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La Justicia Federal de Río Grande, Argentina, reconoció su competencia para intervenir en una demanda contra compañías vinculadas con la explotación pesquera en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. La presentación reclama una reparación de hasta US$ 26.465 millones por capturas realizadas entre 1989 y 2025 y solicita que se frenen las operaciones denunciadas. Sin embargo, la magistrada dispuso que el expediente tramite por un proceso ordinario y todavía no resolvió el pedido de medida cautelar.
En este sentido, la jueza federal de Río Grande, Mariel E. Borruto, reconoció la legitimación de los demandantes para impulsar la acción judicial contra una red de empresas pesqueras que operan en el Atlántico Sur con licencias otorgadas por las autoridades británicas de las islas. El planteo sostiene que esas compañías explotan recursos sin autorización de la autoridad argentina y al margen de las normas nacionales de conservación pesquera y ambiental.
La resolución representa un primer avance procesal para la denuncia, aunque no implica que la Justicia haya determinado la responsabilidad de las firmas ni que haya declarado ilegales sus operaciones. Borruto consideró que la complejidad de los hechos requiere un proceso ordinario, en lugar de la vía de amparo solicitada inicialmente.
Del mismo modo, la magistrada entendió que el caso involucra la protección de un ecosistema marino que excede los límites de las áreas donde operan los buques. Las especies capturadas en aguas próximas a Malvinas también habitan o se desplazan por la Zona Económica Exclusiva Argentina y forman parte de una misma cadena alimentaria, según los argumentos incorporados a la presentación.
Argentina impone una demanda de hasta US$ 26.465 millones por la pesca en Malvinas
La denuncia fue impulsada por César Lerena, especialista en política pesquera y presidente del Centro de Estudios para la Pesca Latinoamericana, con el patrocinio del abogado constitucionalista Eduardo Barcesat. El reclamo económico oscila entre los US$ 12.351 millones y los US$ 26.465 millones, de acuerdo con los criterios utilizados para calcular el valor de las capturas registradas entre 1989 y 2025.
El planteo apunta principalmente contra compañías españolas, sociedades mixtas vinculadas con capitales isleños y empresas argentinas presuntamente relacionadas con las operaciones. Además, incluye a otros actores de la cadena comercial y logística, como bancos, astilleros, aseguradoras y proveedores de servicios que, según la denuncia, habrían participado o facilitado el funcionamiento de la actividad.
Los demandantes sostienen que la explotación de los recursos pesqueros se desarrolla sin autorización argentina desde hace décadas y que sus consecuencias no se limitan al valor comercial de las capturas. Por ese motivo, solicitan que la Justicia ordene el cese de las operaciones de las compañías involucradas y las condene a reparar los perjuicios ambientales, económicos y sociales denunciados.
Para fundamentar la acción, la presentación invoca el artículo 41 de la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente 25.675 y la Ley Federal de Pesca 24.922. También incorpora la resolución 31/49 de las Naciones Unidas, estadísticas e informes técnicos, entre ellos documentación del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP).
Otro de los puntos cuestionados son las licencias pesqueras otorgadas por las autoridades británicas de las islas, incluidas renovaciones por períodos de hasta 25 años. La demanda también pone bajo análisis determinados esquemas societarios con participación mayoritaria de capitales vinculados con las islas.
El dictamen fiscal y el impacto ambiental sobre el Atlántico Sur
Antes de la resolución de la jueza, el fiscal federal de Río Grande, Marcelo Rapoport, había dictaminado a favor de admitir la demanda y recomendado hacer lugar a la medida cautelar para frenar las actividades de las flotas denunciadas en aguas de Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
Entre sus argumentos, el fiscal advirtió que la explotación pesquera denunciada provocaría un daño ambiental “profundo, sistémico y, en muchos casos, irreversible”. Su dictamen sostiene que las consecuencias de las capturas pueden extenderse más allá de las zonas específicas donde operan los buques, debido a la conexión ecológica entre las distintas áreas del Atlántico Sur.
La presentación pone especial atención en que las especies capturadas en las aguas próximas a las islas también forman parte del ecosistema de la Zona Económica Exclusiva Argentina. La movilidad de los recursos marinos y la existencia de una cadena alimentaria compartida constituyen, para los demandantes, argumentos centrales para sostener que la actividad tiene efectos que exceden el área de operación de las flotas.
Entre las especies que concentran la actividad pesquera en la región se encuentran el calamar Loligo o patagónico y el calamar Illex. Según informó el portal Agenda Malvinas, la segunda temporada de pesca en las islas colapsó en agosto, luego de que los muestreos científicos registraran niveles críticos de biomasa comercializable.
¿Qué falta resolver en la causa?
Esta decisión de Borruto habilita la continuidad del proceso judicial, pero todavía quedan pendientes dos cuestiones centrales: el análisis de fondo de la denuncia y el pedido cautelar para suspender las operaciones de las empresas demandadas.
La jueza dispuso que se incorporen los informes requeridos antes de resolver sobre la medida solicitada. Por lo tanto, la recomendación del fiscal para frenar la actividad no equivale a una orden judicial de suspensión.
El expediente abre ahora una instancia judicial para discutir las consecuencias ambientales y económicas de la explotación pesquera en las aguas próximas a las islas y su relación con los recursos de la Zona Económica Exclusiva Argentina. El alcance de una eventual intervención sobre las compañías dependerá de las pruebas que se incorporen y de las decisiones que adopte la Justicia en las próximas etapas.
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