El día después del intento de enajenar la pesca y la industria naval nacional

Se dejaron sin efecto los artículos de modificación de la Ley de Pesca y hubo un respiro de alivio en el sector pesquero, industrial naval y las industrias anexas; pero, aunque parezca, nada ya volverá a fojas cero. Antes de analizar lo que deja el proyecto de reforma de la Ley de Pesca, sería bueno saber ¿quién fue el autor de esta iniciativa?, ya que, contrario a cualquier proyecto de ley que se pone a consideración del Congreso, este careció de fundamentos que pudieran justificar el cambio de 180 grados que se proponía. Por otra parte, ha sido muy llamativo que el secretario de Bioeconomía Fernando Vilella o el Subsecretario de Pesca Juan Antonio López Cazorla no hayan salido a explicar el proyecto del P.E.N. Por mucho menos, cualquier Presidente les hubiese pedido la renuncia. Aun así, esta reforma puso de manifiesto, más que la calidad de sus textos, la debilidad del sector pesquero, cuya actividad es poco conocida en la sociedad, en los propios ámbitos de poder e incluso, en el Ministerio del área, donde es la prima pobre y fea de la Agricultura y Ganadería. Y lo peor, es que, en algunos casos, incluso, se ventila una mala imagen promovida por parte de algunos de sus actores, a pesar de ser parte indivisa de lo que se cuestiona. Esto requerirá un necesario cambio de las reglas de juego. 

Hay quienes deslizaron que los diseñadores de esta reforma desconocían la actividad y el proyecto tenía  como objetivo una mera cuestión recaudatoria. Nosotros creemos, que no es una ni la otra. Por un lado, para  elaborar este proyecto se debió contar con el aporte indispensable de alguien vinculado a la pesca, capaz de  analizar la ley de pesca vigente, ya que se efectuaron cambios destinados a producir un importante diseño, que  hubiera implicado la destrucción de la industria pesquera nacional existente, para permitir el acceso de buques de  terceros países, estén o no pescando en la actualidad los recursos migratorios argentinos más allá de las 200 millas  de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) Argentina o en Malvinas con licencia ilegal de los isleños británicos. Hubo conocimiento, perversidad, audacia y desprecio por la industria nacional. 

Aumentar ostensiblemente el canon a través del ingreso de buques extranjeros a la ZEEA; no requerirles  ninguna antigüedad a las embarcaciones ni que desembarquen en puertos argentinos y no exigirles tripulación  argentina, no hubiese aumentado la recaudación del Estado ya que, como hemos visto en el informe estadístico de  las empresas, “la pesca no aporta el 0,2% sino el 35% de las ventas” (Karina Fernández, Revista Puerto,  30/1/2024). Aun así, es una facultad del Consejo Federal Pesquero, que está integrado por funcionarios nacionales  y provinciales -no por las empresas ni los gremios- quienes pueden decidir sobre el aumento de los derechos de  captura, etc. que, en cualquier caso, no puede ser arbitrario, sino tener en cuenta todas las variables internas y las  derivadas del comercio exterior. 

Habiendo eliminado -como se hizo ante las primeras quejas- algunas de estas excepciones a la ley, no  puede esperarse que una actividad se desarrolle y genere más recursos, si las herramientas que se utilizan no están destinadas a producir más y mejor; para ello, lejos de desestimarse las exigencias previstas en el artículo 26º y 27º  de la Ley 24.922 de Pesca, hay que profundizarlas para premiar a quienes invierten; agregan valor y generan  productos de calidad destinados en forma directa a las góndolas de los mercados consumidores; destinan parte de  su producción al mercado interno para promover el consumo nacional que está entre los más bajos de  Latinoamérica; incorporan tecnología de última generación; capturan y procesan forma sostenible; no pescan en  forma ilegal y no realizan prácticas prohibidas, en especial descartan materias primas aptas para el consumo; 

capacitan y generan mano de obra calificada y registrada; fabrican sus buques en astilleros nacionales públicos o privados y ponen al servicio de la explotación buques de menor antigüedad y seguros; radican sus empresas en  lugares estratégicos y de baja densidad poblacional; trabajan con responsabilidad social en relación a sus  comunidades, etc. 

Quien propició esta reforma no desconocía estas exigencias, por el contrario, las eliminó para facilitar el  acceso de los buques extranjeros a la ZEE Argentina. Tampoco podía desconocer que el sistema de licitación  pública fue desechado en todos los países del mundo desarrollado por ser ineficaz para promover una actividad  pesquera sostenible, sustentable y estable en los Estados ribereños. Y es muy importante resaltar “la  sustentabilidad” porque de ella dependen las empresas y los trabajadores. No debería haber proyecto aprobado por  la Autoridad de Aplicación sin sustentabilidad. 

