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El pasado domingo 8 de enero, miles de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro irrumpieron en el Congreso, la Corte Suprema y el palacio presidencial de Brasil creando caos y destrucción, en un paralelismo que recuerda a la insurrección del 6 de enero de 2021 en el capitolio de Estados Unidos. En este sentido, las autoridades brasileñas anunciaron que ya se encuentran recogiendo evidencias y piezas claves para iniciar una investigación sobre los responsables de dichos ataques, que ya cuenta con 300 personas detenidas según la policía civil del Distrito Federal.
El objetivo de los ataques perpetrados por los manifestantes era el de buscar la intervención militar para restaurar nuevamente el poder de Bolsonaro, o expulsar al nuevo presidente de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva. Los alborotadores, que llevaban vestimentes de color verde y amarillo de la bandera nacional, rompieron ventanas, derribaron muebles, arrojaron computadoras e impresoras al suelo; perforaron una enorme pintura de Emiliano Di Cavalcanti en cinco lugares, volcaron la mesa principal en la que se reúnen los jueces de la Corte Suprema, arrancaron la puerta de la oficina de un juez y destrozaron una estatua icónica fuera de la corte, dejando los interiores de los edificios monumentales en estado de ruina
Frente a ello, durante una conferencia de prensa el domingo por la noche, el ministro de Relaciones Institucionales de Brasil sostuvo que “los edificios serían inspeccionados en busca de pruebas, incluidas huellas dactilares e imágenes, para pedir cuentas a las personas, y que los manifestantes aparentemente tenían la intención de provocar acciones similares en todo el país”. Asimismo, el ministro de Justicia, Flávio Dino, calificó dichos actos como “terroristas” y “golpistas” al tiempo que afirmó que las autoridades ya comenzaron con la operación de rastrear a quienes pagaron los autobuses que transportaron a los manifestantes a la capital.
En línea a esto, el ministro de Justicia brasileño también añadió: “No lograrán destruir la democracia brasileña. Necesitamos decir eso plenamente, con toda firmeza y convicción”, y continuó, “no aceptaremos el camino de la criminalidad para realizar luchas políticas en Brasil. Un criminal es tratado como un criminal”.
Estos sucesos tiene lugar luego de la elección más reñida que atravesó Brasil en tres décadas, y que mostró una radiografía de la polarización en el escenario social del país, con posturas que llevaron a situaciones de violencia entre los manifestantes que apoyaban a Jair Bolsonario por un lado, y Lula da Silva por otro. Sin embargo, y pese a las amenazas reiteradas por parte del ex mandatario de derecha de no reconocer el resultado en caso de derrota, fueron muchos los políticos de todo el espectro, incluidos algunos aliados de Bolsonaro, que reconocieron rápidamente los resultados de la contienda; mientras que Bolsonaro sorprendió a casi todos al desaparecer rápidamente del plano, sin admitir la derrota ni criticando enfáticamente el fraude, aunque él y su partido presentaron una solicitud para anular millones de votos que fue rápidamente desestimada.
En los meses que siguieron a la derrota electoral de Bolsonaro, tanto el clima como el escenario sociopolítico de Brasil se encontraba atravesando el recelo de que cualquier vía pudiera alimentar la idea de la derecha de continuar aferrándose al poder. En línea a esto, Bolsonaro había estado fomentando la creencia entre sus seguidores incondicionales de que el sistema de votación electrónica era propenso al fraude, aunque nunca presentó ninguna evidencia; y su hijo, el legislador Eduardo Bolsonaro, sostuvo varias reuniones con el expresidente estadounidense Donald Trump, el antiguo aliado de Trump, Steve Bannon, y su principal asesor de campaña, Jason Miller.
Sin embargo, desde el 30 de octubre, los partidarios de Bolsonaro se niegan a aceptar los resultados, y ya llevaron adelante una serie de actos como el bloqueo de carreteras y acampar frente a edificios militares, instando a las fuerzas armadas a intervenir y restaurar en el poder al ex mandatario de derecha. Las protestas fueron pacíficas, pero las amenazas aisladas de terrorismo, incluida una bomba encontrada en un camión de combustible que se dirigía al aeropuerto de Brasilia, habían generado preocupaciones de seguridad que termino por concretarse el pasado domingo 8 de enero con los ataques a los principales centros de poder de Brasil.
Fuente: AP Noticias.
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