La frontera Colombo-Panameña se encuentra dominada por el temido Tapón del Darién, una peligrosa selva conocida como el “paso de la muerte” por los numerosos riesgos que deben enfrentar los cientos de migrantes que transitan diariamente esta ruta en busca de mejores oportunidades. En efecto, el límite natural entre ambos países se ha convertido en la puerta de entrada de miles de inmigrantes procedentes de todas partes del mundo buscando ingresar ilegalmente a los Estados Unidos.
Lo que la mayoría de estos migrantes desconoce es que este trayecto comprendido entre las localidades de Necoclí y Capurganá, Colombia, y Bajo Chiquito, Panamá, es la única frontera de todo el continente que no está unida por una vía transitable. En su lugar se encuentra una frondosa selva cuyas condiciones climáticas son extremadamente adversas y en la cual operan mafias y grupos criminales que actúan con total impunidad ante la ausencia de las autoridades del Estado Colombiano.
Desde mujeres embarazadas hasta familias enteras acompañadas por menores de edad escalan y descienden por pronunciadas pendientes resbaladizas, atravesando ríos de corrientes caudalosas y súbitas crecidas bajo el riesgo de caer en el abismo o morir ahogados. Sumado a esto, los abusos sexuales, asesinatos y hurtos a manos de bandas criminales son moneda frecuente en un trayecto cuyo cruce demora al menos siete días y se extiende a lo largo de 67 kilómetros.
En una región donde la pandemia produjo el cierre de fronteras y la consecuente contracción económica, el negocio de los migrantes paso a ser la única opción laboral ante la ausencia del turismo y la magra ayuda otorgada por el Estado. Al mismo tiempo, este vacío ha generado espacios donde actúan redes mafiosas que se aprovechan y lucran con las necesidades de muchos inmigrantes que pueden llegar a pagar hasta la suma de 2000 dólares por transitar dicha ruta de manera segura.
Ante este estado de indefensión, violencia y brutalidad con la que se encuentran en el camino la mayoría de los inmigrantes, Panamá ha buscado evitar una crisis humanitaria acordando con Colombia un plan de flujo controlado de las miles de personas que transitan por la frontera común en su camino hacia los Estados Unidos.
Dicho acuerdo, firmado en agosto pasado, no parece haber dado buenos resultados debido a que el limite diario de 500 inmigrantes habilitados a ingresar al país centroamericano no ha sido cumplimentado. En consecuencia, desde que se firmó el acuerdo transitaron por dicho paso fronterizo entre 800 y 900 migrantes de los cuales la mayoría son Haitianos, Cubanos y Venezolanos, y en menor medida asiáticos y africanos.
Funcionarios panameños han declarado que su país ofrece un plan de manejo de carácter humanitario a los migrantes, y que un flujo controlado ofrece garantías de asistencia médica, alimentaria y un registro de datos biométricos de los viajeros. En cambio, Colombia no cuenta en la actualidad con un sistema de registro adecuado del número de personas que entran y salen del país y sus respectivas nacionalidades, género y edades.
Ante este escenario, las Naciones Unidas, a través de la Organización Internacional de Migraciones en conjunto con Organizaciones No Gubernamentales como Médicos sin Fronteras, hace hincapié en la necesidad de abordar el problema de la migración irregular por medio de un enfoque regional.
Es decir, con esto no solo se busca brindar rutas alternativas y seguras debidamente reglamentadas para la población migrante, sino también trabajar conjuntamente para combatir a las redes de mafias y organizaciones criminales que operan en la región del Darién por medio de la cooperación sostenida entre ambas naciones.
Hasta ahora, las medidas adoptadas no han logrado solucionar el estado actual de desamparo en el que se encuentra la población migrante que se aventura a cruzar una ruta que fue calificada como una de las más peligrosas del mundo.
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