La última década está atravesada por algunas de las peores manifestaciones populares en Sudamérica, tanto en su impacto como en su número de víctimas fatales. Mientras la amenaza de un estallido social ronda Bolivia, es importante recordar las protestas que marcaron los últimos años en el continente.
El largo listado va desde Estados Unidos a Brasil, y revela un continente donde la falta de conexión entre sociedad y política puede conducir a disturbios que desestabilizan a los gobiernos. Asimismo, la existencia de grupos que no reconocen la legitimidad de los procesos democráticos hace que la posibilidad de una disrupción democrática pueda estar a la vuelta de la esquina.
Cuáles fueron las peores manifestaciones en Sudamérica
Venezuela (2017)
La deriva autoritaria del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela abrió un nuevo capítulo en 2017, cuando el Tribunal Supremo de Justicia del país latinoamericano desconoció la legitimidad de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora y resultante de las elecciones parlamentarias de 2015. En paralelo, el gobierno instituyó una Asamblea Nacional Constituyente cercana al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para que tomara las funciones del poder legislativo.
En un contexto que ya por entonces era de alto desempleo e inflación, la sociedad venezolana mostró su capacidad de reacción al movimiento de Maduro, que fue calificado como un autogolpe de estado. Con la excusa de preservar la paz social, las fuerzas de seguridad reprimieron duramente a la población, asistidas por pandillas armadas partidarias del gobierno -los denominados “colectivos”-, que según Human Rights Watch, “atacaron a manifestantes en las calles, empleando fuerza extrema y en ocasiones letal, provocando decenas de muertes y cientos de heridos”.
Ecuador (2019)
El polémico gobierno de Lenín Moreno, que llegó al poder en Ecuador como aliado del expresidente Rafael Correa solo para cortar su vinculación al asumir, enfrentó un importante rechazo popular en octubre de 2019, cuando buscó eliminar subsidios al combustible vigentes desde más de cuatro décadas, en un contexto de ajuste del déficit fiscal y negociaciones con el Fondo Monetario Internacional.
La medida de ajuste desencadenó una serie de manifestaciones de grupos de transportistas e indígenas, a los que se sumaron otros sectores sociales afectados por la crisis económica. Las protestas en Quito fueron tan intensas que condujeron a Lenín Moreno a trasladar la sede de la presidencia a Guayaquil, mientras acusaba a Correa de estar detrás de lo que calificó como “un golpe de estado”.
Ni el toque de queda ni la represión, que dejó al menos cinco muertos en aquellos días, consiguió avanzar la agenda del presidente, que tuvo que abrir un canal de diálogo con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONIAE). Finalmente, el gobierno de Lenín Moreno derogó la política de quita de subsidios al combustible, con lo que se logró la pacificación social.
Chile (2019)
Una de las protestas más sonantes del continente en la última década fue la ocurrida en Chile en octubre de 2019 y marzo de 2020, cuando la ciudadanía puso contra las cuerdas al gobierno conservador de Sebastián Piñera.
El estallido se produjo cuando el oficialismo decidió avanzar con una suba del precio del boleto de subterráneo de $30, como había recomendado un panel de expertos del Transporte Público. Sin embargo, como decía una conocida consigna de ese entonces, las masivas movilizaciones populares no fueron “por treinta pesos, fueron por treinta años” de políticas de corte liberal.
Esto se comprobó cuando el presidente Piñera anunció, el 19 de octubre, la suspensión del aumento del Metro. Las marchas siguieron y ocuparon plazas de todo el país, con epicentro en la capital, Santiago. Las protestas dejaron una treintena de muertos y miles de heridos, entre ellos más de 400 manifestantes con graves daños oculares, según denunciaron la ONU y organismos internacionales señalaron a las fuerzas de seguridad por violaciones de DD.HH. Hasta la fecha, se abrieron más de 10.000 causas judiciales y se continúa investigando a los altos mandos de la época.
Aunque las protestas parecieron generar una nueva era con la elección del presidente progresista Gabriel Boric y la apertura de un proceso para escribir una nueva constitución, el posterior rechazo popular al borrador de la Carta Magna y la elección del ultraderechista José Antonio Kast para suceder a Boric demostró que, al menos de momento, las manifestaciones no produjeron un cambio profundo en la política del país andino.
