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Recientemente, el Ministerio de Hacienda de España colocó a las Islas Malvinas junto a otros 23 Estados en una “lista negra” de territorios que facilitan el lavado de dinero, la evasión y el fraude fiscal internacional. Esta oficina actualizó el Real Decreto 1080/1991 haciendo pública la lista de paraísos fiscales que perjudican al Estado español, buscando promover la transparencia y una tributación justa.
Parte de actualizar este decreto también se basa en incentivar a los países al intercambio de información fiscal, como también tener en claro cuáles son aquellas naciones o territorios que permiten la existencia de diversas entidades financieras que promueven estas prácticas (entre ellas, el depósito y el blanqueo de importantes montos de dinero proveniente de la corrupción, el narcotráfico, el contrabando y de operaciones comerciales irregulares).
Lo llamativo de esta noticia es que de ese listado actualizado, 13 de los 24 países considerados territorios que facilitan estas prácticas ilegales se encuentran bajo control británico. El Ministerio de Hacienda y Función Pública del Gobierno de España incluyó, por ejemplo, a Gibraltar junto a las Islas Malvinas (también ocupado por el Reino Unido).
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El negocio del narcotrafico existe y es viable en gran medida gracias a este tipo de “facilidades” que otorgan los países centrales con sus sistemas financieros y bancarios, en especial el reino unido de Gran Bretaña que recordemos fue el primer narco estado del mundo que utilizó el opio primero como instrumento para inclinar la balanza comercial a su favor, y luego como un casus belli para invadir y saquear a China.