El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina comunicó a la Corte Penal Internacional su decisión de reincorporarse a la denuncia conjunta efectuada en 2018 sobre la situación en la República Bolivariana de Venezuela, de la que se había retirado en 2021. La denuncia fue presentada en 2018 junto a otros cinco países, instando al tribunal el inicio de investigaciones ante posibles crímenes de lesa humanidad llevados adelante por el gobierno venezolano.
Desde la Cancillería Argentina se aclaró en su comunicado de prensa que “…Esta decisión es congruente con las acciones y declaraciones que el Gobierno argentino ha venido adoptando desde el 10 de diciembre de 2023 frente al deterioro de la situación política y de derechos humanos en Venezuela. La República Argentina continuará bregando por el restablecimiento del estado de derecho y la defensa de los principios de la libertad y la democracia en ese país…”.
Argentina retoma la senda que inició junto a Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú en 2018, presencia que fue truncada por el presidente Alberto Fernández en 2021 cuando tomó la decisión abandonar la demanda conjunta, además de apartarse del Grupo de Lima, “…al considerar que las acciones que ha venido impulsando el Grupo en el plano internacional, buscando aislar al Gobierno de Venezuela y a sus representantes, no han conducido a nada. Por otro lado, la participación de un sector de la oposición venezolana como un integrante más del Grupo de Lima ha llevado a que se adoptaran posiciones que nuestro Gobierno no ha podido ni puede acompañar…”, informó oportunamente cancillería.
El gobierno argentino, con Fernández como titular, optó por abandonar la demanda conjunta pese a las investigaciones y pruebas presentadas por diversos organismos internacionales e instituciones de derechos humanos. Por ejemplo, la Organización de los Estados Americanos junto a investigadores independientes generó dos informes que concluyeron que había una base razonable para creer que se estaban cometiendo crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
El último informe, publicado en 2020, identificó 18.093 ejecuciones extrajudiciales realizadas por fuerzas de seguridad del Estado Venezolano o colectivos desde 2014; 15.501 casos de detención arbitraria u otras instancias de privación severa de libertad desde 2014; 724 casos de desaparición forzada en 2018 y 2019; 653 casos documentados de tortura desde 2014 e identifica que la violación y la violencia sexual han sido convertidas en armas por el régimen, incluso como método de tortura, entre otros.
La decisión de reincorporarse a la demanda ante la Corte Penal Internacional obedece a la postura adoptada por el presidente Javier Milei y los nuevos lineamientos de política exterior, particularmente con Venezuela. La actual gestión ha llevado la cuestión de violaciones a los derechos humanos a diversos foros, incluido el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde se denunció a Venezuela y Rusia por “graves violaciones a los derechos humanos”.
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