La decisión de Estados Unidos de clasificar al Primeiro Comando da Capital (PCC) y al Comando Vermelho (CV) como organizaciones terroristas abrió un nuevo foco de tensión diplomática con Brasil. La medida, anunciada por el Departamento de Estado y respaldada por el secretario de Estado, Marco Rubio, fue rechazada por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, que cuestionó tanto el contenido de la decisión como sus posibles implicancias en la soberanía brasileña y la cooperación bilateral en materia de seguridad.
En este sentido, la designación se inscribe en la estrategia impulsada por la administración Trump desde su regreso a la Casa Blanca. En los últimos meses, Washington también aplicó esa categoría a organizaciones criminales de otros países latinoamericanos bajo el argumento de que representan amenazas transnacionales vinculadas al narcotráfico, el tráfico de armas y otras actividades ilícitas. La inclusión del PCC y del Comando Vermelho constituye un paso sensible debido a que se trata de las dos principales organizaciones criminales de Brasil, con actividades que trascienden las fronteras nacionales y mantienen vínculos con redes regionales de narcotráfico.
Lula critica la decisión de Washington y apunta contra la oposición brasileña
La reacción de Lula fue inmediata. Durante un acto oficial en el estado de Sergipe, el mandatario sostuvo que Brasil combate desde hace años a ambas organizaciones mediante sus propias instituciones, fuerzas de seguridad y marcos legales. En ese contexto, cuestionó que una potencia extranjera adopte unilateralmente medidas sobre estructuras criminales que forman parte de un problema de seguridad que Brasil considera de su competencia soberana. Además, el presidente también advirtió que la decisión podría generar tensiones sobre los mecanismos de cooperación existentes en materia de seguridad e inteligencia entre ambos países.
Adriano Machado (REUTERS)
Paralelamente, la controversia adquirió dimensión política interna. De este modo, la designación estadounidense fue anunciada poco después de una visita a Washington del senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y una de las principales figuras de la oposición brasileña. Según el propio legislador, durante sus reuniones con Trump y Rubio solicitó expresamente que Estados Unidos avanzara con esa clasificación. Por su parte, Lula cuestionó el hecho de que un dirigente opositor promoviera ante una potencia extranjera medidas vinculadas a asuntos de seguridad considerados de interés nacional.
En consecuencia, el gobierno brasileño difundió un comunicado oficial en el que calificó como “deplorable” cualquier intento de promover medidas unilaterales extranjeras contra Brasil. El texto sostuvo que la decisión podría generar consecuencias en el intercambio entre organismos de seguridad y producir efectos no deseados sobre actores económicos y financieros sin relación con actividades criminales. Adicionalmente, reiteró que la soberanía nacional constituye un principio irrenunciable de la política exterior brasileña y rechazó cualquier forma de intervención externa en asuntos considerados de jurisdicción interna.
El debate de fondo: soberanía y combate al crimen organizado en América Latina
La decisión de Washington se produce en un contexto de preocupación por la evolución de las organizaciones criminales latinoamericanas. Ya que investigaciones de inteligencia y fuerzas de seguridad brasileñas vienen alertando desde hace años sobre la expansión territorial, financiera y tecnológica del PCC y del Comando Vermelho, así como sobre su capacidad para operar redes de narcotráfico, contrabando y lavado de dinero. Para Estados Unidos, estas características justifican un tratamiento similar al aplicado a otras organizaciones criminales transnacionales. Brasil, en cambio, sostiene que el combate contra estas estructuras debe desarrollarse mediante la cooperación internacional, pero respetando las competencias soberanas de cada Estado.
En este escenario, la controversia en torno al PCC y al Comando Vermelho trasciende el ámbito de la seguridad pública y se inserta en el debate sobre soberanía, cooperación internacional y el alcance de las herramientas que Estados Unidos utiliza para enfrentar las amenazas criminales transnacionales en América Latina. Más allá de la disputa puntual, el episodio refleja diferentes puntos de vista entre Washington y Brasil respecto de cómo enfrentar el crimen organizado regional, un desafío que ocupa un lugar cada vez más relevante dentro de la agenda de seguridad.
