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Nueve días después de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que afectaron el norte de Venezuela el 24 de junio, las autoridades han actualizado el balance oficial a 2.645 fallecidos. La mayoría de las víctimas se concentra en el estado de La Guaira y en la capital, Caracas, donde el impacto de los sismos fue más severo. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) mantiene una estimación de aproximadamente 50.000 personas desaparecidas, mientras que los damnificados se calculan por millones en todo el territorio nacional.
En cuanto a la infraestructura, el reporte oficial del Ejecutivo venezolano cifra en 855 los edificios dañados, aunque evaluaciones preliminares de la NASA basadas en datos satelitales sugieren que el potencial de estructuras afectadas o destruidas supera las 58.000.
Entre los colapsos documentados destaca un edificio de 22 plantas en el barrio de Altamira y aproximadamente 200 estructuras que se derrumbaron por completo en diversas zonas críticas. Esta devastación ha forzado a un 39% de la población evaluada por ACNUR a permanecer en calles y espacios públicos, mientras que el resto se refugia en instalaciones improvisadas que no cumplen con los estándares mínimos de higiene.
La situación en el sector sanitario es crítica, con hospitales de alta especialización como el Miguel Pérez Carreño operando con suministros insuficientes y personal médico cumpliendo turnos de hasta 24 horas con salarios inferiores a un dólar mensual. Según datos del personal de este centro, el 60% de los niños ingresados tras el sismo han requerido amputaciones debido a la gravedad de sus lesiones y a la demora en recibir atención quirúrgica. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado sobre la presión extrema en los servicios y el riesgo de brotes de enfermedades como el sarampión y la difteria ante el colapso de los servicios básicos y la falta de agua potable.
La respuesta internacional se ha consolidado con la participación de 30 naciones, que han enviado en conjunto más de 3.600 rescatistas y trabajadores de apoyo, 118 perros de búsqueda y 1.000 toneladas métricas de suministros. Estados Unidos ha comprometido una asistencia financiera de 150 millones de dólares, canalizando 100 millones a través de un fondo humanitario de la ONU, mientras que el Comando Sur mantiene operativos los buques USS Fort Lauderdale y USS Billings para labores logísticas y de transporte especializado.
Dentro de este despliegue, Argentina ha concretado su misión operativa mediante el envío de tres aeronaves: un C-130H Hercules, un Embraer ERJ-140LR de la Fuerza Aérea y una unidad de Aerolíneas Argentinas. El contingente argentino está integrado por personal especializado de las tres fuerzas armadas, incluyendo médicos, ingenieros, especialistas en potabilización de agua, rescatistas USAR y guías K9 con perros de búsqueda, destinado a ampliar la capacidad de respuesta en las zonas donde la logística es más precaria.
Finalmente, la gestión de la emergencia por parte del gobierno venezolano ha incluido la militarización de los accesos a las zonas de desastre y la implementación de un registro obligatorio con código QR en el Poliedro de Caracas para todos los voluntarios que deseen entregar ayuda. Estas medidas, justificadas por el Ejecutivo como necesarias para garantizar el orden y el paso de ambulancias, han generado demoras en la distribución de insumos críticos denunciadas por diversas organizaciones civiles y sectores de la oposición.
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