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El Gobierno argentino evalúa extender a la actividad pesquera el nuevo esquema de sanciones que prepara por la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas, mientras un documento oficial coloca bajo análisis a grandes accionistas, gestores de inversiones e intermediarios financieros vinculados con compañías que operan en el archipiélago. La combinación abre dos frentes que exceden al proyecto petrolero Sea Lion y podrían ampliar considerablemente el universo empresarial alcanzado por la nueva política argentina.
Entre los actores incluidos en un documento gubernamental revisado por Reuters aparecen firmas como Vanguard, First Eagle Investment Management, Canaccord Genuity, Interactive Investor —propiedad de Aberdeen— y Hargreaves Lansdown, dentro de una estructura que ya no alcanza solamente a las empresas titulares de licencias o a sus proveedores directos. El esquema busca identificar también accionistas, inversores y otros participantes de las cadenas corporativas vinculadas con actividades que Argentina considera realizadas sin su autorización.
El segundo movimiento puede resultar todavía más significativo. Una fuente parlamentaria involucrada en la preparación del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional confirmó que el Gobierno analiza incorporar a la pesca entre las actividades alcanzadas por el endurecimiento del régimen. De concretarse, la estrategia dejaría de estar concentrada principalmente en los hidrocarburos y avanzaría sobre uno de los principales pilares económicos de las islas.
La ampliación todavía no está aprobada. El proyecto definitivo debe llegar al Congreso y continúa en elaboración, por lo que falta conocer cuál será exactamente el alcance de las sanciones, qué vínculos societarios serán suficientes para quedar alcanzado y cómo se articulará el nuevo régimen con la legislación vigente.
De petroleras y proveedores a accionistas e intermediarios financieros
La arquitectura que Argentina comenzó a desplegar durante septiembre ya había dejado de limitarse a Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, las dos empresas que desarrollan Sea Lion. El 4 de septiembre, el Gobierno abrió procedimientos sancionatorios contra 45 personas humanas y jurídicas y anunció que investigaría expresamente a accionistas y empresas prestadoras de servicios. Cuatro días después sumó otros 15 sujetos, llevando el total informado oficialmente a 60.
Como reconstruyó Escenario Mundial al analizar los primeros 45 expedientes, la lista ya alcanzaba estructuras societarias relacionadas no sólo con Navitas y Rockhopper sino también con otras compañías que mantienen licencias otorgadas por la administración británica de las islas.
La documentación examinada ahora por Reuters permite dimensionar esa segunda capa. Vanguard y First Eagle aparecen por sus posiciones vinculadas con Noble Corporation; Canaccord por inversiones relacionadas con Eco Oil & Gas; mientras Interactive Investor y Hargreaves Lansdown aparecen dentro de la estructura accionaria asociada con Borders & Southern.
Eso no significa que esas compañías hayan sido sancionadas definitivamente ni que participen directamente de Sea Lion. El punto es otro: el criterio argentino está comenzando a recorrer la cadena de propiedad y financiamiento hacia actores cada vez más alejados de la operación petrolera propiamente dicha.
La Ley 26.659 vigente está dirigida principalmente a actividades hidrocarburíferas realizadas sin autorización argentina en la Plataforma Continental. Milei anunció que el proyecto que enviará al Congreso endurecerá las penas, equiparará las consecuencias para determinados proveedores y extenderá el régimen hacia otras actividades que afecten los recursos naturales.
La pesca puede abrir un frente económico mucho mayor
Es precisamente en esa última definición donde aparece la pesca. El Gobierno ya había dejado abierta públicamente la posibilidad de ampliar el sistema más allá de los hidrocarburos. Ahora distintas fuentes vinculadas con la preparación del proyecto confirman que la actividad pesquera se encuentra específicamente bajo evaluación.
Su eventual incorporación tendría consecuencias distintas de las sanciones vinculadas con Sea Lion. El petróleo es el gran proyecto económico nuevo de las islas y podría transformar sus ingresos durante las próximas décadas, pero la pesca constituye desde hace años uno de los soportes fundamentales de su economía.
