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El gobierno venezolano ha instruido el cese de operaciones de la oficina local de derechos humanos de las Naciones Unidas, otorgándole a su personal un plazo de 72 horas para abandonar el país. La medida, anunciada por el Ministro de Asuntos Exteriores, Yván Gil, acusa a la oficina de colaborar con golpistas y grupos terroristas, generando tensiones y preocupaciones sobre posibles violaciones a los derechos humanos en un año electoral.
La oficina, establecida en 2019 para asesorar técnicamente sobre derechos humanos, ha sido objeto de críticas por parte del gobierno venezolano. Gil argumenta que en lugar de mejorar los derechos humanos, la oficina se ha convertido en un altavoz internacional contra el gobierno bolivariano.
Ravina Shamdasani, portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, lamentó la decisión y expresó que están evaluando los próximos pasos. La ONU ha mantenido su compromiso de promover y proteger los derechos humanos en Venezuela.
La detención de la abogada de derechos humanos Rocío San Miguel, la semana pasada, desencadenó una serie de acontecimientos. Venezuela acusa a la oficina de la ONU de interferir en sus asuntos internos al expresar preocupaciones sobre el arresto de San Miguel, quien enfrenta graves cargos de traición, conspiración y terrorismo.
El gobierno venezolano, liderado por Nicolás Maduro, había cooperado con el alto comisionado en 2019 para mostrar avances en derechos humanos. Sin embargo, la relación se volvió tensa después de que la alta comisionada, Michelle Bachelet, denunciara abusos generalizados en un informe.
La reciente acción gubernamental ha desatado preocupación a nivel internacional. Organizaciones de derechos humanos, gobiernos regionales como Argentina, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Uruguay, junto con la Unión Europea y los Estados Unidos, han condenado la decisión y exigido el respeto a los derechos humanos y el restablecimiento de la oficina de la ONU.
La suspensión de actividades de la oficina de la ONU en Venezuela plantea serias dudas sobre la situación de los derechos humanos en el país y la voluntad del gobierno de Maduro de colaborar con instancias internacionales para abordar estas preocupaciones.
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