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Los 16 grandes arrastreros vinculados con empresas gallegas que operan bajo licencias concedidas por la administración británica en las Islas Malvinas cerraron 2026 con unas 47.000 toneladas de calamar patagónico, aproximadamente la mitad de los volúmenes alcanzados durante los mejores años del caladero. El resultado expone además una fuerte diferencia entre las dos campañas: unas 42.000 toneladas fueron obtenidas durante la primera y apenas 5.000 en la segunda.
El balance anual fue conocido después del regreso de los buques a Vigo, tras una segunda temporada que debió terminar anticipadamente por la baja disponibilidad del recurso. La caída adquiere peso porque ocurre dentro de un esquema de explotación de largo plazo que obliga a las sociedades vinculadas con la flota española a sostener importantes compromisos económicos. Las licencias asociadas a esta pesquería aportan más de 36 millones de libras anuales a la administración británica de las islas y los pagos continúan incluso cuando la actividad debe ser suspendida para proteger el recurso.
La combinación deja a las empresas frente a una ecuación cada vez más exigente: menos capturas, buques nuevos que deben ser amortizados y costos de acceso que no desaparecen cuando la campaña se acorta. Escenario Mundial había informado en agosto que los mismos 16 arrastreros habían terminado la primera campaña de 2026 con más de 42.000 toneladas de calamar. Ese resultado había mostrado una recuperación frente a temporadas anteriores. El cierre anual confirma ahora que aquella mejora no consiguió sostenerse durante el segundo período de pesca.
De 42.000 toneladas a sólo 5.000 en la segunda campaña
La primera temporada comenzó el 22 de febrero y dejó más de 42.000 toneladas para la flota vinculada con capital gallego. El escenario cambió durante la segunda mitad del año. La administración británica suspendió inicialmente durante dos semanas la pesca de calamar después de detectar bajos niveles de biomasa. La evolución del recurso terminó llevando posteriormente al cierre anticipado de la campaña.
Los arrastreros consiguieron capturar apenas unas 5.000 toneladas antes de abandonar la zona. Sumadas ambas temporadas, las capturas quedaron en aproximadamente 47.000 toneladas, cerca de la mitad de las registradas en los mejores ejercicios de esta pesquería. Las empresas vienen señalando factores bioclimáticos entre las posibles explicaciones para la caída y mantienen trabajos con equipos científicos para determinar por qué las segundas campañas muestran dificultades de manera reiterada.
El problema no comenzó en 2026. En 2025, los registros británicos contabilizaron aproximadamente 56.895 toneladas de Doryteuthis gahi durante todo el año, de las cuales alrededor de 37.492 toneladas correspondieron a la primera temporada. La debilidad de las segundas campañas empieza así a convertirse en un problema económico para una flota que durante los últimos años realizó inversiones importantes para renovar sus buques. Algunas compañías destinaron decenas de millones de euros a nuevos arrastreros congeladores, respaldadas precisamente por la previsibilidad que ofrecen los derechos pesqueros de largo plazo.
Licencias hasta 2047 y más de £36 millones al año
El actual modelo fue consolidado mediante el sistema de derechos de pesca a largo plazo adoptado en 2022. Las sociedades que participan de la explotación del calamar obtuvieron licencias que pueden extenderse durante 25 años, hasta 2047, una condición que permitió justificar inversiones en embarcaciones construidas específicamente para operar en las aguas que rodean Malvinas.
Escenario Mundial reconstruyó cómo ese régimen articula empresas de las islas con grupos españoles, astilleros gallegos y redes de distribución en Europa. Pero la previsibilidad también creó una exposición financiera de largo plazo. Según los datos difundidos por medios gallegos, las licencias vinculadas con esta pesquería generan más de 36 millones de libras por año para la administración británica y los compromisos no desaparecen automáticamente cuando la temporada debe cerrarse antes de tiempo.
Para las compañías, eso significa sostener el costo de acceso al recurso incluso en una campaña como la de 2026, donde el segundo período produjo apenas una fracción de las capturas obtenidas durante el primero. Para la administración británica, en cambio, el sistema pesquero continúa siendo una de sus principales fuentes de ingresos.
Desde la posición argentina, estas licencias son concedidas de manera unilateral por Reino Unido sobre recursos naturales ubicados en espacios cuya soberanía forma parte de la disputa reconocida por Naciones Unidas. Buenos Aires rechaza que esas actividades puedan ser autorizadas sin consentimiento argentino.
Ese frente adquirió además una nueva dimensión durante los últimos meses. El Gobierno argentino comenzó a estudiar la extensión hacia la pesca del régimen de sanciones aplicado a empresas que participan de la explotación no autorizada de recursos en Malvinas. El cierre de la campaña 2026 agrega ahora un problema estrictamente productivo sobre ese escenario político y jurídico: 16 buques terminaron el año con 47.000 toneladas, mientras el esquema de licencias mantiene compromisos superiores a 36 millones de libras anuales y la segunda temporada produjo sólo 5.000 toneladas.
La próxima campaña comenzará previsiblemente a principios de 2027 y será la primera prueba para determinar si la caída de las segundas temporadas fue transitoria o si la flota enfrenta un deterioro más persistente en la disponibilidad del recurso. Argentina mantiene su reclamo irrenunciable de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes, mientras Reino Unido mantiene la administración y el control efectivo del archipiélago.
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