Hace ya varios años que el outsider político Nayib Bukele ostentaba el asiento presidencial en El Salvador, y este mes se cumplieron 4 años desde su arribo al cargo en el año 2019. Desde aquel entonces ha dado bastante de qué hablar, principalmente sobre su guerra contra el crimen organizado y las pandillas afiliadas a la Mara Salvatrucha, cuyos miembros han comenzado a ser detenidos y juzgados basándose en el estado de emergencia declarado por el oficialismo. Esto se ha llevado a cabo limitando varios de sus derechos humanos, entre ellos la libertad de asociación y la información sobre la razón de su detención, entre otras medidas, las cuales agilizaron el enjuiciamiento de una gran parte de los miembros afiliados a estas pandillas.
En este contexto, El Salvador pasó de ser uno de los países más peligrosos de América Latina, con hasta 107 homicidios cada 100.000 habitantes en el año 2015 (su pico más alto desde 1995), a tener tan solo 2 homicidios cada 100.000 habitantes a principios de 2023 (Swissinfo.cl, 2023). Se generó una sensación de mejoría en lo que respecta a la seguridad ciudadana y social, y la popularidad del mandatario no ha dejado de aumentar, teniendo en la actualidad un 92% de aprobación en el país (La Nación, 2023). No es de extrañar que las acciones tomadas por Nayib Bukele hayan inspirado a la población a confiar más en el gobierno oficial, habiendo alcanzado un nivel tan alto de aprobación. La sociedad civil se encontraba hastiada del constante número de víctimas alcanzadas por el crimen en toda la región de América Latina, donde existe un mayor o menor índice de criminalidad dependiendo del país. Sin embargo, el sentimiento de impotencia y frustración que existe en los ciudadanos es indiscutible, siendo precisamente América Latina la región peor considerada en cuanto al nivel de homicidios relacionados con el narcotráfico, según la ONU (Infobae, 2023).
El cuestionamiento principal radica en qué tan efectivas son las medidas que ha aplicado Bukele con los presidiarios, o si es posible pensar que estas polémicas podrían aplicarse en países más allá de Centroamérica, como Ecuador, Chile o incluso Argentina. Y es que, ante los resultados inmediatos que tuvieron las medidas contra el crimen organizado por parte de Bukele en El Salvador, varios países han mostrado cierto interés en replicar la fórmula en sus propios territorios e impartir justicia. Ejemplos notorios son Honduras y Guatemala, países vecinos de El Salvador que comparten el mismo problema con las asociaciones ilícitas que habitan en sus naciones y ponen en práctica métodos similares a los impuestos en El Salvador, como la construcción y uso de “mega cárceles” que alberguen a estos prisioneros, con poca o nula apreciación por los derechos humanos de estos. Incluso se aprecia la aplicación de la pena de muerte en Guatemala, a pesar de lo polémico y escabroso que suene la revisión de esta medida que puede tener complicaciones constitucionales.
Más allá del Caribe, dentro del Cono Sur hay simpatizantes del plan Bukele que han mostrado interés en aplicar la misma fórmula en la región. En Perú, por ejemplo, el alcalde Rafael López Aliaga ha mostrado interés en replicar el programa en su discurso al asumir el poder en octubre de 2022, y tiene la intención de aplicar la utilización de grandes centros penitenciarios y procesos judiciales rápidos (La Nación, 2023). En Argentina, el ministro de seguridad Sergio Berni afirma que “tenía pensado” algo similar a lo que hizo Bukele y que “es el camino en materia penal, en materia punitiva” (La Nación, 2023). Santiago Cúneo, precandidato presidencial por el Partido Laborista, también propuso “seguir los pasos de Bukele en Argentina” (Infobae, 2023) e incluso propuso la aplicación de la pena de muerte para “delitos aberrantes” como la violación seguida de muerte. En Chile, el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, ha elogiado en múltiples ocasiones las políticas de mano dura de Bukele, y ha sugerido que le dé al presidente Gabriel Boric “un par de consejos sobre cómo enfrentar la crisis de seguridad en Chile” (La Nación, 2023).
Las medidas excepcionales son necesarias para parar a criminales, no hay otra forma. No creo que exista las agallas necesarias para aplicarlas en Latinoamérica.
Bukele ha demostrado que más importante es Proteger a la Población que a los indeseables.
Convengamos que en latinoamérica existe un descontrol en el manejo de las leyes y la seguridad, básicamente por la pobreza y la corrupción, que la política no sabemos si está a favor o en contra de arreglarlo. La dureza en la represión de la delincuencia está relacionada con la falta de control por incapacidad o desidia de parte de las autoridades.
El efecto bukele precisa de una readaptacion del sistema carcelario. Creo que es posible pero tendria que lidiar en un contexto de corrupcion interna que permite que reclusos y encargados del sistema penitenciario mantengan esa relacion de complicidad donde se permiten licencias y otras libertades en connivencia con un sistema judicial que permite ver al criminal como victima…seria bueno que el que las hace las pague no.?