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En la geopolítica contemporánea, el acceso a la tecnología nuclear dejó de ser un asunto exclusivamente técnico para convertirse en una herramienta de negociación estratégica. El 22 de julio, Estados Unidos y Arabia Saudí firmaron un acuerdo de cooperación nuclear con “fines pacíficos” conocido como Acuerdo 123. Este es un pacto de 30 años que habilita a Riad a desarrollar energía nuclear civil con asistencia tecnológica estadounidense.
Durante décadas, la política exterior estadounidense en materia nuclear exigió a sus socios renunciar al enriquecimiento de uranio y al reprocesamiento de material nuclear como condición para acceder a su tecnología. Es el llamado “estándar de oro” de la no proliferación, un criterio que Washington mantuvo incluso con aliados cercanos. Este estándar se impuso tras el acuerdo entre Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos, firmado en 2009, mediante el cual renunciaron voluntariamente a desarrollar tecnologías y capacidades de enriquecimiento y reprocesamiento.
El acuerdo con Arabia Saudí se aparta de ese precedente. Riad no renunció explícitamente al enriquecimiento de uranio, y el mecanismo de supervisión acordado opera bilateralmente con Washington, sin someterse al Protocolo Adicional del Organismo Internacional de Energía Atómica.
Sin embargo, el acuerdo no está exento de condiciones. Un día después de la firma, Trump aclaró que el pacto está totalmente condicionado a que Arabia Saudí se adhiera a los Acuerdos de Abraham y normalice relaciones con Israel, una exigencia que no formaba parte del acuerdo original.
Los Acuerdos de Abraham, impulsados durante la primera presidencia de Trump, lograron la normalización diplomática y comercial entre Israel y varios países árabes como Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y Marruecos. La adhesión saudí sería cualitativamente distinta: Arabia Saudí es la sede de los lugares más sagrados del islam, la principal potencia del mundo árabe sunita y un actor con peso simbólico y político que ninguno de los firmantes anteriores tiene. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reconoció que la adhesión de Arabia Saudí a los Acuerdos de Abraham sería un avance histórico para la paz en Oriente Medio.
Sin embargo, esa posibilidad de paz convive con una tensión de fondo que el acuerdo nuclear no hace más que profundizar. Estados Unidos, junto con Israel, mantiene desde hace meses una política de máxima presión sobre Irán, buscando eliminar su programa nuclear tanto civil como militar, limitar sus misiles balísticos y retirar el apoyo a sus milicias aliadas en la región. Este nuevo acuerdo autoriza simultáneamente a Arabia Saudí, el principal rival regional de Irán, a avanzar hacia capacidades nucleares similares bajo supervisión bilateral, lo que puede generar una posible carrera armamentista en Medio Oriente.
La tensión entre Arabia Saudí e Irán no es solo entre dos Estados rivales separados por el Golfo Pérsico: es entre las dos grandes corrientes del islam, el mundo sunita liderado por Riad y el chiita encabezado por Teherán, cuya rivalidad histórica precede en décadas a cualquier acuerdo nuclear. En ese marco, hay que analizar qué señal envía este acuerdo al sistema internacional de no proliferación, o si será un detonante para una posible carrera armamentista en Medio Oriente. El príncipe heredero Mohammed bin Salman fue explícito al respecto: si Irán obtiene una bomba nuclear, Arabia Saudí seguirá el mismo camino.
Más allá de esta rivalidad histórica, el escenario más preocupante no es un ataque nuclear inminente, sino la progresiva normalización de la proliferación como respuesta racional de los Estados ante un entorno de seguridad cada vez más incierto. Si Arabia Saudí avanza hacia capacidades de enriquecimiento, otros actores regionales con ambiciones nucleares latentes o por un dilema de seguridad, difícilmente se querrán quedar atrás. Por ejemplo, Turquía ya expresó en el pasado su interés en desarrollar tecnología nuclear propia. Si en Medio Oriente la disuasión nuclear se convierte en moneda de cambio, quedarse fuera del juego equivaldría a una desventaja estratégica estructural.
Y esa lógica no se limita a Medio Oriente. En distintas regiones del mundo, gobiernos sin armas nucleares han comenzado a debatir abiertamente la necesidad de adquirirlas. Corea del Sur, ante la amenaza permanente de Corea del Norte, avanza en un programa de submarinos de propulsión nuclear con respaldo estadounidense. En Europa, Polonia y Alemania discuten activamente opciones nucleares propias. Lo que el acuerdo con Arabia Saudí introduce en ese contexto es un precedente concreto de que es posible negociar con Estados Unidos condiciones más permisivas que las históricamente exigidas. Para Rusia y China, que compiten por contratos nucleares en todo el mundo, ese precedente es una oportunidad.
Al igual que detrás de muchos acuerdos de Estados Unidos, claramente existen intereses económicos concretos. El pacto abre el mercado nuclear saudí, valuado en decenas de miles de millones de dólares, a empresas estadounidenses como Westinghouse, para que participen en la construcción de reactores e infraestructura nuclear, desplazando a competidores como Rusia y China que venían posicionándose para ese contrato. Para la administración Trump, el acuerdo es simultáneamente una jugada geopolítica y un negocio, ya que consolida la presencia estadounidense en el sector energético del Golfo mientras se condiciona políticamente a Riad. El Congreso tendrá 90 días legislativos para revisarlo y puede bloquearlo mediante una resolución de desaprobación, aunque con mayoría republicana ese escenario parece poco probable.
En última instancia, lo que está en juego, trasciende el acuerdo puntual entre Washington y Riad. El Tratado de No Proliferación Nuclear, vigente desde 1970 y firmado por 191 países, se construyó sobre una premisa central: que la expansión de las armas nucleares aumenta el riesgo de un conflicto catastrófico y que, por lo tanto, los Estados con capacidad nuclear tienen la responsabilidad de no transferir esa capacidad a quienes no la tienen. Ese marco normativo no prohíbe los programas civiles, pero sí supone que las potencias nucleares actúan con coherencia y bajo estándares verificables. Cuando esa coherencia se quiebra, como ocurre al conceder un acuerdo de cooperación nuclear a Arabia Saudí, principal rival regional de Irán, un país con el que Estados Unidos e Israel mantienen un conflicto armado activo, se erosiona la lógica misma que hace posible la disuasión como herramienta de estabilidad.
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