El pasado lunes, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) de la ONU afirmó que 19 de sus empleados pudieron haber estado involucrados en los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, que dieron inicio al conflicto que hoy día se desarrolla con Israel.
Según el portavoz de la ONU, Farhan Haq, el Departamento de Asuntos Internos (OIOS) encargado de la investigación concluyó que en nueve casos las pruebas “indican que los empleados de UNRWA pudieron estar involucrados en los ataques armados” de Hamás. Pero esta conclusión se muestra como una posibilidad, ya que OIOS “no ha podido autentificar independientemente la información que se le ha suministrado y que estaba en manos de las autoridades israelíes”.
El organismo también destacó que las pruebas que respaldan estas acusaciones “podrían, si se autentican y corroboran, dar una base factual para concluir que los miembros del personal de la UNRWA tuvieron una conducta sancionable según las regulaciones y normas de la UNRWA”.
¿En qué consistió la investigación?
A lo largo de los días, OIOS realizó una pesquisa administrativa y realizó múltiples visitas a Israel para “recibir y revisar” información en su custodia. Además se dirigió también a Jordania para hacer lo mismo con información en custodia de UNRWA. El organismo consideró la revisión de correos, vehículos de UNRWA, datos publicados en medios y comunicaciones con Estados miembros, entre otras cuestiones.
Si bien la pesquisa fue administrativa, ONU no tiene jurisdicción penal sobre sus empleados. No obstante, sí tiene las herramientas de las sanciones disciplinarias “para responder a cualquier mala conducta, violaciones de la organización y de la ley administrativa”.
En su nota, OIOS destaca que “no se reunió con el personal de UNRWA señalado ni posibles testigos para su corroboración, para hacerles entrevistas y tomar declaraciones”, aunque sí obtuvo grabaciones en las que algunos de ellos responden a preguntas sobre las acusaciones.
¿Cuál es el certamen final?
Lo cierto es que según el comunicado de prensa de OIOS, no se obtuvieron pruebas para juzgar a los 19 de involucramiento en los ataques, mientras que en otros nueve eran insuficientes. No obstante, según un comunicado a la prensa, diez de los 19 afrontan posibles “medidas” disciplinarias “en su momento”. OIOS explicó que ha “restringido sus conclusiones a las pruebas, obtenidas predominantemente de oficiales israelíes, que respaldan el supuesto involucramiento de los sujetos en los ataques (…) y no ha sacado conclusiones sobre su supuesta membresía en el ala militar de Hamás u otro grupo militante”.
El organismo que llevó a cabo la investigación destacó que el informe de la investigación se entregó el 31 de julio directamente al secretario general de la ONU, António Guterres, incluyendo un resumen de los hallazgos y conclusiones para asistirle en la “acción” sobre los 19 empleados señalados, aunque tal informe no se hará público.
Los nueve casos mencionados anteriormente son hombres, y según especificó el portavoz “ya están referidos para una decisión” sobre posibles sanciones. Asimismo, declaró que del total de 19 empleados señalados, uno ha fallecido y la ONU no cree que el resto estén en custodia de Israel.
Por su parte, Philippe Lazzarini, director de la UNRWA, declaró que ha “decidido que en el caso de estos nueve miembros del personal restantes, no pueden trabajar para la UNRWA. Todos los contratos de estos miembros del personal serán rescindidos en interés de la Agencia”, añadiendo que “la prioridad de la agencia es seguir prestando servicios vitales y críticos a los refugiados palestinos en Gaza y en toda la región, especialmente ante la guerra en curso, la inestabilidad y el riesgo de escalada regional”.
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