La audiencia pública convocada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) para evaluar la imposición de un arancel del 25% sobre determinadas exportaciones brasileñas se convirtió en mucho más que un procedimiento administrativo. La instancia, celebrada en Washington entre ayer martes (6) y hoy miércoles (7), expuso las diferencias entre la Casa Blanca y el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, pero también dejó en evidencia que importantes empresas y asociaciones empresariales de Brasil y Estados Unidos coincidieron en pedir que no avance una nueva escalada comercial entre las dos mayores economías del continente.
Más de cuarenta entidades se registraron para participar de las audiencias, entre ellas la Confederación Nacional de la Industria (CNI), la Confederación Nacional de Agricultura y Ganadería (CNA), el Consejo Brasileño de Exportadores de Café (Cecafé) y Embraer. La presencia de organizaciones de ambos países refleja que el eventual incremento arancelario no solo tendría consecuencias para Brasil, sino también para compañías estadounidenses integradas en las mismas cadenas de valor, especialmente en sectores como la aviación, la agroindustria, los alimentos y los servicios tecnológicos.
La investigación impulsada por la USTR se desarrolla bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, el mismo instrumento jurídico utilizado por la administración Trump durante la guerra comercial contra China. En esta oportunidad, Washington examina seis áreas específicas: comercio digital, servicios de pago electrónico, aranceles preferenciales, propiedad intelectual, acceso al mercado del etanol y combate a la deforestación ilegal.
Pix, uno de los aspectos más sensibles de la disputa comercial
La respuesta del gobierno brasileño fue rechazar de manera categórica las conclusiones preliminares de la USTR. En una nota diplomática enviada al organismo estadounidense, el Ministerio de Relaciones Exteriores sostuvo que Washington no logró demostrar el vínculo jurídico entre las políticas brasileñas cuestionadas y un perjuicio concreto para el comercio estadounidense. Según Brasil, la investigación confunde diferencias políticas con supuestas prácticas comerciales desleales y pretende utilizar la legislación estadounidense para cuestionar decisiones soberanas adoptadas por otro Estado.
Uno de los aspectos más sensibles de la controversia gira en torno a Pix, el sistema de pagos instantáneos desarrollado por el Banco Central de Brasil, que revolucionó el mercado financiero del país desde su lanzamiento en 2020. Diversos documentos presentados ante la USTR sostienen que el crecimiento de Pix redujo la participación de operadores tradicionales de tarjetas de crédito, entre ellos Visa y Mastercard. Sin embargo, analistas destacan que el éxito del sistema brasileño responde principalmente a su eficiencia, bajos costos y rápida adopción por consumidores y comercios, convirtiéndose en un caso de estudio para bancos centrales de Europa, Asia y América Latina.
El mundo empresarial de Estados Unidos y Brasil busca evitar una guerra comercial
Lo interesante es que la disputa adquiere una dimensión mayor si se observa la evolución reciente de la política comercial estadounidense. Desde hace varios años, la Sección 301 dejó de utilizarse exclusivamente para cuestionar barreras arancelarias y comenzó a emplearse para presionar sobre regulaciones digitales, propiedad intelectual, subsidios industriales y políticas tecnológicas de terceros países. En ese sentido, Brasil se suma a una lista de socios comerciales que enfrentan las presiones estadounidenses en áreas consideradas estratégicas para la competitividad futura de la economía norteamericana.
Para las empresas de ambos países, sin embargo, la prioridad parece ser otra. Numerosas asociaciones empresariales advirtieron que la imposición de un arancel del 25% afectaría cadenas de suministro altamente integradas, reduciría la competitividad de industrias exportadoras y encarecería insumos para fabricantes estadounidenses. Esa coincidencia entre el sector privado brasileño y estadounidense constituye uno de los aspectos más relevantes de la audiencia, ya que mientras la disputa política se intensifica, el mundo empresarial intenta evitar que el conflicto derive en una nueva guerra comercial con consecuencias económicas para ambos lados del continente.
Bolsonaro teme por el fortalecimiento de Lula da Silva y pide ayuda a Trump
En ese contexto irrumpió el senador y precandidato presidencial Flávio Bolsonaro, quien presentó un escrito solicitando a la administración de Donald Trump que suspenda la aplicación del arancel y abra una negociación bilateral. Su argumento se basa en que una sanción comercial inmediata, terminaría fortaleciendo electoralmente a Lula en lugar de debilitarlo. Bolsonaro incluso propuso que cualquier decisión sea postergada hasta después de las elecciones presidenciales previstas para octubre.
La reacción del presidente Lula fue inmediata y elevó el tono del enfrentamiento. A través de sus redes sociales, acusó a la familia Bolsonaro de actuar en favor de intereses extranjeros y sostuvo que el origen del conflicto comercial radica precisamente en las gestiones realizadas por dirigentes opositores ante Washington. El mandatario también vinculó la controversia con la defensa de Pix, al afirmar que Brasil no renunciará a un sistema que considera un activo estratégico para su soberanía financiera y tecnológica.
“Lo más absurdo es saber que la causa raíz de todo esto fue la propia familia Bolsonaro, que defendió públicamente incrementos arancelarios contra los productos brasileños”, agregó el líder del Partido de los Trabajadores. “Por si fuera poco, quieren entregar el Pix a intereses extranjeros. No lo lograrán. El Pix es un logro brasileño y no renunciaremos a él. Nuestra patria no está en venta. Nuestra soberanía es innegociable. Brasil pertenece a los brasileños”, sentenció Lula.
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