En respuesta a la creciente amenaza militar de Rusia, varios países de Europa decidieron retirarse de la Convención de Ottawa de 1997, que prohíbe el uso, almacenamiento y producción de minas antipersona. Polonia, junto con las naciones bálticas de Lituania, Letonia y Estonia, anunció su intención de abandonar el tratado el 18 de marzo, argumentando la necesidad de fortalecer su seguridad fronteriza.

Días atrás, Finlandia siguió el mismo camino, con el primer ministro Petteri Orpo señalando que, aunque no existe una amenaza militar inmediata, Rusia representa un peligro a largo plazo para Europa. Orpo destacó que la retirada del tratado permitirá a Finlandia prepararse de manera más versátil ante los cambios en el entorno de seguridad. Además, Finlandia planea aumentar su gasto en defensa al 3% del PIB para 2029, con una asignación adicional de 3.000 millones de euros.
Expertos citados desde Business Insider señalan que Europa parece estar ajustando su estrategia como una respuesta a las lecciones de Ucrania, y por temor a que Rusia pueda atacar en otros lugares si consigue una victoria parcial en Ucrania. Jacob Parakilas, jefe de investigación de Estrategia de Defensa, Política y Capacidades en RAND Europa, dijo a dicho medio que la guerra de Ucrania había demostrado la utilidad continua de las minas terrestres. “Las minas terrestres siguen teniendo un valor militar significativo a la hora de configurar el campo de batalla y disuadir o ralentizar los avances enemigos”, afirmó.

En el ámbito industrial, la empresa tecnológica finlandesa Insta expresó su interés en reanudar la producción de minas terrestres una vez que Finlandia abandone el tratado. Anteriormente, Insta había desarrollado alternativas a las minas terrestres, pero ahora considera que la producción de estas armas es esencial para la defensa nacional.
Organizaciones humanitarias manifestaron preocupación por la decisión de Europa
Estas decisiones suscitaron preocupación generalizada entre las organizaciones humanitarias, ya que se considera que las minas terrestres causaron históricamente numerosas víctimas civiles y daños duraderos a las comunidades. Según datos recientes, más del 80% de las víctimas de minas terrestres son civiles, y en 2024, Ucrania fue declarada el país más minado del mundo.

A pesar de esta tendencia regional, algunos países como Noruega decidieron mantenerse en la Convención de Ottawa. El ministro de Asuntos Exteriores noruego, Espen Barth Eide, enfatizó la importancia de mantener el estigma global contra las minas antipersonales, señalando que estas armas pueden causar daños mucho después de que los conflictos terminen.
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