En el marco del caso Asociación Civil Memoria Activa Vs. Argentina, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) encontró al Estado argentino responsable por no haber adoptado medidas para la prevención del atentado terrorista contra la AMIA y por maniobras de encubrimiento del caso.
El atentado contra la Amia y antecedentes judiciales
El 18 de julio de 1994, un coche bomba explotó en las inmediaciones de la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, un centro de la comunidad judía localizado en la Ciudad de Buenos Aires. Como consecuencia directa de la explosión, murieron 85 personas y otras 151 resultaron gravemente heridas.
Habiendo pasado 30 años del peor atentado en la historia de la República Argentina, aún no se conocen los nombres de los responsables directos del crimen, así como tampoco de los involucrados en el sospechoso encubrimiento del caso por parte del sistema estatal del país.
Recientemente, la Cámara Federal de Casación Penal de Argentina atribuyó la responsabilidad del atentado a la AMIA en 1994 a Irán, declarándolo como un “Estado terrorista” y autor de un delito de lesa humanidad.
Según la sentencia de la Justicia argentina tanto el ataque a la embajada de Israel en 1992 como el bombazo a la sede de la mutual judía dos años después respondieron a una “decisión política y estratégica” de la República Islámica de Irán, ejecutados por el grupo Hezbolá bajo su “inspiración, organización, planificación y financiamiento”.
“La responsabilidad internacional debería recaer igualmente sobre el mismo Estado que podría ser calificado como ‘terrorista’, lo cual implicaría la obligación de reparar íntegramente el daño causado, moral y material”, explicaron los jueces argentinos Carlos Mahiques, Alejandra Magdalena Láccese y Alejandro David Barroetaveña en su fallo.
La sentencia de la Corte IDH sobre el Estado argentino
Este viernes 14 de junio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer el fallo sobre el reclamo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Memoria Activa por la falta de esclarecimiento del atentado contra la AMIA.
Desde Costa Rica, la Corte determinó que el Estado de Argentina conocía de una situación real de riesgo sobre los sitios identificados con la comunidad judía y que, aun así, no tomó medidas concretas y razonables para evitar un ataque.
De esta forma, la sentencia de la Corte dicta que violó su obligación de prevención y que, por lo tanto, es responsable por la violación de los derechos a la vida y la integridad personal en perjuicio de las víctimas del atentado. Además, el Tribunal concluyó que “el Estado argentino incurrió en una falta grave a su deber de investigar uno de los mayores atentados terroristas en la historia de la región“.
Asimismo, establece que hubo un mal manejo de la evidencia y la escena del hecho, por lo que el Estado argentino también es responsable de la conducción deficiente de la investigación del caso. Por otra parte, determina que hubo maniobras de encubrimiento por parte de agentes estatales y que, frente a esto, no cumplió con su deber de investigar y sancionar a los responsables de dicho encubrimiento ilegal.
Orden de la Corte IDH al Estado argentino
De esta forma, la Corte IDH considera que el Estado argentino es responsable por la violación a los derechos de las garantías judiciales, al juez imparcial, al plazo responsable y a la protección judicial.
Por otra parte, señala la falta de regulación de los servicios de inteligencia y los obstáculos puestos al acceso de los familiares de las víctimas a la información del atentado provocaron en ellos sentimientos de angustia, tristeza y frustración, generando entonces una afectación a su integridad personal.
Ante semejantes violaciones declaradas en la sentencia, la Corte IDH ordenó al Estado argentino a remover todos los obstáculos que mantienen la impunidad del caso e iniciar las investigaciones necesarias para individualizar, juzgar y sancionar a los responsables del atentado y del encubrimiento, para así establecer la verdad de lo ocurrido en un plazo razonable.
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Fuente: Corte Interamericana de Derechos Humanos
