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En el marco de la conmemoración del 77° aniversario de la Fundación de la República Popular China realizada en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el embajador Wang Wei afirmó explícitamente que su país “acompaña el legítimo reclamo de Argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas”. La declaración se produjo ante la presencia del canciller argentino Pablo Quirno y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. El diplomático agradeció el histórico respaldo argentino al principio de “una sola China” y subrayó la relevancia estratégica de la relación bilateral, recordando que la nación asiática es el segundo socio comercial del país y el primer destino de las exportaciones agroindustriales.
El pronunciamiento de Beijing se inserta en un tablero internacional fuertemente convulsionado. La tensión recrudeció tras el activismo diplomático en el que Donald Trump advirtió sobre un “desastre potencial”, cuestionó la capacidad logística británica a distancia y se ofreció como mediador. Por su parte, el primer ministro británico Andy Burnham prometió ante el Parlamento ser “implacable” en la defensa de los isleños, mientras Javier Milei redefinió la causa Malvinas como un asunto central de seguridad nacional y defensa.
El elemento clave de las últimas horas radica en la aceleración del cerco económico desplegado por Buenos Aires. Tras activar el DNU 868/2026, la Cancillería argentina elevó a 60 los procedimientos sancionatorios contra firmas vinculadas a la explotación petrolera sin autorización en el proyecto Sea Lion (liderado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration), bloqueándoles además el acceso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
No obstante, un documento gubernamental reveló un salto cuantitativo aún mayor, donde la investigación se extendió hacia la cadena de financiamiento, colocando bajo análisis a grandes fondos e intermediarios globales como Vanguard, First Eagle Investment Management, Canaccord Genuity, Interactive Investor (Aberdeen) y Hargreaves Lansdown.
A esta embestida sobre los hidrocarburos se suma el frente legislativo que prepara la futura Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, donde el Gobierno evalúa extender las sanciones a la actividad pesquera. La medida impactaría directamente sobre uno de los motores económicos de las islas. Este endurecimiento regulatorio ya comenzó a mostrar efectos disuasorios al momento en que la firma neerlandesa Fugro emitió un comunicado desmarcándose de Sea Lion, mientras gigantes de servicios petroleros como SLB, Halliburton y Baker Hughes señalaron que no participarán de operaciones en la zona disputada.
En el plano geoeconómico local, el embajador Wang Wei aprovechó el encuentro para reclamar “no discriminar a las empresas chinas” en las licitaciones públicas y defender la libertad de los países latinoamericanos para elegir sus socios sin interferencias externas. La señal diplomática fue recibida de forma positiva por la Cancillería argentina, desde donde se confirmó que se ultiman los detalles para una visita oficial a Beijing integrada por Pablo Quirno, el ministro de Economía Luis Caputo y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
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