El método Bukele, ¿es aplicable en la región?

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Hace ya varios años que el outsider político Nayib Bukele ostentaba el asiento presidencial en El Salvador, y este mes se cumplieron 4 años desde su arribo al cargo en el año 2019. Desde aquel entonces ha dado bastante de qué hablar, principalmente sobre su guerra contra el crimen organizado y las pandillas afiliadas a la Mara Salvatrucha, cuyos miembros han comenzado a ser detenidos y juzgados basándose en el estado de emergencia declarado por el oficialismo. Esto se ha llevado a cabo limitando varios de sus derechos humanos, entre ellos la libertad de asociación y la información sobre la razón de su detención, entre otras medidas, las cuales agilizaron el enjuiciamiento de una gran parte de los miembros afiliados a estas pandillas. 

En este contexto, El Salvador pasó de ser uno de los países más peligrosos de América Latina, con hasta 107 homicidios cada 100.000 habitantes en el año 2015 (su pico más alto desde 1995), a tener tan solo 2 homicidios cada 100.000 habitantes a principios de 2023 (Swissinfo.cl, 2023). Se generó una sensación de mejoría en lo que respecta a la seguridad ciudadana y social, y la popularidad del mandatario no ha dejado de aumentar, teniendo en la actualidad un 92% de aprobación en el país (La Nación, 2023).  No es de extrañar que las acciones tomadas por Nayib Bukele hayan inspirado a la población a confiar más en el gobierno oficial, habiendo alcanzado un nivel tan alto de aprobación. La sociedad civil se encontraba hastiada del constante número de víctimas alcanzadas por el crimen en toda la región de América Latina, donde existe un mayor o menor índice de criminalidad dependiendo del país. Sin embargo, el sentimiento de impotencia y frustración que existe en los ciudadanos es indiscutible, siendo precisamente América Latina la región peor considerada en cuanto al nivel de homicidios relacionados con el narcotráfico, según la ONU (Infobae, 2023). 

El cuestionamiento principal radica en qué tan efectivas son las medidas que ha aplicado Bukele con los presidiarios, o si es posible pensar que estas polémicas podrían aplicarse en países más allá de Centroamérica, como Ecuador, Chile o incluso Argentina. Y es que, ante los resultados inmediatos que tuvieron las medidas contra el crimen organizado por parte de Bukele en El Salvador, varios países han mostrado cierto interés en replicar la fórmula en sus propios territorios e impartir justicia. Ejemplos notorios son Honduras y Guatemala, países vecinos de El Salvador que comparten el mismo problema con las asociaciones ilícitas que habitan en sus naciones y ponen en práctica métodos similares a los impuestos en El Salvador, como la construcción y uso de “mega cárceles” que alberguen a estos prisioneros, con poca o nula apreciación por los derechos humanos de estos. Incluso se aprecia la aplicación de la pena de muerte en Guatemala, a pesar de lo polémico y escabroso que suene la revisión de esta medida que puede tener complicaciones constitucionales. 

Más allá del Caribe, dentro del Cono Sur hay simpatizantes del plan Bukele que han mostrado interés en aplicar la misma fórmula en la región. En Perú, por ejemplo, el alcalde Rafael López Aliaga ha mostrado interés en replicar el programa en su discurso al asumir el poder en octubre de 2022, y tiene la intención de aplicar la utilización de grandes centros penitenciarios y procesos judiciales rápidos (La Nación, 2023). En Argentina, el ministro de seguridad Sergio Berni afirma que “tenía pensado” algo similar a lo que hizo Bukele y que “es el camino en materia penal, en materia punitiva” (La Nación, 2023). Santiago Cúneo, precandidato presidencial por el Partido Laborista, también propuso “seguir los pasos de Bukele en Argentina” (Infobae, 2023) e incluso propuso la aplicación de la pena de muerte para “delitos aberrantes” como la violación seguida de muerte. En Chile, el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, ha elogiado en múltiples ocasiones las políticas de mano dura de Bukele, y ha sugerido que le dé al presidente Gabriel Boric “un par de consejos sobre cómo enfrentar la crisis de seguridad en Chile” (La Nación, 2023).

Por otro lado, están los detractores de estas medidas penales, quienes consideran que se deben cumplir los derechos humanos de los prisioneros y exigen que el gobierno de Bukele se ajuste a las normas internacionales. Mayoritariamente, son las organizaciones internacionales las que se encuentran en esta posición, como por ejemplo Amnistía Internacional, que ha denunciado en múltiples ocasiones la violación de los derechos humanos cometida por el gobierno de Bukele, criminalizando a personas que se encuentran en situación de pobreza y limitando notablemente los derechos a la defensa, a la presunción de inocencia, a un recurso judicial efectivo y al acceso a un juez independiente (Amnistía Internacional, 2022). La Oficina de Derechos Humanos de la ONU también ha expresado su preocupación por la extensión del estado de emergencia en El Salvador y sus consecuencias sobre las libertades y derechos de la población civil, afirmando que “debilitar el Estado de derecho y la integridad del sistema legal derogando el derecho a un juicio justo no es la respuesta”. Asimismo, el embajador argentino Carlos Raimundi habló ante la OEA sobre las denuncias de violación de derechos humanos en las cárceles de El Salvador, pidiendo “analizar bien” la situación, y declaró que, aunque está de acuerdo en que se debe actuar contra las pandillas, no cree que la forma en que lo hace Bukele sea la correcta (Página12, 2023).

En términos subjetivos, el plan Bukele tiene un gran peso a nivel internacional, ya que cuenta con un alto número de simpatizantes, no solo entre la ciudadanía común sino también entre varios políticos de la región que desean “copiar” la estrategia implementada por el gobierno salvadoreño en los últimos 4 años, en materia de seguridad y justicia. Sin embargo, en términos objetivos y realistas, la mayoría de los gobiernos opta por acatar las normas internacionales, respetar los derechos humanos y fomentar la cooperación con organismos internacionales como la ONU y Human Rights Watch para legitimar sus gobiernos y cumplir con el orden internacional. 

No hay un consenso definitivo y surgen múltiples interrogantes y cuestionamientos respecto a las políticas de Bukele, por lo que no es posible determinar con certeza si el plan Bukele podría aplicarse en la región, más allá de algunos casos aislados que han intentado emular el conjunto de medidas de Bukele (tal y como lo hicieron Honduras y Guatemala parcialmente, los ejemplos más similares a lo que se realizó en El Salvador). Además, el cumplimiento de los derechos humanos y el respeto al institucionalismo continúan siendo aspectos fundamentales en América Latina. Se busca seguir el camino de mantener una democracia y altos valores institucionales, garantizando que la justicia se realice sin violaciones ni medidas excepcionales.

En conclusión, a pesar del apoyo que puedan recibir las medidas de Bukele en materia de seguridad, estas se limitan principalmente al área que abarca El Salvador y sus países vecinos, los cuales se enfrentan a altos niveles de narcotráfico y violencia por parte de pandillas y organizaciones criminales. En comparación, en otras áreas como el Cono Sur, los niveles de crimen organizado son menos significativos y no se contempla, al menos por parte de los gobiernos, la adopción de regímenes autoritarios o estados de emergencia para combatir el crimen trasnacional. En cambio, se prefiere la cooperación internacional y el cumplimiento del derecho. Es importante tener en cuenta que el respeto a los derechos humanos y el institucionalismo siguen siendo fundamentales en América Latina, y se debe seguir trabajando en esa dirección, manteniendo altos estándares democráticos y garantizando que la justicia se administre de manera justa y equitativa, sin recurrir a medidas excepcionales.

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