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Por Lucas Mercado Gutiérrez (Politólogos Al Whisky) – 13/11/2020
Mientras en Moscú, en Beijing, en Berlín y en Brasilia, se debatían el futuro de la relación con los Estados Unidos y el reconocimiento, o no, de la victoria de Joe Biden en las últimas elecciones presidenciales, en Ginebra el debate giraba en torno a otro aspecto de la política interna estadounidense: los derechos humanos.
Este lunes último se llevó a cabo la revisión periódica universal (UPR por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, en el marco del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Este es un mecanismo que implica la revisión de la situación de los derechos humanos en cada Estado miembro de las Naciones Unidas, cada cinco años. Para ello, cada año se analiza la situación en 42 países, dividido en tres sesiones de 14 países cada una. El objetivo es promover una mejora respecto al estado de los derechos humanos de cada Estado miembro. Esta es la tercera revisión que se le hace a Washington, luego de las dos últimas en 2015 y en 2010.
Los tres principales temas planteados al Consejo por la ONG The Advocates for Human Rights fueron la explotación laboral, la cuestión del asilo (pensando en la separación de las familias migrantes), y la pena de muerte. Sin embargo, a raíz del malestar social, expresado en masivas protestas no solo en Estados Unidos sino en el mundo, a partir del asesinato de George Floyd, es que la necesidad de reformar un sistema atravesado por el racismo y la impunidad ocupó gran parte de la agenda de esta revisión. En tanto esta implica la presentación de recomendaciones que otros Estados le hacen al país en cuestión, fueron 120 países los que se alistaron para hacer sus recomendaciones a los Estados Unidos en cuanto a cómo proteger y respetar los derechos humanos.
La polémica fue también por algunos miembros que, teniendo un más que dudoso registro respecto a la protección de derechos humanos, han tomado la palabra para hacer sugerencias a Washington. Las constantes condenas a Israel y la “hipocresía” por cuanto estos Estados podían ocupar un asiento en el Consejo, llevaron a que la administración Trump, representada por la embajadora Nikki Haley en ese momento, decidiera en el 2018 abandonar el organismo. Sin embargo, esto no le impide a los Estados Unidos participar de estas revisiones y, de hecho, sigue en línea con lo pronunciado tras dejar de ser miembro, cuando se anunciaba que ello no implicaba una falta de compromiso de los Estados Unidos con los derechos humanos. Para esta ocasión, el gobierno estadounidense envió una delegación a Ginebra encabezada por el subsecretario de Estado para la democracia, derechos humanos y trabajo, Robert Dresto.
Así fue como en la sesión de este lunes intervinieron países como China, quien sugirió terminar con el racismo, abordar la cuestión de la brutalidad policial y combatir la discriminación contra afroestadounidenses y asiático-estadounidenses. Corea del Norte se expresó a favor de terminar con estas mismas cuestiones de discriminación, asesinatos y torturas. Pakistán expresó preocupación por los incidentes causados por la discriminación, xenofobia, discursos de odio e intolerancia religiosa. Y también Arabia Saudita sugirió reformas en torno a la discriminación, el racismo y el odio. Países cuya protección de los derechos humanos son sumamente cuestionados y cuyos estándares en esta materia son claramente bajos a nivel internacional.
Pero no fueron los únicos. Países tradicionalmente aliados de Washington también dieron a conocer sus recomendaciones, e incluyeron además de la discriminación y las desigualdades por cuestiones raciales, un pedido a Estados Unidos para ratificar varios tratados pendientes en materia de derechos humanos y la abolición de la pena de muerte. En tanto Alemania instó a que el país vuelva a unirse al Consejo y a dejar de lado las sanciones impuestas a la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, quien investiga posibles crímenes de guerra cometidos por las fuerzas estadounidenses en Afganistán.
Ahora bien, no es la primera vez en el año que la cuestión de los derechos humanos en los Estados Unidos se pone bajo la lupa en el Consejo. En junio pasado los 54 países de África, liderados por Burkina Faso, lograron abrir la discusión en torno al racismo sistémico, la brutalidad policial y la violencia frente a protestas pacíficas en los Estados Unidos, que afectaron fundamentalmente a la comunidad afrodescendiente.
Así como el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y su funcionalidad son cuestionados por los polémicos miembros que ocupan las bancas, también hay quienes defienden esta instancia como forma de dejar en evidencia ante la comunidad internacional los atropellos de derechos humanos por parte de algunos Estados, abren la participación a organizaciones de la sociedad civil y comprometen a sus miembros al cumplimiento de las recomendaciones que los Estados deciden aceptar.
El gobierno estadounidense tendrá hasta marzo para decidir qué recomendaciones tomará, para comprometerse a cumplirlas en el plazo de cinco años, hasta la próxima revisión. Es por ello que algunos miran con esperanza la elección de la fórmula Biden-Harris, en tanto esperan un mayor compromiso con las instituciones del sistema multilateral, que incluya la reincorporación de los Estados Unidos al Consejo.
