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El pasado jueves, la cancillería de Perú llamó a los embajadores de México, Argentina, Colombia y Bolivia a consultas, luego de que sus países emitieran un comunicado mostrando su apoyo “al presidente Castillo” y exigiendo su liberación. Esto se muestra como una protesta por parte del gobierno de Dina Boluarte, que acusa a los mandatarios de los cuatro países de “entrometerse en los asuntos internos de Perú”.
Quienes han “liderado” la defensa del ahora ex mandatario Castillo fueron Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador, quienes consideran que Pedro es “una víctima del sistema político peruano”. En este contexto pareciera que la crisis política de Perú se comenzó a extender por América Latina, donde ciertos países emiten un comunicado defendiendo a Castillo mientras que otros prefieren desligarse de este accionar, como Gabriel Boric de Chile.
En respuesta al comunicado conjunto de Argentina, Bolivia, México y Colombia -que reza que Castillo “fue víctima de un antidemocrático hostigamiento, violatorio del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”-, Perú también emite una enfática declaración al respecto. La ministra de Relaciones Exteriores de Perú, Ana Cecilia Gervasi, remarcó que lo ocurrido fue un golpe de Estado y que los pronunciamientos de estos cuatro presidentes “no se condicen con los tradicionales lazos de amistad, cooperación y respeto mutuo”.
Por lo pronto, Petro continúa defendiendo a Castillo e insistiendo en su postura. El miércoles remarcó su pedido de ayuda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de que le diera protección a Castillo, y también reclamó que la crisis de Perú “pone en serio cuestionamiento” el papel de la Convención Americana en el ordenamiento jurídico Latinoamericano. Mientras que Colombia intenta liderar el movimiento de apoyo a Castillo, mandatarios como Gabriel Boric han decidido no emitir comentarios al respecto y mostrar distancia frente a este “eje Castillo”, al igual que el próximo presidente del Brasil, Lula da Silva.
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