En el marco de la publicación del Informe N.º 143 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la Cuestión Malvinas adoptó un papel central. Se ratificó la postura soberana de la Argentina sobre las islas y se detallaron las acciones diplomáticas, estratégicas y legales llevadas a cabo por el gobierno de Javier Milei. No obstante, las respuestas no estuvieron exentas de dudas.
Soberanía: ratificación constitucional y postura internacional
En principio, el informe reiteró que la República Argentina mantiene una “legítima e imprescriptible soberanía” sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, como parte integral del territorio nacional. Según lo expresado, la recuperación del ejercicio pleno de soberanía constituye un “objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”.
Lo controversial de la respuesta abarca una simple oración: que el ejercicio de la soberanía “ debe alcanzarse respetando tanto el modo de vida de los habitantes como los principios del derecho internacional”, dando pie al derecho de autodeterminación que los habitantes de las islas utilizan como pretexto para mantenerse como territorio de ultramar británico. Pese a ello, se reivindicó la vigencia de la Resolución 2065 de la Asamblea General de la ONU y se remarcó que la autodeterminación no aplica en este caso, ya que la población fue implantada por el Reino Unido.
“Todas las acciones del Gobierno en relación con Malvinas se enmarcan en el mandato establecido por la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, mencionado anteriormente, dentro de una estrategia que persigue la solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía con el Reino Unido”, concluye la respuesta.
Política exterior: protestas, monitoreo y relaciones regionales
Entre las acciones diplomáticas, se destaca un monitoreo constante de las actividades unilaterales del Reino Unido, tanto en exploración de hidrocarburos como en la presencia militar en el Atlántico Sur, sumado también a la problemática de la pesca ilegal. Por ejemplo, el informe destaca que el Gobierno informó haber cursado una nota formal de protesta en julio de 2024 contra la empresa Navitas Petroleum por intentar avanzar en la zona en disputa, y destacó su inhabilitación vigente.
También se protestaron públicamente otras acciones, como la creación de un área marina protegida por parte del Reino Unido, la visita de su Secretario de Asuntos Exteriores, la construcción de un nuevo puerto en Puerto Argentino o el lanzamiento de un concurso escolar sobre las “Falkland Islands”.
La principal postura que se destaca del Gobierno argentino en el informe es que Argentina sostiene una política activa de diálogo, tanto con el Reino Unido como con países vecinos. Principalmente, en pos de desalentar vuelos o ingresos ilegítimos a puertos desde las islas. Además, destaca que se instruyó a las sedes diplomáticas “a constituir, en el país ante el cual están acreditadas, una Comisión de Diálogo por Malvinas (o grupo de apoyo) con personalidades locales que periódicamente se reúnen a conversar sobre la Cuestión Malvinas y participan en actividades de difusión”.
En simultáneo, destaca la postura de acercamiento con el Reino Unido “con el objetivo de mantener con ese país una relación bilateral que contemple un diálogo sustantivo y constructivo sobre todos los temas de interés común, incluyendo las negociaciones sobre soberanía”. No obstante, remarca: “Ello sin dejar de monitorear y protestar las acciones unilaterales del Reino Unido que modifican la situación en el Atlántico Sur, especialmente aquellas en materia de explotación de recursos naturales y defensa”
Recursos naturales y vigilancia pesquera
En una de las preguntas realizadas por los legisladores, se afirma que el Reino Unido explota ilegalmente 250.000 toneladas anuales de recursos pesqueros y hasta 728 millones de barriles de petróleo en el área en disputa. Por ello, el informe responde que el Consejo Federal Pesquero estableció prohibiciones a operadores que actúen en doble caladero (art. 27 bis de la Ley 24.922).
Detalla también que la Armada y la Prefectura Naval realizan vigilancia activa de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA) y sus áreas adyacentes, donde la actividad ilegal provendría principalmente de buques autorizados por el gobierno ilegítimo de las Islas. Además, se mencionó una estrategia interministerial para acordar protocolos con países como China, Chile, Uruguay y Ecuador, y establecer zonas de amortiguamiento y sistemas satelitales de monitoreo obligatorio.
