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Este sábado se convocó una nueva movilización distribuida en todo el país en contra del Jefe de Estado brasileño. Organizaciones, parte de la oposición al gobierno y movimientos sociales han llamado a una nueva jornada de protestas para exigir la destitución del presidente de Brasil. Entre las organizaciones convocantes se encuentran Frente Brasil Popular, Pueblo sin Miedo, Coalición Negra por los Derechos, el Partido de los Trabajadores, el Partido Socialismo y Libertad.
Además de presionar por su procesamiento, las razones se basan en el cese de la “brutalidad policial” y la aceleración de la campaña de vacunación contra el coronavirus. A estas motivaciones se le añadió que, a comienzos del mes se conocieron las pruebas de irregularidades relacionadas con el acuerdo de vacuna Covaxin ante el comité del Senado que investiga el manejo de la pandemia por parte del gobierno federal. Ello resultó en una multitud de protestas que tuvieron lugar el pasado 3 de julio manteniendo el eslogan “Fuera Bolsonaro”.
Como sucedió en las dos manifestaciones anteriores – #29M y #19J -, los movimientos exigen la aceleración de la vacunación para prevenir la agudización de la situación sanitaria y el pago de ayuda de emergencia económica hasta el final de la pandemia. Pero el objetivo principal es aumentar la presión sobre el presidente de la Cámara, Arthur Lira (PP-AL), quien tiene la atribución de decidir la apertura de los procesos de destitución contra Bolsonaro.
“El levantamiento en las calles el 24 de julio es otra jornada nacional de movilizaciones en todo el territorio brasileño. Ocuparemos cada región, cada estado, ciudades de todo Brasil“. Así lo manifestado la dirigencia del Movimiento Levante Popular, que agrupa a la juventud brasileña.
Polémica alrededor de Covaxin
Además del retraso en la adquisición de agentes inmunizantes, la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) de Covid indagó en evidencia de corrupción en la compra de la vacuna Covaxin. Al respecto, el Senado, que investiga la gestión de la pandemia de coronavirus en Brasil remitió una carta al presidente Jair Bolsonaro, en la cual demanda una explicación sobre sospechas de corrupción en la compra de vacunas.
De igual importancia, se encuentra en estudio la sobrefacturación por el Ministerio Público Federal (MPF). En lo previo, la polémica surgió a raíz de que el Tribunal Federal de Cuentas (TCU) había señalado que la dosis de Covaxin negociada por el gobierno es la más cara entre todas las contratadas por el Ministerio de Salud.
Ante lo cual, el presidente de Brasil se reusó a responder sobre las denuncias y, lo que es más, llevó adelante una contraofensiva dirigida a la Comisión de Labor de Investigación (CPI) del Senado.
Por otra parte, un funcionario del área técnica de la cartera ministerial de salud afirmó al MPF haber “sufrido presiones atípicas” de la administración del general Eduardo Pazuello para tratar de garantizar el ingreso de esta vacuna más cara. El contrato con la empresa Necessidade, que intermediaba la importación de Covaxin, totalizó R $ 1,6 mil millones.
Se intensifica la campaña opositora
El sábado 19 de junio, más de 750.000 personas salieron a las calles en más de 400 municipios de las 27 unidades de la federación, según lo que pudieron constatar los organizadores. Lo que se suma al hecho de que, en las movilizaciones del pasado 29 de mayo, más de 420.000 personas en unos 200 municipios salieron a las calles en eventos a través de “Fora Bolsonaro“.
El 30 de junio, una serie de partidos políticos de oposición de Brasil, junto a movimientos sociales y legisladores de izquierda, presentaron una solicitud de juicio político contra Bolsonaro. Mediante la misma, pretenden que el jefe de Estado sea destituido.
Este conjunto de iniciativas se inserta en un escenario en el cual, según una reciente encuesta de Datafolha, el Gobierno de Bolsonaro tiene la aprobación cercana al 24%, mientras que alrededor del 50% de los encuestados expresaron una valoración negativa de su gestión.
Al respecto, hay que tener en cuenta que el pleno de la «Campanha Fora Bolsonaro» adquirió relevancia nacional al convocar protestas masivas este año. Está integrado por los frentes Brasil Popular y Povo Sem Fedo, que agrupan a los principales partidos políticos y centrales sindicales.
“Es la unidad de este grupo la que ha sabido señalar un camino para la derrota de Bolsonaro”, dice Edson Carneiro Índio, miembro del Frente Povo Sem Fear y secretario general de la Intersindical.
“Logramos construir una gran unidad en torno a la realización de una nueva jornada el 24 de julio. Durante este período, queremos llevar a cabo un proceso de construcción con el conjunto de las organizaciones de la sociedad que se oponen al gobierno de Bolsonaro“, afirma João Paulo Rodrigues, de la coordinación nacional del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y del Frente Brasil Popular.
Se espera para este sábado que otros grupos también se sumen a la campaña en la próxima protesta. Asimismo, se discute la realización de una jornada de actividades el 25 de julio, día del trabajador rural, en el interior del país.
Para las futuras marchas, los organizadores prometen redoblar los esfuerzos para cumplir con protocolos sanitarios. Ello busca focalizar en garantizar la seguridad de los manifestantes. Además, las actividades se llevarán a cabo al aire libre y también se instruirá a los participantes para que mantengan la distancia.
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