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Frente a la acusación de Venezuela de un presunto plan para un atentado contra la embajada estadounidense en Caracas, el gobierno de Estados Unidos rechazó evaluar públicamente la denuncia y recordó que no mantiene presencia diplomática desde 2019. La denuncia interviene en un contexto de alta tensión regional, luego de que Estados Unidos reforzara su presencia militar en el Caribe y ejecutara operaciones contra presuntos narcotraficantes vinculados al régimen venezolano.
En un comunicado, un portavoz del Departamento de Estado señaló a Europress que “en marzo de 2019, el Departamento (…) retiró a todo el personal diplomático de la Embajada en Caracas y suspendió sus operaciones. Todos los servicios consulares, tanto rutinarios como de emergencia, permanecen suspendidos hasta nuevo aviso”. Agregó que la seguridad del personal diplomático y de los ciudadanos estadounidenses en el extranjero es una “máxima prioridad”, y reiteró la recomendación de no viajar a Venezuela “bajo ningún concepto”.
Tras la denuncia venezolana del ataque con explosivos en el complejo embajador, EE. UU. se remitió a su política de reserva. “No hacemos comentarios sobre conversaciones diplomáticas ni divulgamos detalles de procedimientos de seguridad”, declaró el vocero. En contraste, el gobierno de Nicolás Maduro divulgó que la operación había sido advertida a EE. UU. por “sectores extremistas de la derecha local” y que se informó a una “embajada europea” para que mediara la notificación.
Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y figura clave del oficialismo, dijo que el plan buscaba colocar explosivos letales en la sede diplomática para crear un pretexto comunicacional. En días posteriores, Maduro afirmó que los responsables estaban en territorio estadounidense, y aseguró tener nombres, ubicaciones y comunicaciones registradas que ya habían sido entregadas a la administración estadounidense.
El complejo diplomático, aunque cerrado, sigue siendo objeto de mantenimiento. Un informe reciente del Inspector General del Departamento de Estado pone en entredicho los gastos que EE. UU. destina al recinto: millones de dólares para sostener un edificio sin actividad diplomática plena y con personal local contratado para tareas residuales.