Estados Unidos (2021)
La potencia norteamericana podía presumir de una cierta estabilidad política y alternancia democrática hasta la aparición de un actor que cambió todo: Donald Trump.
Su derrota ante Joe Biden en las elecciones de 2020 fue más de lo que el republicano pudo soportar y su inédita denuncia de fraude tiñó los comicios de dudas para muchos de sus electores. A medida que se acercaba la fecha de la certificación de la victoria demócrata, prevista para el 6 de enero de 2021, la amenaza de una disrupción institucional se hizo patente en Washington D.C.
El día previsto para la ceremonia -por lo general protocolar- del conteo de votos del colegio electoral en el Capitolio tenía una tensión inédita para la historia reciente norteamericana, con el todavía presidente incentivando a miles de sus seguidores presentes en Washington D.C. a no reconocer su derrota y exhortando a su vicepresidente, Mike Pence, a no certificar el resultado de las elecciones. El incentivo a sus fanáticos derivó en un desborde del operativo de seguridad del Congreso, que se vio invadido por partidarios de Donald Trump. Los legisladores presentes debieron ser evacuados, y una manifestante murió de un tiro en la cabeza disparado por un agente de seguridad cuando intentaba acceder a la Cámara de Representantes.
Aunque la cadena institucional no se rompió y Biden acabó siendo nombrado, el hecho fue calificado como un intento de autogolpe de estado. De todas maneras, Trump no fue condenado por el hecho y pudo ser candidato nuevamente, ganando las elecciones de 2024 para empezar un nuevo mandato, desde el que legitima lo ocurrido el 6 de enero y aboga por indemnizaciones para los manifestantes que en su momento fueron calificados como delincuentes.
Brasil (2023)
El gobierno de Jair Bolsonaro mostró una sintonía con el de Donald Trump que se convirtió en imitación al momento de encarar la derrota democrática. Luego de la asunción de Luiz Inácio “Lula” da Silva el 1 de enero de 2023 tras las elecciones de 2022, seguidores de Bolsonaro bloquearon rutas y acamparon frente a bases militares, pidiendo la intervención de las FF.AA. ante lo que llamaron un fraude electoral.
El juicio posterior sobre los hechos demostraría el involucramiento del propio Bolsonaro y parte de la cúpula militar para planear una disrupción de la alternancia democrática, que el 8 de enero de 2023 derivó en una invasión de sus seguidores de la plaza de los tres poderes, la monumental obra arquitectónica de Oscar Niemeyer en Brasilia donde se sitúan las sedes del poder ejecutivo, legislativo y judicial.
Más de 200 personas fueron detenidas por sus incursiones al Supremo Tribunal de Justicia, el Palacio del Planalto y el Congreso Nacional, mientras que el mismo Bolsonaro y distintos funcionarios civiles y militares de su gobierno fueron juzgados por los hechos. A partir de este proceso, el expresidente se convirtió en el primer mandatario de la historia brasileña en ser condenado por un intento de golpe de estado y quedó imposibilitado de competir en una nueva campaña electoral.
Bolivia (2026)
El último capítulo en la historia de las manifestaciones masivas en Sudamérica lo protagoniza Bolivia, país que regresó a su histórica inestabilidad política a partir del golpe de estado que derrocó a Evo Morales en 2019, luego de que el líder del MAS (Movimiento al Socialismo) buscara una reelección que un referéndum popular y la justicia de su país le había negado.
Después de un nuevo gobierno del MAS llevado adelante entre 2021 y 2025 por Luis Arce, exministro de Morales que más tarde se distanció del histórico dirigente, Rodrigo Paz asumió con la promesa de un gobierno centrado en el orden fiscal. Apenas siete meses después, el encarecimiento del combustible, así como denuncias de que el mismo había disminuido su calidad, incentivó un descontento social al que luego se sumaron otros reclamos contra la reforma agraria prometida por el mandatario, resistida por el movimiento campesino, y el reclamo salarial de sectores como el docente y el minero.
El estancamiento de las negociaciones entre el gobierno y los grupos que nuclean a los manifestantes derivó en bloqueos de rutas y un virtual aislamiento de La Paz, que a su vez produce una escasez de bienes básicos como alimentos. En este contexto, algunos de los grupos empezaron a pedir la renuncia del presidente, algo que es descartado por su gabinete. Estados Unidos, por su parte, ratificó su apoyo a la gestión de Paz, mientras los disturbios se mantienen y su final continúa incierto.
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