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El proyecto petrolero Sea Lion volvió a moverse, y no precisamente en una escala menor. Rockhopper Exploration informó una actualización del desarrollo operado por Navitas Petroleum en la Cuenca Malvinas Norte, donde ambas compañías buscan avanzar con la explotación de hidrocarburos en aguas próximas a las Islas Malvinas, sin autorización de la autoridad competente argentina y en un área atravesada por la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido.
Según la actualización difundida por Rockhopper, las dos primeras fases de Sea Lion utilizarán el buque de producción, almacenamiento y descarga Aoka Mizu, con una capacidad estimada de 55.000 barriles de petróleo por día. De ese total, 19.250 barriles diarios corresponderían netos a Rockhopper, que mantiene una participación del 35% en el proyecto, mientras Navitas conserva el 65% y opera el desarrollo.
Pero el dato más fuerte es que Navitas ya no mira solo la primera etapa. La operadora firmó un memorándum de entendimiento para un segundo FPSO, que podría sumar otros 125.000 barriles diarios de capacidad de producción, de los cuales 43.750 barriles diarios serían netos para Rockhopper. Es decir: mientras la Argentina objeta la legalidad del proyecto, las compañías ya discuten cómo escalarlo. La propia Rockhopper aclara que no existe garantía de que ese memorándum se transforme en acuerdos legalmente vinculantes.
La guerra con Irán también se metió de lleno en la cuenta petrolera de Malvinas. Navitas informó que, por la situación de seguridad derivada del conflicto, decidió cambiar el lugar de las mejoras del Aoka Mizu: los trabajos ya no se realizarán en Medio Oriente, sino en Asia. El movimiento agrega alrededor de 45 millones de dólares al presupuesto actual de desarrollo. Para Rockhopper, por el esquema de financiamiento acordado con Navitas, el aumento neto de sus costos de capital sería de 5,25 millones de dólares, y la empresa sostiene que sigue financiada para la Fase 1.
El calendario, por ahora, sigue siendo agresivo. Los trabajos de desarrollo en las islas ya comenzaron, con foco inicial en la preparación del muelle y la base en tierra. Más adelante durante 2026, las compañías prevén avanzar con alojamiento para trabajadores e infraestructura adicional de cara al inicio de la campaña de perforación. La fabricación de equipos de largo plazo para la Fase 1 también continúa en marcha.
El propietario del Aoka Mizu informó a comienzos de mayo que la producción con su operador actual ya había concluido y que las tareas de desconexión terminarían hacia fines de mes. Luego, el buque debería navegar hacia un astillero para ser adaptado a los requerimientos de Sea Lion. El plan mantiene el inicio de perforación y completación de pozos para comienzos de 2027, mientras la primera producción de petróleo sigue prevista para el primer semestre de 2028.
El discurso empresarial intenta mostrar normalidad: proyecto “en marcha”, cronograma sostenido, infraestructura avanzando y hasta una posible expansión. Pero el trasfondo político es mucho menos prolijo. En diciembre de 2025, la Cancillería argentina rechazó de forma expresa la llamada “Decisión Final de Inversión” anunciada por Rockhopper y Navitas para el desarrollo del yacimiento Sea Lion, al considerar que se trata de licenciatarias ilegítimas que avanzan sin autorización argentina en la Cuenca Malvinas Norte.
La posición argentina no es nueva. Rockhopper fue declarada clandestina y sus actividades ilegales mediante la Resolución de la Secretaría de Energía N° 133/2012, y luego fue inhabilitada para operar en la Argentina por 20 años a través de la Resolución S.E. N° 456/2013. Navitas Petroleum también fue alcanzada por sanciones similares, según recordó la Cancillería en su comunicado de rechazo al avance del proyecto.
Ahí está el punto central: mientras las compañías hablan de FPSO, barriles diarios y cronogramas, la Argentina habla de soberanía, permisos inexistentes y actividad ilegal. Sea Lion no es un desarrollo offshore cualquiera: es un proyecto montado sobre una disputa territorial abierta, con empresas que buscan transformar un hecho económico en una realidad política. Primero producir, después naturalizar. Primero instalar infraestructura, después venderlo como irreversible.
El propio gobierno isleño había celebrado previamente los avances del proyecto y aprobado cuestiones vinculadas a tratamiento fiscal, valoración del petróleo, garantías para inversores y acceso a tierras necesarias para Sea Lion. Ese acompañamiento muestra que el desarrollo no es solo petrolero: también apunta a darle a la administración británica en las islas una base económica nueva, con ingresos fiscales, infraestructura y mayor autonomía financiera.
La apuesta es evidente. Si Sea Lion llega a producir en 2028, Londres y las autoridades isleñas podrán exhibir el primer desarrollo petrolero offshore de escala en el área de Malvinas. Para la Argentina, en cambio, eso implicaría un nuevo frente de presión sobre recursos naturales en una zona bajo disputa de soberanía reconocida por Naciones Unidas.
El avance de Navitas y Rockhopper, además, se da en un contexto internacional bastante cómodo para las compañías: hablan en lenguaje de mercado, financiamiento, buques de producción y expansión, mientras intentan dejar en segundo plano el hecho básico de que la Argentina rechaza el proyecto y considera ilegítimas las licencias otorgadas por la administración británica en las islas.
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