El canciller Julio César Arriola afirmó que si Argentina continúa con sus acciones contra la libre navegación, se recurrirá a un arbitraje internacional en última instancia. Sin embargo, destacó que el próximo reclamo será presentado a nivel regional. Esta declaración fue realizada tras una reunión con Rubén Ramírez Lezcano, su sucesor en el cargo, parlamentarios y representantes de gremios.
La República del Paraguay, junto con otros países vecinos y miembros del Mercosur y Bolivia, se ha unido en su reclamo contra Argentina debido al injustificado peaje fluvial establecido en la hidrovía. El canciller nacional, Julio César Arriola, dejó en claro que se agotarán todas las instancias jurídicas y políticas para revertir esta actitud arbitraria.
El siguiente paso será la reunión del Comité Intergubernamental de la Hidrovía, una instancia más política, y si no se llega a un acuerdo allí, se recurrirá al arbitraje, que constituye la siguiente medida en este asunto. Asimismo, existe la posibilidad de llevar el caso a la Organización Mundial de Comercio (OMC) u otros foros internacionales.
Raúl Valdez, titular del Centro de Armadores Fluviales del Paraguay, reafirmó que el cobro de peaje por parte de Argentina va en contra de acuerdos de libre navegación y representa un precedente negativo para la navegación en la región.
La retención de dos buques remolcadores por parte de la Justicia argentina la semana pasada, debido a la falta de pago de la tasa impuesta por el Gobierno en sus aguas jurisdiccionales en el río Paraná, ha sido considerada una medida grave que afecta el derecho nacional paraguayo.
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, anunció que la Cámara Baja emitirá un pronunciamiento rechazando la retención del buque de bandera paraguaya y la exigencia de un arancel, que consideran ilegal.
Por su parte, la Cámara de Senadores tratará un proyecto de declaración que recuerda a Argentina la vigencia plena del acuerdo de “Santa Cruz de la Sierra” sobre transporte fluvial por la Hidrovía Paraguay-Paraná y requiere la suspensión inmediata del cobro de peaje fluvial por transgredir normas de orden jurídico internacional.
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