Este jueves, el gobierno de Etiopía ordenó la expulsión del país de siete altos funcionarios de las Naciones Unidas por “entrometerse en sus asuntos internos”, declarándolos “persona non grata” y dándoles solo 72 horas para salir del país.
Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Etiopía, los siete funcionarios son de UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) y UN OCHA (Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios).
El hecho ocurrió cuando los trabajadores humanitarios hicieron sonar la alarma sobre el acceso limitado a la región de Tigray, atravesada por constantes combates entre las fuerzas federales y el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray desde el año pasado.
Las autoridades etíopes también acusaron a los trabajadores no identificados en el país de favorecer e incluso de armar a las fuerzas de Tigray, aunque no han proporcionado pruebas que respalden los hechos. Anteriormente, el gobierno suspendió las operaciones de dos importantes grupos de ayuda internacional, Médicos Sin Fronteras y el Comité Noruego de Refugiados, acusándolos de “difundir información errónea” sobre la guerra.
Según la portavoz de la ONU, Stephania Tremblay, afirmó que el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, estaba “conmocionado” por la expulsión, y que se encuentran colaborando con el gobierno de Etiopía en pos de permitir a la ONU continuar con su labor en el país.
Grant Leaity, coordinador humanitario adjunto de OCHA, y Adele Khodr, representante de UNICEF en Etiopía, se encontraban entre los expulsados. También se ordenó a Kwesi Sansculotte, Saeed Moahmoud Hersi, Ghada Eltahir Midawi y Marcy Vigoda de OCHA que se fueran, junto con Sonny Onyegbula, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Frente al hecho, el portavoz del Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF), Getachew Reda, dijo en Twitter que las expulsiones reflejaban una situación “triste pero real” en la que el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed “no puede ser aconsejado para la cordura”.
Por su parte, el jefe de ayuda de la ONU, Martin Griffiths, afirmó el pasado martes que un “bloqueo de facto” de casi tres meses restringió las entregas de ayuda al 10% de lo que se necesita en la región de Tigray.
En consonancia, el coordinador humanitario adjunto de OCHA, Leaity, advirtió este mes que el dinero en efectivo y combustible destinado a la misión humanitaria es “muy bajo o está completamente agotado”, y que las reservas de alimentos se declararon en falta a finales de agosto.
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