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El Gobierno de Chile oficializó la aprobación de la Política Nacional de Construcción Naval (2025-2040), una hoja de ruta estratégica con objetivos de defensa nacional, desarrollo económico y sostenibilidad ambiental. La iniciativa apunta a convertir a Chile en un actor protagónico de la industria naval regional, robustecer sus capacidades marítimas y transformar esta actividad en un verdadero motor de innovación, empleo y soberanía.
El decreto N.º 1/2025 del Ministerio de Defensa Nacional —publicado en el Diario Oficial del 28 de julio— establece un ambicioso plan de desarrollo para los próximos 15 años, denominado Plan Nacional Continuo de Construcción Naval (PNCCN). Esta política se alinea con la visión del país como una nación marítima, estratégica en el Pacífico Sur, y busca capitalizar tanto sus capacidades tecnológicas como su infraestructura existente, en colaboración con el sector privado, las Fuerzas Armadas y la academia.
Un modelo integral para una industria estratégica
La política aprobada reconoce la importancia de una industria naval moderna y eficiente como eje para el desarrollo sostenible. Se establece que el 80% del comercio mundial se transporta por vía marítima, lo que convierte al sector naval no solo en un pilar económico, sino también en un componente clave de la seguridad nacional.
El texto subraya la necesidad de una alianza público-privada-académica, siguiendo el modelo internacional de “Triple Hélice”, que ya ha demostrado ser exitoso en países como Corea del Sur, Canadá o Francia. A través de esta sinergia, se busca fomentar el desarrollo de capacidades tecnológicas propias, innovación aplicada, formación de talento humano especializado y encadenamientos productivos a nivel nacional.
Objetivos y ejes estratégicos: soberanía, crecimiento y sostenibilidad
El objetivo central del PNCCN es dotar a la Armada de Chile de capacidades navales construidas localmente, mejorando su poder de disuasión y reduciendo la dependencia de proveedores externos, especialmente en un contexto internacional marcado por conflictos geopolíticos y restricciones logísticas.
Entre los ejes estratégicos destacados se encuentran:
- La modernización de los astilleros, con énfasis en Asmar, el constructor naval estatal, y más de 40 empresas privadas del rubro.
- El fortalecimiento de programas de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).
- La integración a cadenas de valor globales mediante alianzas con empresas extranjeras.
- La construcción de buques ecoeficientes con bajas emisiones de carbono, promoviendo una industria naval ambientalmente responsable.
- La promoción de la exportación de buques, sistemas y componentes a mercados internacionales.
Proyección internacional y autonomía estratégica
Chile busca seguir el ejemplo de países que utilizaron la construcción naval como palanca para su industrialización y fortalecimiento geoestratégico. Tal como ocurrió con Canadá en la década de 1980, el país sudamericano busca transformar una capacidad limitada en un vector de desarrollo nacional e internacional.
La iniciativa contempla la producción de buques de diverso tipo: patrulleros, naves científicas, auxiliares, buques para la industria acuícola, e incluso unidades de combate. Esto permitirá a Chile ganar autonomía estratégica, proyectar soberanía en sus aguas jurisdiccionales —incluida la zona antártica— y consolidarse como un socio confiable para la cooperación regional.
Gobernanza, actores clave y futuro del sector
La implementación de la política será gestionada por un Comité para la Construcción Naval (CCN), en el marco del Consejo de la Corporación de Fomento (Corfo). Este órgano deberá articular a los ministerios relevantes, la Armada de Chile, el astillero Asmar, las universidades, y las empresas del sector privado.
Se espera que el PNCCN se convierta en una herramienta estructural para la proyección internacional de Chile, generando empleos de calidad, transferencia tecnológica, y capacidades exportables de alto valor agregado.
La medida fue firmada por el presidente Gabriel Boric, junto a la ministra de Defensa Nacional, Maya Fernández Allende, y el ministro de Economía, Nicolás Grau Veloso. El decreto también fue visado por la Contraloría General de la República, que advirtió que la implementación deberá respetar el marco jurídico vigente y los límites de competencia de cada organismo.
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