El ex asesor de Boris Johnson y Rishi Sunak, actual columnista británico, Andrew Gilligan, reabrió un polémico debate al sugerir que el Reino Unido debería convertir las Islas Malvinas en un gran centro de procesamiento y alojamiento de solicitantes de asilo que llegan de forma irregular al Reino Unido a través del Canal de la Mancha. En una columna reciente, Gilligan planteó que la única forma efectiva de disuadir los cruces en pequeñas embarcaciones es enviar a todos los migrantes irregulares a un “campamento” instalado junto a la base de la Royal Air Force en las islas, donde permanecerían sin posibilidad de acceder a lo que considera “territorio británico continental”.
El planteo se inscribe en el debate sobre la nueva política de asilo del gobierno laborista de Keir Starmer, diseñada por la ministra del Interior Shabana Mahmood. Mientras buena parte de la derecha británica celebra el plan como un giro más duro, Gilligan lo considera insuficiente: sostiene que, pese a ciertos matices restrictivos, llegar de forma irregular y pedir asilo seguirá siendo “el camino más fácil” hacia la residencia y la ciudadanía para quienes no pueden obtener un visado regular. Desde esa premisa, propone ir mucho más lejos y recurrir a un modelo de externalización radical de la gestión migratoria.
Un “Camp Bastion” para solicitantes de asilo en el Atlántico Sur
En su artículo, Gilligan describe el emplazamiento ideal para este proyecto en las Malvinas, específicamente en el Este: una zona de turba barrida por el viento donde ya opera ilegítimamente una gran base aérea británica con pista para aviones de gran porte, hospital, escuela y miles de hectáreas de terreno vacío. Su propuesta es construir allí, “junto” al complejo militar, un campamento de estilo australiano para alojar a todos los migrantes llegados en pequeñas embarcaciones y otros ingresos “ilegales”.
El modelo que toma como referencia es Camp Bastion, la enorme base que el Ejército británico levantó en Afganistán en plena guerra y que llegó a albergar hasta 28.000 personas sobre un terreno completamente árido. Gilligan sostiene que algo similar podría replicarse en las Malvinas, con instalaciones modulares, dormitorios colectivos y servicios básicos, construidos en poco tiempo y a relativa distancia de los núcleos civiles isleños. Con una superficie comparable a Irlanda del Norte y apenas 3.000 habitantes, argumenta que las islas ofrecen “espacio de sobra” para un dispositivo de esta escala.
La clave del esquema que propone no está solo en el lugar, sino en las condiciones de vida pensadas explícitamente como disuasorias. Gilligan detalla el mensaje que, a su juicio, debería transmitirse a los recién llegados: el Reino Unido les garantizaría seguridad física, respeto a los estándares legales británicos y un alojamiento “decente aunque austero” en dormitorios. Tendrían prohibido trabajar y, sobre todo, no tendrían ninguna vía para llegar a vivir al Reino Unido. Según su diseño, los migrantes permanecerían en las Malvinas de forma indefinida, hasta que decidieran regresar a su país de origen, trasladarse a un tercer país que los acepte o hasta su fallecimiento.
Un planteo que ignora un territorio en disputa
Desde la perspectiva del autor, precisamente ese aislamiento geográfico de las Malvinas sería el núcleo de un “efecto disuasivo”, argumentando que si todo pequeño bote termina en las Malvinas, las pequeñas embarcaciones dejarían muy pronto de llegar al Reino Unido. Y si bien Gilligan reconoce que una variante de esta idea fue “considerada vagamente” por el gobierno conservador anterior, la idea fue desechada tras objeciones internas. Entre ellas menciona la previsibilidad del rechazo de los propios isleños, que no verían con buenos ojos la instalación de un gran centro de solicitantes de asilo en las proximidades de la base aérea.
El autor minimiza ese último punto, señalando que el complejo militar está a unos cinco kilómetros de la población civil más cercana y a unos 35 kilómetros de la única localidad de tamaño relevante, y remata con un argumento político: sin la “sangre y el tesoro” invertidos por el Reino Unido, los habitantes de las islas “estarían hablando español”, en alusión directa a la guerra de 1982 y a la disputa histórica con la Argentina. Con esta propuesta, Gilligan no sólo ignora la disputa de soberanía del territorio, sino que refuerza el rol de las Islas como plataforma de proyección británica en el Atlántico Sur al querer convertir a las Malvinas en un centro de procesamiento de solicitantes de asilo, reconfigurando el uso militar y político del territorio. El autor también admite que el plan sería costoso y enfrentaría resistencias, pero sostiene que podría resultar atractivo para un Partido Laborista presionado por la necesidad de mostrar resultados tangibles en la reducción de llegadas irregulares.
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