Las razones detrás del esfuerzo por detener el influjo de drogas ilegales en Argentina son vitales. El lema “guerra contra las drogas” siempre fue simple y fácil de entender, pero también acarrea deficiencias inherentes en la semántica de su naturaleza. Con el tiempo, sus argumentos se volvieron débiles y demasiado simplificados, pero hay un poder y un propósito significativos detrás de “detener a las organizaciones criminales violentas, tanto a nivel nacional como transnacional”, “hacer cumplir el Estado de Derecho” y “garantizar la seguridad fronteriza”. Estos conceptos son menos simples de transmitir, pero sobrevivirán al rigor intelectual y al tiempo. Es un deber de los que están al servicio de la Patria.
El “por qué” que impulsa las operaciones antidrogas es a menudo confuso, superficial o inexistente. Muchos oficiales pueden estar totalmente de acuerdo con esta premisa, pero otros resuelven este problema más por obligación que por pasión o una convicción profundamente arraigada de qué podemos ganar, de la trascendencia de lo que hacen.
En pocas palabras, el “por qué” es más débil de lo necesario. Las complejidades subyacentes de este complicado conjunto de problemas exigen una justificación clara para que todos los involucrados, desde el Presidente de la Nación, hasta el más novato de los patrulleros, entiendan por qué están haciendo lo que están haciendo.
Hoy estamos a medio siglo de lo que fue el comienzo de la “guerra contra las drogas” en territorio argentino, con lo que fue la sanción de la “Ley de Estupefacientes” (nro. 20.771) en el año 1974.
Sostendría que ni en Rosario ni en Argentina estamos en una “guerra” contra las drogas; más bien, se está llevando a cabo una operación de aplicación de la ley a gran escala contra organizaciones criminales violentas que violan las leyes nacionales e internacionales, contrabandean bienes ilícitos a través de fronteras soberanas y se valen de la ilícita comercialización de esos bienes (o de los ingresos por prestar la logística para su envío a otros países) para consolidar una influencia paraestatal caracterizada por la reversión del dominio del orden, el espacio y la seguridad pública a manos de criminales.
En su obra fundamental “En guerra”, el estratega militar Carl Von Clausewitz argumentó que antes de decidir la estrategia, primero uno debe comprender la naturaleza del conflicto en el que se encuentra; de lo contrario, estás condenado al fracaso incluso antes de empezar. Esta es la razón por la que las principales prioridades estratégicas de la Gendarmería Nacional, la Policía Federal y la Prefectura Naval, por ejemplo, tienen perfecto sentido, tal lo dispuesto en el articulado de la Ley 18.711: combatir las redes de contrabando, asegurar las fronteras y vías de circulación tanto terrestres como navegables, y salvaguardar el orden público, no una guerra contra las drogas.
Además, las guerras suelen requerir estados finales definidos. Uno de los problemas con los que se puede topar una fuerza cuando trabaja en la implementación de un dispositivo antitráfico es que quieran definir, razonablemente, el éxito de la misión.
¿Alguna vez eliminaremos por completo el flujo de drogas? No es probable. Podemos reducir fuertemente el flujo, se puede dificultar estructuralmente la circulación y su logística, desmantelar las redes, reducir la violencia, entre otras cosas. Es un esfuerzo justo, pero no es una guerra con estados finales fácilmente definidos, o una guerra que probablemente termine alguna vez. Sin embargo, cuando se analiza a través del prisma de las fuerzas del orden, esta importante cuestión se vuelve más clara. Así como la policía nunca eliminará el crimen, es imperativo que haga cumplir la ley para defender la justicia, mantener el orden y prevenir el caos.
Cuando nos centramos en las redes en lugar de la mercancía como fin, otras opciones efectivas se vuelven más obvias. Por ejemplo, atacar el entramado financiero de las redes de narcotráfico –uno de sus centros de gravedad– se vuelve más atractivo. Como ejemplo de este modus operandi tenemos el caso de las tropas de operaciones especiales de los Estados Unidos, que tuvo éxito en las misiones de contrainsurgencia en Irak después de pasar de simplemente capturar insurgentes a centrarse en obtener inteligencia sobre la red. Observado esto, las fuerzas especiales cambiaron su estrategia y dejaron de ir tras “la cabeza de la serpiente”, lo que a menudo resultaba en la aparición de una nueva cabeza. En cambio, atacaron múltiples nodos clave de la organización más abajo en la cadena, socavando la efectividad de la red.
El interrogatorio táctico y la recopilación de inteligencia para el despliegue de las fuerzas son a menudo un esfuerzo secundario y no una línea de esfuerzo clave. Si hay información sobre un cargamento fluvial de drogas, el mejor curso de acción puede no interceptarlo en el Paraná, sino seguirlo o intentar investigar e incluso convertir en colaborador a un miembro de la tripulación para obtener una comprensión más completa de la red. Esto requiere un cambio de mentalidad y de cómo generamos y compartimos información entre fuerzas del Estado y, fundamentalmente, coordinación entre los niveles provincial y federal.
