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La situación de El Salvador es una advertencia sobre lo que puede ocurrir si un gobierno usa la excusa de la pandemia para destruir la división de poderes y erosionar definitivamente la democracia.
Nayib Bukele dio un nuevo paso hacia la definitiva erosión de la democracia en El Salvador al embestir contra el Poder Judicial y destruir el único contrapeso institucional que quedaba en pie.
El partido político de Bukele se impuso con más de dos tercios de los votos en las elecciones parlamentarias celebradas en febrero, obteniendo una mayoría agravada en el Congreso unicameral del país. Con estos números, el domingo el oficialismo destituyó a los jueces de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General del país.
La oposición denunció un golpe de Estado de Bukele al destituir a magistrados que emitieron fallos contra los polémicos decretos de restricciones sanitarias emitidos por el mandatario. Por el contrario, el presidente salvadoreño justificó la decisión afirmando que los jueces habían buscado quitarle prerrogativas y así pusieron en peligro miles de vidas debido a la pandemia de la COVID-19.
Si bien Bukele tiene la potestad legal para destituir a los jueces, al contar con la mayoría de dos tercios del Congreso, en la práctica esto constituye un claro avance contra la democracia liberal. En un país con débiles instituciones como El Salvador, esta situación puede ser mortal para la democracia en esa nación.
La pandemia de COVID-19 constituye una lamentable y mortal situación que pone en riesgo nuestras vidas. Al mismo tiempo, se instituye como la oportunidad perfecta para que algunos líderes electos por el voto popular utilicen la pandemia como herramienta para virar hacia el autoritarismo.
Para culminar, me gustaría que reflexionemos con dos citas del excelente libro “Cómo mueren las democracias” de Daniel Ziblatt y Steven Levitsky:
“Así es como los autócratas electos subvierten la democracia: empaquetando e instrumentalizando tribunales y otras agencias neutrales, comprando los medios y al sector privado (o intimidándolos para que guarden silencio) y reescribiendo las reglas de la política para inclinar el campo de juego contra los oponentes. La trágica paradoja de la ruta electoral hacia el autoritarismo es que los asesinos de la democracia utilizan las mismas instituciones de la democracia, de manera gradual, sutil e incluso legal, para destruirla”.
“Una de las grandes ironías acerca de cómo mueren las democracias es que la propia defensa de ella se usa a menudo como pretexto para derrumbarla. Quienes luego serán autócratas suelen usar crisis económicas, desastres naturales y, especialmente, amenazas a la seguridad (guerras, insurgencias armadas o ataques terroristas) para justificar medidas antidemocráticas”.
