plazo radica en que el río Lempa podría recibir desechos tóxicos, poniendo en riesgo la salud, los medios de subsistencia, la biodiversidad y los ecosistemas que dependen del río.
Cianuro, una sustancia conocida por su impacto negativo en El Salvador
La nueva ley no incluye la prohibición del cianuro, un químico comúnmente empleado en la extracción de oro debido a su alta efectividad. Aunque su uso controlado puede ser seguro, la experiencia en la mina San Sebastián, al este de El Salvador, revela un panorama adverso. Sin operar desde la década de los 80, el drenaje y los tóxicos liberados contaminaron el río San Sebastián, donde se detectaron niveles de cianuro nueve veces superiores al límite máximo permitido. En la actualidad, aún se desarrolla la minería artesanal como medio de subsistencia de los pobladores, quienes están expuestos a los efectos de la contaminación del agua que utilizan a diario.
Ambientalistas en riesgo
La decisión de revocar la prohibición de la minería metálica ha movilizado a ambientalistas en disidencia contra el gobierno de Bukele. Uno de los casos más resonantes, que se considera una criminalización de la lucha contra la minería, fue la decisión de un tribunal en noviembre de 2024 de anular el fallo de octubre de 2024 que absolvía a cinco ambientalistas acusados del asesinato de una mujer durante la guerra civil en 1989. Los ambientalistas pertenecían a la Asociación de Desarrollo Económico de El Salvador (ADES), una organización clave en la prohibición de la minería en 2017.
Por último, ¿podrá El Salvador equilibrar el impulso económico con la protección de sus recursos naturales y la salud de sus ciudadanos?
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