“Cabe señalar que la única pesca ilegal que se realiza todos los años entre los meses de febrero y julio es llevada a cabo por el gobierno no reconocido de las Islas Malvinas. Dicho gobierno autoriza unilateralmente la actividad de pesca a buques de banderas de países como Corea del Sur, España, Reino Unido, Taiwán y Vanuatu. Este Comando, vigila y controla a dichos buques, a fin de impedir su ingreso a la Zona Económica Exclusiva Argentina”, destaca el informe.
Asimismo, el informe añade que “desde mediados de 2024, el Ministerio de Relaciones Exteriores está llevando adelante una Iniciativa Interministerial coordinada por la Secretaría de Malvinas, Antártida, Política Oceánica y Atlántico Sur, para el diseño e implementación de una Estrategia para el Área Adyacente a la ZEEA”. Técnicamente, la iniciativa involucra “a todos los organismos con competencias en el área, entre ellos Pesca, con el objetivo de profundizar la coordinación y alineación de políticas con base en capacidades instaladas y vínculos existentes”.
Sobre la cuestión petrolera, el informe enfatiza en que la Cancilleria argentina realiza “un monitoreo permanente de las actividades unilaterales británicas en los territorios y espacios marítimos bajo disputa de soberanía, incluyendo la ilegítima exploración y eventual explotación costa afuera en la Cuenca Malvinas Norte”. Además, que conforme a la Resolución de la Secretaría de Energía 240/22, Navitas Petroleum LP se encuentra inhabilitada para operar en territorio argentino, fue declarada clandestina y sus actividades ilegales.
Presencia extranjera/militar y Base Naval Integrada de Ushuaia
Otro de los tópicos consultados recae en la presencia de submarinos de Estados Unidos en Ushuaia y las medidas que el actual Gobierno pretende llevar a cabo en pos de promover la transparencia si se realizan acuerdos de cooperación con el país. Frente a ello, se responde que no hay ninguna base de submarinos extranjera en Ushuaia ni se proyecta su instalación, y que “sugerir lo contrario carece de sustento técnico, jurídico y fáctico”. “Toda cooperación en materia de defensa se canaliza a través de los mecanismos establecidos por la ley, y es informada al Honorable Congreso de la Nación, según lo dispuesto en el marco normativo vigente”, subraya el informe.
En paralelo, el informe habla sobre el proyecto Base Naval Integrada Ushuaia como uno “desarrollado conforme a un plan de necesidades definido en el año 2010 previsto a ser ejecutado en tres etapas”. El mismo busca fortalecer “la defensa de la causa Malvinas” que “requiere políticas firmes y presencia efectiva, no alarmismos ni relatos oportunistas”.
“El Ministerio de Defensa comparte el interés por los asuntos estratégicos, pero considera que las afirmaciones sobre la Base Naval Integrada de Ushuaia a menudo buscan crear escenarios que no se condicen con la realidad. La Base Naval Integrada de Ushuaia responde exclusivamente a los intereses soberanos, científicos y logísticos de Argentina, bajo control y legislación nacional, y no es una entrega encubierta a potencias extranjeras”, concluye.
Situación similar ocurre con las consultas realizadas sobre la instalación de un radar de la empresa LEOLABS en Tolhuin, Tierra del Fuego. El Gobierno enfatizó en su respuesta en que se encuentra realizándose una auditoría exhaustiva, aunque el sistema esté inactivo y en camino a suspenderse. Destaca que la instalación de este radar se otorgó durante la presidencia de Alberto Fernández, y que posee deficiencias técncias sustanciales.
Por último, y sobre la presencia militar del Reino Unido en el Atlántico Sur, el Gobierno subraya que “ha recibido el rechazo de numerosos foros internacionales, incluyendo MERCOSUR, Grupo de Río, Cumbre Iberoamericana, ASPA y la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (ZPCAS)”. Añade que el Reino Unido ha instalado una base militar ilegítima (BFSAI) en Monte Agradable, Islas Malvinas, por lo que la Cancillería ha protestado junto a todos los ejercicios militares que incluyeron lanzamiento de misiles.
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