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El Reino Unido respondió al discurso de Javier Milei ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y calificó como “totalmente inaceptable” la estrategia argentina destinada a impedir que empresas participen de actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas y sus espacios marítimos circundantes.
La declaración británica fue difundida por su misión ante Naciones Unidas después de que Milei utilizara buena parte de su intervención del miércoles para cuestionar el avance del proyecto petrolero Sea Lion, defender las sanciones aplicadas por Argentina y advertir que el Gobierno continuará actuando contra compañías, accionistas y proveedores involucrados en la explotación de recursos que Buenos Aires considera realizada sin autorización nacional.
Londres respondió que esas medidas constituyen un intento de ejercer jurisdicción extraterritorial y sostuvo que carecen de fundamento bajo su interpretación del derecho internacional. “Los intentos de Argentina de impedir el sector de hidrocarburos de las islas constituyen un intento totalmente inaceptable de ejercer jurisdicción extraterritorial”, señaló la respuesta británica, que volvió a respaldar expresamente el desarrollo de recursos petroleros bajo las licencias otorgadas por la administración británica de las islas. El cruce agrega un nuevo capítulo a la disputa que durante septiembre dejó de concentrarse únicamente en la soberanía para extenderse sobre Sea Lion, las licencias petroleras, las sanciones argentinas y el alcance jurídico de las medidas aplicadas contra empresas internacionales.
Londres respondió directamente al capítulo petrolero del discurso de Milei
La reacción británica llegó después de que Milei dedicara uno de los segmentos centrales de su tercera intervención ante la Asamblea General a Malvinas. Como informó Escenario Mundial, el Presidente definió la cuestión como una “causa nacional”, volvió a convocar al Reino Unido a negociar y cuestionó a Naciones Unidas por la falta de avances en la disputa. Pero esta vez el planteo argentino incorporó con un peso mucho mayor la explotación de recursos naturales.
Milei señaló específicamente a Sea Lion, el proyecto que Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration desarrollan en la Cuenca Malvinas Norte, y sostuvo que avanza hacia la producción mediante licencias que Argentina considera ilegales e ilegítimas. “Toda actuación en este sentido no autorizada por la República Argentina constituye un acto ilícito”, afirmó Milei ante la Asamblea, antes de enumerar las medidas tomadas por su Gobierno contra compañías involucradas en esas operaciones.
El mandatario sostuvo además que Argentina ya no limitará su política a declaraciones diplomáticas. Durante septiembre, el Gobierno inició procedimientos sancionatorios, impulsó acciones judiciales y envió al Congreso una nueva Ley de Defensa de la Soberanía Nacional destinada a ampliar considerablemente el régimen aplicable a empresas, accionistas y proveedores vinculados con actividades que Buenos Aires considera no autorizadas.
Reino Unido: la actividad petrolera es una “empresa comercial legítima”
La respuesta británica rechazó ese marco jurídico. Londres sostuvo que el desarrollo de los recursos hidrocarburíferos de las islas constituye una actividad comercial legítima, autorizada y regulada bajo las normas de la administración británica del archipiélago. Según la posición británica, las leyes argentinas no pueden aplicarse a compañías que operan allí y las medidas anunciadas por Buenos Aires buscan extender jurisdicción nacional fuera del territorio sobre el que Argentina ejerce control efectivo.
Argentina sostiene exactamente lo contrario. Buenos Aires considera que las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes forman parte del territorio argentino y que, al existir una disputa de soberanía reconocida por Naciones Unidas, la explotación unilateral de los recursos naturales sin autorización argentina resulta ilegítima. Esa incompatibilidad jurídica es precisamente el núcleo de la actual disputa petrolera.
La Resolución 31/49 también quedó en el centro del cruce
Milei volvió a utilizar ante la ONU la Resolución 31/49 de la Asamblea General, aprobada en 1976. El texto insta a Argentina y Reino Unido a abstenerse de adoptar decisiones que impliquen modificaciones unilaterales de la situación mientras las islas atraviesen el proceso recomendado por Naciones Unidas para encontrar una solución a la controversia. Para Buenos Aires, el desarrollo de proyectos petroleros como Sea Lion constituye justamente una de esas modificaciones unilaterales. El Reino Unido rechazó esa lectura en su respuesta.
Londres sostuvo que la Resolución 31/49 no elimina ni limita, según su interpretación, la capacidad de los habitantes de las islas para determinar su desarrollo económico, social y cultural. También afirmó que la Resolución 2065 no impide el desarrollo económico de las islas ni desplaza el principio de autodeterminación que invoca el Gobierno británico. Argentina rechaza la aplicabilidad de la autodeterminación en estos términos a la cuestión Malvinas y sostiene que la Resolución 2065 identifica una disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido y habla de los intereses de los habitantes de las islas.
