Los años de turbulencia institucional no cesan para Perú, que en los ultimos dias volvió a cambiar de jefe de Estado tras la destitución del presidente José Jerí, removido por el Congreso a raíz de acusaciones de tráfico de influencias vinculadas a reuniones no declaradas con el empresario chino Zhihua Yang, en un escándalo mediático conocido como “Chifa-gate”. Jerí negó irregularidades, pero la moción de censura fue aprobada por amplia mayoría legislativa y provocó su salida inmediata del cargo luego de apenas cuatro meses de gestión.
En este contexto y ante la vacancia, el Parlamento designó como presidente interino a José María Balcázar, dirigente del partido Perú Libre y exjuez de 83 años, quien gobernará hasta el 28 de julio, fecha prevista para la asunción del próximo mandatario electo. En su primer mensaje, Balcázar prometió “garantizar al pueblo del Perú una transición democrática y electoral pacífica y transparente”.
En consecuencia, con este episodio se confirma el patrón de inestabilidad institucional persistente. Balcázar se convierte en el octavo presidente peruano desde 2016, reflejando un sistema político marcado por la confrontación entre Ejecutivo y Congreso. La Constitución peruana permite al Parlamento remover al jefe de Estado por “incapacidad moral”, una herramienta que en la práctica facilitó sucesivas destituciones y debilitó la continuidad gubernamental.
Con este panorama, el pais se encamina ahora hacia elecciones generales cuya primera vuelta está prevista para el 12 de abril. La fragmentación partidaria hace improbable que un candidato alcance la mayoría absoluta, por lo que se anticipa un balotaje en junio. Las encuestas ubican entre los principales contendientes a Keiko Fujimori y al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, aunque un elevado porcentaje del electorado permanece indeciso.
Finalmente, la sucesión acelerada de gobiernos evidencia una crisis de gobernabilidad persistente, en la que la fragmentación partidaria, la baja legitimidad institucional y los escándalos de corrupción dificultan la estabilidad del sistema político. Las elecciones previstas para este año serán, en ese sentido, menos un simple recambio presidencial y más una prueba sobre la capacidad del país para reconstruir autoridad política y confianza ciudadana.
