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El pasado lunes, los gobiernos de Argentina, Colombia, México y Bolivia emitieron un comunicado conjunto sobre la situación de Perú “por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República del Perú”. En el mismo se destaca constantemente que el presidente es Castillo, quien antes de ser detenido disolvió el Congreso del país.
“Para el mundo no es novedad que el presidente Castillo Terrones, desde el día de su elección, fue víctima de un antidemocrático hostigamiento, violatorio del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “Pacto de Costa Rica”, aprobada el 22 de noviembre de 1969, para luego ser objeto de un tratamiento judicial de la misma manera violatorio del artículo 25 de la mencionada convención”, afirma el comunicado. Asimismo, reza que los gobiernos de estos cuatro países “hacen un llamado a todos los actores involucrados en el anterior proceso para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas”.
Los cuatro países consideran en el mismo que la democracia debe ser respetada como un hecho fundamental a la que Perú debe acceder. “Exhortamos a quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio”, declaran los países, destacando así que Castillo fue elegido popularmente por el pueblo y que su destitución y detención son antidemocráticas. En este contexto, las protestas en Perú comenzaron violentamente, luego de que al menos cinco personas fallecieran por represión policial en el sur del país. Los manifestantes pedían por la vuelta al poder de Castillo como legítimo presidente y exigían la renuncia de Dina Boluarte.
Debido a estas acciones, además del comunicado de estos cuatro países, el gobierno del Perú decidió responder. “Las decisiones contrarias al orden constitucional y democrático que adoptó el ex presidente Pedro Castillo Terrones el pasado 7 de diciembre, su decisión de disolver el Congreso de la República e intervenir el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia, entre otras medidas, constituyen un golpe de Estado. Generaron, por esa razón, la decisión del Congreso de la República de declarar su vacancia en el marco del más estricto respeto a la Constitución Política del Perú, con el voto multipartidario de 101 congresistas, el voto contrario de sólo 6 de ellos y 10 abstenciones. De acuerdo a lo establecido en el Artículo 115 de la Constitución Política del Perú, la Vicepresidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra asumió la Presidencia de la República”, concluye.
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Salir a defender a Castillo es lo mismo que apoyar a Maduro, si es así, entonces no deberíamos escandalizarnos del golpismo; ninguna constitución puede ser manejada por una autocracia y encima acusada de corrupción. Es preferible el gobierno parlamentario a ser un gobierno dirigista.