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Argentina presentó este lunes una nota formal de protesta ante el Reino Unido por la decisión de extender las licencias hidrocarburíferas otorgadas por la administración británica de las Islas Malvinas y advirtió que continuará utilizando herramientas diplomáticas, administrativas, económicas y judiciales contra las empresas y personas que participen directa o indirectamente de esas actividades. La reacción llegó apenas un día después de que las autoridades británicas de las islas anunciaran la prórroga de sus licencias petroleras offshore por un período inicial de cinco años, con la posibilidad de extenderlas por otros dos si las compañías cumplen satisfactoriamente los programas de trabajo establecidos.
La misma decisión autorizó además a Navitas Petroleum Atlantic Limited a adquirir una participación del 65% en la licencia PL001, ubicada en la Cuenca Malvinas Norte y contigua al área donde se desarrolla el proyecto Sea Lion. JHI Falkland conservará el 35% restante. La administración británica sostuvo que espera que la incorporación de Navitas acelere la evaluación y eventual desarrollo del bloque. Por instrucción del canciller Pablo Quirno, la Cancillería argentina presentó este 22 de septiembre una nota ante la Embajada del Reino Unido en Buenos Aires en la que expresó su “enérgico rechazo” tanto a la extensión de las licencias como a la autorización concedida para la operación societaria sobre PL001.
El nuevo choque se produce en medio de una escalada regulatoria alrededor de la explotación de hidrocarburos en Malvinas que durante septiembre sumó procedimientos administrativos, denuncias penales, una nueva Ley de Defensa de la Soberanía Nacional enviada al Congreso y, del lado británico, garantías de respaldo diplomático a las compañías que continúen operando en las islas.
Londres prorrogó las licencias por cinco años
La medida que provocó la protesta argentina fue anunciada oficialmente el domingo 21 de septiembre. La administración británica de las islas informó que extenderá las licencias offshore existentes por un período inicial de cinco años, al que podrá añadirse una nueva prórroga de hasta dos años. Esa segunda extensión quedará sujeta al avance que muestren los titulares frente a los programas de trabajo acordados.
Las autoridades señalaron que la decisión cuenta con el respaldo completo del Gobierno británico y argumentaron que proporcionará mayor previsibilidad a las empresas para continuar desarrollando trabajos de exploración y evaluación. El Departamento de Recursos Minerales deberá ahora negociar con los licenciatarios programas de trabajo reforzados para el período adicional, que podrán incluir compromisos para perforar nuevos pozos de evaluación.
La decisión adquiere relevancia porque varias licencias petroleras vigentes vencían originalmente el 31 de diciembre de 2026. Rockhopper, por ejemplo, había informado que buena parte de sus intereses fuera del área de desarrollo aprobada de Sea Lion necesitaban una nueva extensión para poder continuar más allá de este año.
Navitas suma otro bloque junto a Sea Lion
La segunda decisión cuestionada por Argentina afecta específicamente a la licencia PL001. La administración británica aprobó que Navitas Petroleum Atlantic Limited adquiera a JHI Falkland una participación del 65%, convirtiéndose además en operadora del bloque. JHI mantendrá el 35%. La operación había sido anunciada por ambas compañías en marzo y estaba condicionada, entre otros puntos, a obtener la aprobación de las autoridades de las islas y asegurar la continuidad de la licencia más allá de finales de 2026.
PL001 cubre aproximadamente 1.126 kilómetros cuadrados en la Cuenca Malvinas Norte y se encuentra inmediatamente al este de áreas vinculadas con Sea Lion. No debe confundirse, sin embargo, con el propio yacimiento actualmente en desarrollo. Las primeras fases de Sea Lion se concentran fundamentalmente en las licencias PL032 y PL004b, mientras PL001 constituye un bloque separado que Navitas pretende incorporar a una estrategia más amplia de exploración y eventual desarrollo alrededor de la misma cuenca. Esa diferencia resulta importante porque la autorización anunciada ahora no representa una ampliación automática del área productiva de Sea Lion, aunque sí fortalece la posición territorial de Navitas dentro de la Cuenca Malvinas Norte.
Argentina presentó una protesta formal
La Cancillería respondió este lunes cuestionando ambas decisiones. En su comunicación oficial, el Gobierno argentino sostuvo que la exploración y explotación unilateral de recursos naturales en los espacios marítimos comprendidos dentro de la disputa de soberanía contradice su posición jurídica y las resoluciones de Naciones Unidas aplicables al diferendo.