Londres también cuestionó la estrategia argentina ante Naciones Unidas
La declaración fue más allá de los hidrocarburos. El Gobierno británico reiteró que “no tiene dudas” respecto de su posición sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y sus espacios marítimos circundantes, y volvió a defender el principio de autodeterminación. Asimismo, cuestionó la ofensiva diplomática argentina en organismos internacionales.
Según el texto difundido por la misión británica, el comportamiento argentino resulta “totalmente incompatible con los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas” y “no es el comportamiento que esperamos de una democracia”. Se trata de una formulación particularmente dura dentro del intercambio diplomático de los últimos días. No modifica por sí misma la posición jurídica de Londres, que viene rechazando desde hace décadas las convocatorias argentinas a negociar soberanía. Pero aparece en un contexto diferente: Argentina acaba de ampliar considerablemente la presión jurídica y económica sobre el sector petrolero, mientras Sea Lion avanza hacia su etapa productiva.
Sea Lion se convirtió en el centro de la disputa
El proyecto impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration aparece detrás de buena parte de la escalada de septiembre. Sea Lion está ubicado aproximadamente 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, dentro de la Cuenca Malvinas Norte, y sus desarrolladores prevén alcanzar la primera producción durante 2028. Navitas controla el 65% del proyecto y Rockhopper el 35%.
Las empresas sostienen que cuentan con licencias válidas otorgadas por la administración británica de las islas y respaldo del Gobierno del Reino Unido. Tras las primeras medidas argentinas de septiembre, ambas afirmaron que no esperaban un impacto material sobre el cronograma del proyecto.
Buenos Aires considera esas mismas licencias ilegítimas y ya había inhabilitado a las compañías para operar en territorio argentino bajo el régimen vigente. La estrategia del Gobierno argentino busca ahora ampliar el costo hacia toda la cadena de actores que hacen posible el desarrollo. Eso incluye no sólo a las petroleras, sino potencialmente a accionistas, directivos, compañías de servicios, proveedores técnicos y otros participantes esenciales de los proyectos.
La respuesta llega después de una nueva extensión de licencias
La confrontación se profundizó además durante esta misma semana. Argentina presentó una protesta formal después de que la administración británica extendiera por cinco años las licencias petroleras vigentes y autorizara a Navitas a quedarse con el 65% de la licencia PL001. Londres dejó abierta incluso la posibilidad de una extensión adicional de dos años para aquellas compañías que cumplan con sus programas de trabajo.
La decisión prolongó el horizonte exploratorio más allá de Sea Lion y mostró que la administración británica no pretende limitar el desarrollo hidrocarburífero al yacimiento actualmente más avanzado. Argentina respondió con una nota diplomática y reiteró que continuará utilizando herramientas jurídicas contra las empresas involucradas. Ahora Reino Unido contestó directamente desde Naciones Unidas.
De la disputa de soberanía a una pulseada sobre empresas e inversiones
La secuencia de las últimas semanas muestra cómo la disputa incorporó un nuevo frente. El martes, el primer ministro británico llevó personalmente Malvinas a su discurso ante la Asamblea General. Horas después, el canciller Pablo Quirno ejerció el derecho a réplica y sostuvo que las islas se encuentran “ilegalmente ocupadas por el Reino Unido”. El miércoles, Milei convirtió Sea Lion y las sanciones contra las empresas en uno de los elementos centrales de su propio discurso.
Y Londres respondió esa misma jornada defendiendo explícitamente a la industria hidrocarburífera y cuestionando el alcance extraterritorial de las medidas argentinas. El nuevo capítulo no modifica las posiciones históricas sobre la soberanía. Lo que cambia es el terreno sobre el que la disputa está empezando a desarrollarse.
Con Sea Lion avanzando hacia producción, Argentina intenta utilizar sus herramientas regulatorias, judiciales y económicas para afectar a la cadena empresarial vinculada al proyecto. Reino Unido, por su parte, está dando garantías políticas y jurídicas a las compañías que continúen operando bajo las licencias otorgadas por la administración británica.
La frase utilizada después del discurso de Milei sintetiza esa posición: para Londres, los intentos argentinos de impedir el desarrollo del sector petrolero representan un “intento totalmente inaceptable de ejercer jurisdicción extraterritorial”. Para Buenos Aires, son precisamente esas actividades las que se desarrollan sin autorización sobre recursos y espacios marítimos comprendidos dentro de una disputa de soberanía todavía pendiente de solución.
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