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El Gobierno del Reino Unido aclaró que las contramedidas comerciales que prepara frente a las sanciones argentinas vinculadas con las Islas Malvinas no estarán dirigidas contra las actividades empresariales desarrolladas dentro de Argentina. La precisión fue incluida en una respuesta parlamentaria publicada el miércoles 4 de noviembre, en la que Londres también reiteró que tiene identificadas varias compañías afectadas por las decisiones de Buenos Aires y que trabaja con ellas para limitar las consecuencias de las restricciones.
La posición fue expresada por Blair McDougall, subsecretario parlamentario del Departamento de Negocios, Innovación, Ciencia y Comercio británico, ante dos consultas presentadas por el diputado laborista Callum Anderson. Las preguntas, registradas bajo los números UIN 38289 y 38290, buscaban conocer cuántas empresas habían resultado perjudicadas por las medidas argentinas y qué efectos podría tener la respuesta británica sobre las compañías que mantienen relaciones comerciales con Argentina.
En su contestación, McDougall precisó que el Gobierno pretende utilizar la legislación de Protección de Intereses Comerciales (Protection of Trading Interests, PTI) para proteger a empresas británicas frente a determinadas medidas argentinas que Londres considera aplicadas fuera de la jurisdicción nacional. El mecanismo permitiría, entre otras herramientas, que personas y compañías británicas dispongan de fundamentos jurídicos para reclamar indemnizaciones por los perjuicios derivados de esas acciones.
Sin embargo, el funcionario introdujo una delimitación sobre el alcance previsto. “Estas medidas no están dirigidas a actividades empresariales que se desarrollan en Argentina”, sostuvo en la respuesta publicada el 4 de noviembre. La aclaración reafirma una distinción que Londres ya había incluido en su anuncio inicial del 13 de octubre: el objetivo declarado no es restringir el comercio legítimo entre ambos países, sino contrarrestar las consecuencias de determinadas disposiciones argentinas sobre operaciones vinculadas con Malvinas.
Reino Unido reconoce empresas afectadas, pero no revela cuántas ni cuáles son
En una segunda contestación parlamentaria, McDougall reiteró que las autoridades británicas tienen conocimiento de varias compañías perjudicadas por las acciones argentinas relacionadas con Malvinas. Sin embargo, evitó proporcionar una cifra exacta o identificar públicamente a las empresas involucradas.
El funcionario aseguró que su departamento mantiene conversaciones con las compañías afectadas para conocer sus preocupaciones y proporcionar asistencia. También sostuvo que Londres rechaza los intentos argentinos de aplicar su legislación a actividades económicas desarrolladas fuera de la jurisdicción que Reino Unido reconoce a Buenos Aires.
El reconocimiento no constituye una novedad absoluta. Escenario Mundial informó el 29 de octubre que el Ministerio británico ya había admitido la existencia de varias empresas afectadas y explicado los mecanismos de indemnización que pretendía habilitar. Aquella respuesta también anticipaba que Londres continuaría evaluando la efectividad de sus medidas mediante consultas con los sectores empresariales involucrados.
El antecedente más concreto sobre las consecuencias de las sanciones argentinas surgió durante octubre, cuando las compañías vinculadas con el proyecto petrolero Sea Lion reconocieron dificultades con parte de su red de proveedores.
Como informó Escenario Mundial, Navitas Petroleum anunció que buscaba reemplazar a dos contratistas vinculados al desarrollo hidrocarburífero, después de reconocer las acciones impulsadas desde Argentina contra empresas relacionadas con la explotación de petróleo en el archipiélago.
La operadora no identificó públicamente a esas dos compañías, aunque advirtió que podrían producirse dificultades adicionales si otros proveedores decidían retirarse del proyecto.
Por ahora, tampoco existe una confirmación oficial que permita establecer si las empresas mencionadas por McDougall son específicamente los contratistas señalados por Navitas o si el Gobierno británico está asistiendo a otras compañías de distintos sectores económicos.
Las contramedidas británicas buscan limitar los efectos de las sanciones argentinas fuera del país
La disputa comercial se intensificó después de que Argentina modificara en septiembre los procedimientos para aplicar la Ley 26.659, que establece restricciones sobre las actividades de exploración y explotación hidrocarburífera desarrolladas sin autorización nacional en áreas que Buenos Aires considera parte de su plataforma continental.
Escenario Mundial detalló que el Decreto 868/2026 incorporó nuevos controles sobre las empresas que buscan acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y obtener permisos hidrocarburíferos en Argentina. Las disposiciones también contemplan la revisión de vínculos societarios y comerciales con actividades desarrolladas sin habilitación argentina.
Para el Gobierno de Javier Milei, estas herramientas buscan impedir que empresas involucradas en explotaciones hidrocarburíferas que considera ilegales en Malvinas puedan obtener beneficios o desarrollar determinadas operaciones en el territorio continental argentino. Londres, en cambio, cuestiona que las restricciones puedan condicionar decisiones comerciales relacionadas con actividades autorizadas por la administración británica del archipiélago.
La legislación PTI que el Reino Unido pretende utilizar permitiría adoptar disposiciones específicas para impedir que determinadas medidas extranjeras produzcan efectos sobre personas y compañías alcanzadas por la jurisdicción británica. El Gobierno también contempla habilitar reclamaciones por daños cuando se configuren las condiciones previstas en ese régimen.
En su comunicado del 13 de octubre, Londres anunció que buscaría introducir la normativa secundaria necesaria antes de finalizar 2026. Las respuestas parlamentarias del 4 de noviembre mantienen esa intención, pero no incorporan un texto definitivo de las nuevas disposiciones ni identifican las medidas argentinas específicas que quedarían comprendidas.
Por lo tanto, la aclaración sobre las actividades empresariales dentro de Argentina no debe interpretarse como una suspensión de las sanciones argentinas ni como una garantía de que ninguna compañía que opere en ambos países pueda verse afectada por la controversia. El alcance concreto de las protecciones británicas dependerá del contenido de la regulación que finalmente se apruebe y de su aplicación a cada situación.
Las nuevas precisiones llegan, además, pocos días antes de que Argentina y Reino Unido comparezcan ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que fijó para el 10 y 11 de noviembre las audiencias sobre el pedido argentino de medidas provisionales relacionadas con la explotación hidrocarburífera en el Atlántico Sur.
Ese procedimiento judicial y las contramedidas comerciales británicas constituyen instancias diferentes de una misma controversia por los recursos naturales de las Islas Malvinas, cuya soberanía reclama Argentina y sobre las que Reino Unido mantiene el control efectivo.
Con las respuestas del 4 de noviembre, Londres reiteró su respaldo a las compañías vinculadas con las actividades económicas del archipiélago y delimitó nuevamente el objetivo de sus futuras herramientas comerciales. Todavía no informó cuántas empresas se encuentran afectadas, cuáles son sus identidades ni qué operaciones específicas estarán protegidas cuando las disposiciones entren en vigor.
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