Esta reforma podría haber tenido como objeto un proyecto de explotación extranjera directa que hubiera  requerido de oficinas ad-hoc en la Argentina para llevar adelante “los negocios” pertinentes o destinado a facilitar  el uso de puertos argentinos a embarcaciones extranjeras que pescan ilegalmente al margen de la ZEE Argentina; como el que denunciamos, cuando se promovía la construcción del puerto de Río Grande; donde la Ministra de  Producción de Tierra del Fuego entendía que éste podría liberarse al uso de buques chinos que pescan ilegalmente los recursos migratorios originarios de la ZEE Argentina (César Lerena, cesarlerena.com.ar “Ministra de Tierra del Fuego facilitaría la pesca ilegal en el Atlántico Suroccidental” 26/11/2022; “La enajenación de la  administración marítima, fluvial y portuaria”, 14/6/2023). Ambos objetivos, se habrían sustentado también con la  derogación del Artículo 27 bis de la Ley 24.922 que hubiese permitido que buques con licencias ilegales en  Malvinas lo hicieran también la ZEE Argentina y viceversa. Por cierto, todo hubiera generado un grave caos en la  administración (investigación, conservación y distribución) del recurso pesquero. 

Este proyecto no se trató de un mero aumento del canon para pescar; que, si de eso se trataba, hubiera  bastado -como dijimos- con una mera resolución fundada del Consejo Federal Pesquero; o bien, aunque no se  dice, este Consejo pudo ser parte del problema, donde el actual Subsecretario fue 13 años su miembro. 

Podría ser peor en el futuro, porque la actividad queda frente a una delegación de funciones al  P.E.N o a nuevos proyectos de este tipo y reciclados en las Sesiones Ordinarias y, no quiero avivar giles, por  eso, daré un solo ejemplo, donde la reforma mantenía un párrafo del artículo 27º: “Las cuotas de captura serán  concesiones temporales que no podrán superar por empresa o grupo empresario aquel porcentaje que fijará el  Consejo Federal Pesquero sobre la Captura Máxima Permisible por especie a efectos de evitar concentraciones  monopólicas indeseadas”; un mecanismo que podría dar lugar a que un pequeño número de personas diga cuándo  una concentración “es indeseable” y, con este justificativo u otro biológico sin el respectivo fundamento, no se reduzca la cuotas sino los días de pesca, haciendo inviable la actividad pesquera, en favor de nuevos permisos y/o  o cuotas (véase antecedentes de los recortes en la Unión Europea) o, todo lo contrario, que unos pocos se queden  con todas las cuotas. 

Nada de esto lo tuvo en cuenta el sector pesquero. Se manejó a puro instinto, como cuando salía a  pescar a mediados del siglo pasado con las lanchitas amarillas apelando a la pura abundancia. Y es notable,  porque todos sabemos que hablamos de un recurso que debe tratarse “en forma conjunta e integral”, como refiere  a FAO y la Convención del Mar (CONVEMAR); siendo un ecosistema donde las especies interactúan en una  ecología trófica y donde la administración del recurso debe realizarse mediante un “Enfoque Ecosistémico  pesquero” (EEP) donde se invierte el orden de prioridades en la gestión, comenzando con el ecosistema en lugar  de la especie objetivo y teniendo en cuenta la relación con el ambiente y los aspectos socioeconómicos vinculados  con la actividad, por lo cual es verdaderamente notable que exista tal número y diversidad de Cámaras y de  Gremios, atomizando la estrategia sectorial que, dificulta, una política acordada de interés económico, social,  biológico y ambiental. 

En este proceso angustiante, no estuvieron los argentinos en defensa de esta actividad, porque “viven de espaldas al mar”, a pesar de que el territorio marítimo sea mucho más amplio que el continental y es, que “no se  quiere lo que no se conoce” y los gobiernos de turno y toda la actividad tienen una gran deuda al respecto.  Tampoco hablaron los consumidores, porque la Argentina, tiene un bajísimo consumo per cápita de 4,8 kg por  año, por debajo del promedio de Latinoamérica y África. 

No estuvieron los Intendentes de las ciudades-puertos -a excepción de Montenegro en Mar del Plata- que  deberían entender que esta actividad es formadora de pueblos, de radicación de industria y generadora de  empleos. Y, los gobernadores del litoral marítimo se opusieron a la reforma; pero ¿quiénes son, al igual que en el  sector agropecuario, los diputados y senadores nacionales y provinciales, cualquiera sea su pertenencia política,  que representan y conocen las virtudes de esta actividad? 

Es una obligación del sector tener la iniciativa de renovar y modernizar la Ley 24.922, sancionada ya hace  26 años y muy importante: mostrarles a los argentinos la importancia geoestratégica, económica y social de esta actividad. 

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