La nota cita específicamente la Resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU, que Argentina viene invocando para cuestionar decisiones unilaterales que modifiquen la situación mientras permanezca pendiente una solución negociada de la controversia. Ese argumento ya había sido utilizado por Cancillería durante septiembre al rechazar la guía británica destinada a promover negocios e inversiones con las islas. En aquella oportunidad, el Ministerio sostuvo nuevamente que las actividades hidrocarburíferas realizadas sin autorización argentina quedarían alcanzadas por el régimen legal vigente.
El comunicado difundido ahora recuerda además la aplicación de las Leyes 26.659 y 26.915 y del Decreto 868/2026. Quirno reforzó públicamente el mensaje poco después de difundida la protesta, señalando que Argentina continuará actuando mediante herramientas jurídicas y diplomáticas contra las compañías y directivos involucrados.
Empresas y directivos vuelven a quedar bajo advertencia
Uno de los puntos más relevantes de la respuesta argentina es que vuelve a poner el foco no sólo sobre las petroleras que poseen las licencias. Cancillería advirtió que quienes intervengan directa o indirectamente en las actividades cuestionadas quedan expuestos a las sanciones administrativas, civiles y penales correspondientes según la legislación argentina. El criterio coincide con la estrategia que el Gobierno comenzó a aplicar a comienzos de septiembre.
Escenario Mundial informó entonces que Argentina había abierto procedimientos contra 45 empresas, accionistas y proveedores vinculados con la explotación petrolera en Malvinas. Entre los actores alcanzados ya figuraban Navitas Petroleum Atlantic, Navitas Petroleum Development and Production, Rockhopper Exploration, JHI Associates y JHI Falkland, precisamente algunas de las compañías involucradas en los bloques cuya continuidad acaba de ser respaldada por las autoridades británicas. La reacción de este lunes muestra que la extensión de las licencias no modifica esa estrategia argentina. Por el contrario, Cancillería sostiene que continuará acumulando acciones administrativas y judiciales frente a cada nuevo avance de los proyectos.
La nueva Ley de Defensa de la Soberanía amplía todavía más el régimen
La protesta se produce además apenas cinco días después de que Milei enviara al Congreso la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Escenario Mundial analizó el proyecto completo, que propone penas de hasta 20 años de prisión y amplía las sanciones hacia accionistas, controlantes y proveedores. El texto todavía debe ser tratado por el Congreso y, por lo tanto, sus nuevas figuras y sanciones no están vigentes.
Actualmente siguen aplicándose las normas existentes y el Decreto 868/2026, mediante el cual Cancillería asumió un papel central en la coordinación de los procedimientos vinculados con actividades hidrocarburíferas no autorizadas por Argentina. La iniciativa legislativa pretende llevar ese esquema varios pasos más adelante. Además de incrementar las penas por determinadas actividades de exploración y extracción, extiende expresamente el alcance hacia proveedores esenciales, accionistas, estructuras de control y operaciones económicas, financieras, logísticas, técnicas y de consultoría que resulten indispensables para ejecutar los proyectos.
Reino Unido había prometido respaldo a las petroleras
La nueva extensión de las licencias tampoco aparece aislada de la respuesta británica a la ofensiva argentina. El 18 de septiembre, Escenario Mundial informó que Reino Unido había prometido respaldo diplomático a las empresas e inversores que operan en Malvinas. Londres sostiene que la administración de las islas tiene capacidad para autorizar y regular la explotación de sus recursos y rechaza la jurisdicción argentina sobre las compañías involucradas.
Argentina mantiene la posición contraria y sostiene que la explotación unilateral de recursos naturales en los espacios marítimos en disputa requiere autorización nacional.Es precisamente esa incompatibilidad jurídica y política la que vuelve a quedar expuesta con las decisiones de este fin de semana.
Hasta ahora, buena parte de la tensión se había concentrado sobre Sea Lion, cuya primera producción está prevista para 2028 y cuyo desarrollo ya superó la decisión final de inversión. La renovación anunciada por las autoridades británicas agrega otra dimensión. No se trata únicamente de sostener un proyecto que ya se encuentra avanzando hacia producción, sino de prolongar durante al menos cinco años la vigencia de un conjunto más amplio de licencias y habilitar nuevas asociaciones destinadas a explorar otros bloques.
En paralelo, Rockhopper acaba de completar una ampliación de capital cercana a US$200 millones destinada en buena parte a acompañar la expansión de Sea Lion. Navitas, por su parte, suma ahora una participación mayoritaria en PL001. La respuesta argentina intenta impedir que esa consolidación empresarial y regulatoria avance sin consecuencias bajo jurisdicción nacional.
Por eso, la protesta de este 22 de septiembre representa algo más que una reiteración diplomática: es la primera reacción formal de Argentina a la decisión británica de extender por varios años el horizonte de las licencias petroleras en Malvinas justo cuando Buenos Aires intenta aumentar el costo jurídico y económico para quienes participen de esos proyectos.
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