La meta de cero emisiones para 2050 supone múltiples desafíos y decisiones ambiciosas de carácter multilateral y unilateral. Ello en el marco de la Transición Justa que, como menciona la Organización Internacional del Trabajo (OIT), consiste en “ecologizar la economía de la manera más justa e inclusiva posible para todos los interesados, creando oportunidades de trabajo decente y sin dejar a nadie atrás”.
En el centro de la escena se encuentra la transición hacia las tecnologías renovables (solar, eólica, hidráulica, mareomotriz y geotérmica) como reemplazo de los combustibles fósiles, quienes generan alrededor del 75% del total de emisiones de Gases de Efecto Invernadero. En octubre de 2023, la COP28 junto a la Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA, por sus siglas en inglés) acordaron triplicar la capacidad de las renovables y mejorar la eficiencia energética para 2030.
Para los próximos años, el auge y la creciente demanda de tecnologías renovables a nivel global tiene vínculo con el aumento de la demanda de minerales críticos, necesarios, por ejemplo, para la fabricación de paneles solares. La Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés), destaca que la demanda de minerales en un escenario de cero emisiones podría sextuplicarse para 2050, siendo el litio, el grafito, el cobalto, el níquel y tierras raras, los más demandados.
Detrás de la demanda y de los beneficios económicos para quienes explotan los recursos minerales, se esconden las consecuencias sociales, económicas y ambientales que distan de lo consagrado en relación a la transición justa y a un nuevo modelo de producción, consumo y extracción de los recursos. Los casos de Chile y la República Democrática del Congo (RDC), exportadores de cobre y cobalto, dan cuenta de estas consecuencias y pueden ser referencias sobre los desafíos futuros que plantea la transición.