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El gobierno de Sudáfrica declaró el estado de alerta máxima ante la convocatoria de masivas protestas antiinmigración que han paralizado las principales ciudades del país este 30 de junio de 2026. Esta jornada crítica ocurre tras una escalada de ataques xenófobos que ha forzado a miles de extranjeros indocumentados a huir hacia sus naciones de origen ante el vencimiento de un plazo no oficial exigido por grupos civiles para que abandonen el territorio sudafricano.
La policía sudafricana desplegó un fuerte operativo de seguridad en puntos neurálgicos como Durban, Soweto y Pretoria para prevenir disturbios violentos, mientras el grupo organizador “Marcha an March” mantiene su presión sobre el Ejecutivo. En localidades como Nelson Mandela Bay, en la provincia del Cabo Oriental, las estaciones de transporte amanecieron desiertas y el comercio local cerró sus puertas preventivamente, reflejando el clima de tensión social que atraviesa la nación tras el ultimátum dado a los migrantes irregulares.
Manifestantes como Thabo Mhlongo, en Durban, señalaron a la prensa local que estas acciones son fundamentales para el futuro del país, mientras que Tumisang Mabula, desde Pretoria, defendió la legitimidad de la movilización al afirmar que su obligación moral es apoyar a sus compatriotas para obligar al Gobierno a realizar su trabajo de control migratorio. Ambos sectores coinciden en que no se consideran xenófobos, sino que su objetivo es presionar por soluciones ante los problemas estructurales que asocian con la presencia extranjera.
Los sectores que apoyan estas marchas culpan directamente a la población migrante de los problemas económicos, las altas tasas de delincuencia y la deficiente prestación de servicios públicos, llegando incluso a bloquear el acceso de extranjeros a centros de salud y educación pública. A pesar de que el Gobierno central ha condenado la violencia xenófoba recurrente, simultáneamente ha reivindicado su derecho soberano a frenar la inmigración irregular en un contexto de vulnerabilidad social en los barrios más afectados.
El impacto de esta crisis ha trascendido las fronteras nacionales, provocando que países como Kenia, Malaui y Lesoto emitan alertas de seguridad urgentes para sus ciudadanos en suelo sudafricano. Las autoridades de Mozambique y Uganda ya han confirmado la muerte de varios de sus nacionales en ataques vinculados a esta violencia, la cual evoca episodios trágicos del pasado, como los disturbios de finales de 2019 que dejaron un saldo de 18 extranjeros fallecidos.
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