Estados Unidos pidió poner fin al mandato del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas (C-24), uno de los principales ámbitos multilaterales utilizados por Argentina para mantener activo su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. La propuesta fue formulada el 15 de octubre ante la Cuarta Comisión de la Asamblea General, donde Washington cuestionó los costos del organismo y sostuvo que había dejado atrás el propósito para el que fue creado.

La posición estadounidense fue registrada oficialmente por Naciones Unidas durante una sesión en la que la Cuarta Comisión aprobó más de veinte proyectos vinculados con descolonización. En ese marco, la representación de Estados Unidos reclamó terminar con el mandato del C-24 y describió algunas de sus actividades como un desperdicio de recursos.
El planteo tiene una consecuencia directa para Argentina porque la Cuestión Malvinas es examinada todos los años por ese Comité. Desde 1989, el C-24 constituye el principal escenario específico dentro de Naciones Unidas donde Buenos Aires expone su posición y obtiene resoluciones que reconocen la existencia de la disputa de soberanía y reclaman a Argentina y Reino Unido reanudar las negociaciones.
El antecedente más reciente ocurrió hace menos de cuatro meses. El 25 de junio, Escenario Mundial informó que el Comité volvió a adoptar por consenso una resolución sobre Malvinas y pidió a ambos gobiernos retomar las negociaciones. El texto reiteró la consideración de la cuestión como una situación colonial especial y particular atravesada por una disputa de soberanía entre los dos países.
La iniciativa estadounidense no produjo hasta ahora el cierre del organismo. El C-24 fue creado por la Asamblea General en 1961 y Washington no dispone de facultades para eliminarlo unilateralmente, por lo que cualquier modificación de su mandato deberá pasar por los mecanismos de decisión de los Estados miembros de Naciones Unidas.
Estados Unidos cuestiona el costo y la función del C-24
La ofensiva estadounidense va más allá de un reclamo presupuestario. Durante su intervención, Washington sostuvo que el Comité había “sobrevivido a su propósito original” y cuestionó que continúe revisando anualmente resoluciones similares después de más de seis décadas de funcionamiento.
La delegación estadounidense también criticó los seminarios y visitas que el C-24 realiza en distintos territorios y regiones. Según la posición presentada ante Naciones Unidas, repetir los mismos textos todos los años consume tiempo y recursos de la organización, al igual que los encuentros regionales organizados por el Comité en el Caribe y el Pacífico.
Washington planteó además diferencias de fondo sobre cómo deben ser abordados los territorios que todavía permanecen en la agenda de descolonización. Estados Unidos sostuvo que la independencia no constituye necesariamente el único resultado posible y mencionó alternativas como la libre asociación, la integración con la potencia administradora u otro estatus decidido por sus habitantes.

Actualmente permanecen 17 territorios no autónomos en la agenda de Naciones Unidas. Diez de ellos figuran bajo administración británica, entre ellos las Islas Malvinas, mientras Estados Unidos aparece como potencia administradora de Samoa Americana, Guam y las Islas Vírgenes estadounidenses.
La situación de Malvinas, sin embargo, tiene características específicas dentro del sistema de Naciones Unidas. La Resolución 2065 de la Asamblea General reconoció en 1965 la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido y llamó a ambos gobiernos a negociar una solución teniendo en cuenta los intereses de los habitantes de las islas.
Argentina rechaza por ese motivo la aplicación del principio de autodeterminación utilizado por Londres para sostener su posición. Las resoluciones sobre Malvinas hablan de los intereses de sus habitantes y no de sus deseos, dentro de una controversia bilateral de soberanía reconocida por Naciones Unidas.
El C-24 se convirtió con el paso de las décadas en uno de los ámbitos donde esa interpretación vuelve a quedar plasmada anualmente. En junio, el proyecto presentado por Chile, Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela fue adoptado sin votación y volvió a solicitar la reanudación de negociaciones.
Qué cambiaría para Argentina si desaparece el Comité
El eventual fin del C-24 no eliminaría la Resolución 2065, no borraría la disputa de soberanía reconocida por Naciones Unidas ni sacaría automáticamente a Malvinas de la agenda de la organización. Esos antecedentes dependen de resoluciones adoptadas por la Asamblea General y conservan una existencia jurídica y política independiente del Comité creado en 1961.
Tampoco desaparecería la Cuarta Comisión, que es un órgano diferente. Allí se debaten cuestiones de descolonización y Argentina también utiliza su debate general anual para exponer su posición sobre Malvinas. De hecho, fue precisamente ante esa comisión donde Estados Unidos reclamó ahora terminar con el C-24.
Sí desaparecería, en caso de prosperar la propuesta estadounidense, el organismo especializado que examina anualmente la Cuestión Malvinas y que produce las resoluciones específicas mediante las cuales los Estados miembros vuelven a reclamar negociaciones entre Buenos Aires y Londres.
Ese mecanismo tiene peso diplomático aunque sus decisiones no sean vinculantes. Escenario Mundial explicó en julio que las resoluciones del C-24 no pueden obligar jurídicamente al Reino Unido a negociar ni imponer sanciones, pero mantienen vigente dentro de Naciones Unidas el reconocimiento de la disputa y el llamado a una solución bilateral.

Cancillería argentina también mantiene vigente otro instrumento distinto: el mandato de buenos oficios otorgado al secretario general de Naciones Unidas para asistir a las partes en la reanudación de conversaciones. El eventual cierre del C-24 no eliminaría automáticamente ese mecanismo.
La propuesta estadounidense introduce, de todos modos, una dificultad para la estrategia argentina en un momento en que Buenos Aires viene incrementando sus acciones diplomáticas y jurídicas alrededor de Malvinas. Uno de los ámbitos que Argentina utiliza todos los años para sostener internacionalmente el reclamo es ahora cuestionado por la administración de Donald Trump, pese a la estrecha relación política que mantiene con el Gobierno de Javier Milei.
Hasta este 19 de octubre no existe una decisión de la Asamblea General para terminar con el Comité y el organismo continúa vigente. La iniciativa de Washington abre ahora una discusión entre los Estados miembros sobre la continuidad de una estructura creada hace 65 años y que, para Argentina, conserva una función concreta: mantener bajo tratamiento internacional la disputa de soberanía por las Islas Malvinas.
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