También posee una cadena empresarial mucho más extendida internacionalmente. Escenario Mundial reconstruyó en agosto el funcionamiento de la industria del calamar en Malvinas: durante la primera campaña de 2026, 16 grandes arrastreros vinculados con capitales gallegos capturaron más de 42.000 toneladas de calamar patagónico, dentro de una estructura integrada por sociedades registradas en las islas y empresas españolas que operan con derechos pesqueros de largo plazo.
Ese entramado convierte a España, y especialmente a Galicia y Vigo, en uno de los puntos que habrá que observar si el Gobierno finalmente incorpora la pesca al proyecto. No se trataría simplemente de identificar embarcaciones que operan con licencias otorgadas por la administración británica. Una aplicación amplia del criterio que Argentina está desarrollando para los hidrocarburos podría obligar a analizar sociedades mixtas, accionistas, comercializadoras, operadores logísticos y empresas con intereses simultáneos en otros mercados. El texto definitivo de la ley será determinante para saber hasta dónde pretende avanzar el Ejecutivo.
Fugro sale a despegarse públicamente de Sea Lion
La ampliación del régimen comienza además a generar una consecuencia empresarial observable: compañías internacionales están revisando públicamente su exposición al esquema argentino. La firma neerlandesa de servicios geotécnicos y geoespaciales Fugro difundió el 11 de septiembre un comunicado para negar que haya participado en actividades hidrocarburíferas vinculadas con Sea Lion. La empresa aseguró que los trabajos que realizó en la zona estuvieron limitados a un estudio del lecho marino para un proyecto de cable submarino de telecomunicaciones y que no tuvieron relación con prospección, exploración o producción de petróleo y gas.
Fugro fue más allá: afirmó expresamente que no participa ni participará en Sea Lion ni en otros proyectos hidrocarburíferos en la zona, y señaló que ya informó esa posición a la Cancillería argentina y a la Embajada argentina en Países Bajos. La aclaración es relevante porque muestra otro efecto posible de la estrategia. El Gobierno no necesita necesariamente sancionar a cada compañía para generar consecuencias: para empresas internacionales con negocios en múltiples jurisdicciones, la posibilidad de quedar incorporadas a un expediente argentino puede convertirse por sí misma en un riesgo regulatorio y reputacional.
Algo similar comenzó a observarse con grandes compañías de servicios petroleros. SLB, Halliburton y Baker Hughes indicaron durante los últimos días que no participarán de actividades en las islas, un dato particularmente sensible para Sea Lion por la necesidad de contratar proveedores con experiencia técnica en desarrollos offshore.
El próximo salto depende del Congreso
Por ahora, la mayor parte de las medidas efectivamente iniciadas por Argentina continúa vinculada con los hidrocarburos. El Gobierno abrió procedimientos contra 60 sujetos, presentó denuncias penales y aceleró mediante el Decreto 868/2026 los mecanismos previstos por la Ley 26.659. El salto hacia la pesca todavía pertenece a la etapa de elaboración legislativa.
Pero el rumbo anunciado es más amplio. En su cadena nacional del 3 de septiembre, Milei anticipó que la nueva Ley de Defensa de la Soberanía extendería el régimen sancionatorio a otras actividades desarrolladas en las islas que afecten recursos naturales argentinos. La pesca aparece ahora como el primer sector concreto que el Gobierno estudia incorporar.
Si esa redacción llega finalmente al Congreso, la ofensiva económica por Malvinas dejará de poder leerse únicamente alrededor de Sea Lion. El mapa pasaría a incluir petróleo, proveedores, accionistas, intermediarios financieros y una industria pesquera internacionalizada que conecta a las islas con empresas europeas. El dato a seguir será, por lo tanto, la letra del proyecto. Allí se definirá si el esquema que comenzó buscando elevar el costo de participar del desarrollo petrolero termina convirtiéndose en un régimen mucho más amplio para perseguir económicamente actividades que Argentina considera vinculadas con la explotación no autorizada de los recursos naturales de Malvinas.
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