Las medidas de éxito deberían centrarse en cómo estamos construyendo una comprensión de las organizaciones narcocriminales y en cómo se lleva a cabo un desmantelamiento estratégico, no sólo en la cantidad de drogas incautadas. Comprender las redes es más difícil de cuantificar y llevará más tiempo, pero producirá un impacto más significativo y duradero.
Es en esa línea que la Argentina de hoy muestra un avance en la seriedad conceptual y programática en el abordaje de la narcocriminalidad. Dispositivos como el “Operativo Bandera”, del Ministerio de Seguridad de la Nación en Santa Fe, con la cooperación del gobierno provincial, apuntan en la dirección correcta, tendiendo a un enfoque de despliegue de recursos y fuerzas fundado en inteligencia, optimizando los escasos (y en muchos casos deteriorados) insumos con los que contaba el Estado al 10 de diciembre de 2023.
El despliegue y la congruencia con criterios modernos de inteligencia solo se verán solidificados por el enorme respaldo que significaría la aprobación del proyecto que hoy el Ejecutivo prepara para enviar el Congreso como una “Ley Antimafia”, fundada en la “Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Law” de los Estados Unidos, también conocida como “Ley RICO”, y cuyo debate iniciático se dió este Miércoles 22 de mayo en la Comisión Conjunta de Legislación Penal y Seguridad Interior.
Esta normativa (aunque distante en cuanto a tratamiento y criterios a ajustar en su recorrido) permitirá el abordaje e investigación de diversas actividades asociadas con el crimen organizado, como el tráfico de drogas, el lavado de dinero, la extorsión y el crimen organizado, bajo un solo marco legal. Esto aumenta la eficacia de la aplicación de la ley contra las organizaciones corruptas. Posibilita construir causas en base al flujo del dinero y la naturaleza tanto vincular como territorial de las bandas, y permite aplicar la misma pena para todos los involucrados en los ilícitos.
Además, según informan el Comando Estratégico para el Hemisferio Occidental y el Comando Sur de los Estados Unidos, “las narco-redes que evolucionan con un propósito ilícito han mostrado una creciente propensión a diversificar sus nefastas actividades, incluido el contrabando de drogas, la trata de personas o la actividad terrorista, amplificados por la creciente globalización”.
La posibilidad de que terroristas se vinculen con organizaciones criminales locales es una preocupación que hasta ahora no se presume materializada, y debería tender a una menor probabilidad de ocurrencia porque se está trabajando con un enfoque proactivo contra la criminalidad en el país, aunque no se puede descansar en lo hecho, y será necesario continuar la modernización en los ministerios de Defensa y Seguridad, no solo a nivel de insumos, sino a nivel de capacitación, preparación en inteligencia y en habilidades vinculadas a la cibercriminalidad. No se trata de ser alarmistas, sino de demostrar que existe un potencial real y que la vigilancia es esencial.
El respeto de la sociedad por el Estado de Derecho es esencial. Cuando una persona atenta contra el bienestar de otra, es la confianza en que el Estado hará justicia por esos crímenes lo que obliga a la persona agraviada a no tomar represalias.
Pero cuando la población pierde la confianza en la ley, o quienes la hacen cumplir empiezan a hacer la vista gorda, el contrato social comienza a romperse y la violencia aumenta. Los países con altos niveles de corrupción y leyes que no se aplican de manera uniforme a menudo tienen altos niveles de violencia.
El Estado de Derecho suena más esotérico que la seguridad fronteriza, pero podría decirse que es más importante, con efectos desastrosos de segundo y tercer orden si se deshace. Cuando estos sistemas se basan en la injusticia o la falta de consentimiento de los gobernados, tenemos una necesidad moral y práctica de realinear las leyes. Pero ignorar las leyes y permitir que la corrupción entre en un sistema es corrosivo. Enfocar el máximo poder del Estado en combatir a las organizaciones criminales e interceptar productos ilegales a través de nuestra frontera no es solo “guerra contra las drogas”.
Es imperativo que las fuerzas federales y provinciales luchen contra las organizaciones violentas, que las federales hagan cumplir la soberanía de nuestras fronteras y mantengan el Estado de Derecho que contiene unida a nuestra sociedad. No podemos descansar, ya que el trabajo nunca estará terminado.
Si la nación decide modificar nuestras leyes sobre drogas, eso puede cambiar, pero no poner fin al esfuerzo general. Como dijo Platón, somos los guardianes de la República, pero los guardianes son humanos que necesitan una comprensión visceral del “por qué” detrás de su misión. Los oficiales deben comprender que están luchando contra los delincuentes, nacionales y transnacionales, protegiendo nuestras fronteras, haciendo posible el orden y respetando la ley, y que en tanto cumplan su deber, siempre contarán con la protección necesaria y un respaldo político inquebrantable para cuidar a los argentinos.
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