El 28 de mayo, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la designación del Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV) como Terroristas Globales Especialmente Designados, así como su futura inclusión como Organizaciones Terroristas Extranjeras desde el 5 de junio. La decisión no necesariamente debe interpretarse como un hecho aislado en materia de seguridad internacional. El hecho de que se tome a cinco meses de unas elecciones presidenciales profundamente polarizadas, en medio de disputas internas no resueltas sobre seguridad pública y tras intentos recientes de Lula por estabilizar la relación con Washington, permite analizar la posibilidad de que la medida tenga impactos o motivaciones políticas.
El PCC nació en las cárceles de São Paulo tras la masacre de Carandiru de 1992, donde las fuerzas de seguridad mataron a más de 100 reclusos durante un motín. De fenómeno penitenciario pasó a red transnacional: en 2025 la Fiscalía de São Paulo estimaba que contaba con unos 2.000 miembros en 28 países. El Comando Vermelho surgió en Río de Janeiro en los años setenta y pasó de operar en 10 estados a tener presencia en más de 25, con más de 30.000 miembros activos según Insight Crime, convirtiéndose en una de las principales rutas del tráfico de cocaína andina hacia el Atlántico sur. Ninguna de las dos opera bajo una lógica ideológica: son organizaciones movidas por el lucro, no por un programa político, y ese es exactamente el argumento jurídico que Brasil utiliza para rechazar la categoría de terrorismo. Que ambas organizaciones estén en el centro del debate no es consecuencia de la designación: la seguridad pública llevaba meses siendo el tema que más preocupaba a los brasileños y el que más tensión generaba en la campaña. No es casual, entonces, que las trayectorias y posicionamientos de los candidatos presidenciales se analicen hoy a la luz de su capacidad (o incapacidad) para enfrentar este fenómeno.
La carrera presidencial de octubre cuenta con varios candidatos, pero las encuestas recientes y los escenarios de segunda vuelta destacan como los principales contendientes a Lula, que busca la reelección, y a Flávio Bolsonaro, senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, condenado por el STF en septiembre de 2025 a 27 años y tres meses de prisión por su participación en el intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022 e inhabilitado para competir electoralmente. Hasta hace pocas semanas, las encuestas reflejaban un empate entre ambos. Sin embargo, eso cambio abruptamente cuando The Intercept filtró audios que revelaban una negociación entre Flávio Bolsonaro y el banquetero Daniel Vorcaro, detenido por un fraude multimillonario contra el Fondo de Garantía de Credito Brasileño. De acuerdo con la investigación, los registros sugieren conversaciones orientadas a la financiación de “Dark Horse”, una película biográfica sobre Jair Bolsonaro: el flujo total previsto rondaba los 24 millones de dólares (unos 134 millones de reales al tipo de cambio de la época), aunque The Intercept afirma haber identificado pagos ya realizados por al menos 10,6 millones de dólares. Las repercusiones no se hicieron esperar. El escándalo se tradujo en una caída de siete puntos en los sondeos, el despido de su jefe de campaña y una crisis interna dentro del Partido Liberal. En ese escenario de debilitamiento político, Flávio viajó a Washington, donde mantuvo reuniones con actores clave de la administración Trump. El viaje le permitió reposicionarse políticamente y proyectar respaldo internacional en medio de la crisis.
El 26 de mayo fue recibido en el Despacho Oval por Donald Trump y mantuvo reuniones por separado con el secretario de Estado Marco Rubio y otros funcionarios de la administración. A su regreso, declaró públicamente haber solicitado durante esos encuentros la designación terrorista del PCC y el CV. Cuarenta y ocho horas después, el Departamento de Estado oficializó la medida. La cronología es llamativa, aunque no alcanza por sí sola para establecer una relación de causalidad. Lo que sí es claro es que Flávio no tardó en usar el anuncio como material de campaña: vistiendo la camiseta de la selección brasileña, publicó en redes sociales que “mientras Lula fue a arrodillarse ante Trump para hacer lobby a favor del CV y del PCC, yo fui a trabajar para que sean tratados como terroristas.”
La eficacia política de la frase reside en la presión que ejerce sobre Lula, quien se ve obligado a navegar entre distintas alternativas, todas ellas con implicancias políticas. Si opta por sostener una postura soberanista, se expone inevitablemente a la acusación de favorecer a las organizaciones criminales. Si cede, pierde autoridad institucional y le regala a la oposición la narrativa de que su resistencia era política y no jurídica. Para entender por qué ese argumento tiene peso real, basta mirar los datos: según una encuesta de la consultora Quaest de abril de 2026, la inseguridad encabeza la lista de preocupaciones de los brasileños, por delante de la corrupción, los problemas sociales y la economía. La misma consultora expone que el 73% de los ciudadanos defiende que las organizaciones criminales reciban el tratamiento jurídico de grupos terroristas, pero el 58% admite al mismo tiempo el temor a una eventual operación militar de Estados Unidos en su propio territorio. La designación no genera el problema, pero sí lo reinstala en el centro del debate público, y lo hace precisamente en uno de los momentos más críticos del año electoral.
Lula había intentado anticiparse. El 12 de mayo, semanas antes del anuncio, lanzó el programa “Brasil contra el crimen organizado”, dotado con recursos directos de R$ 1,06 mil millones de inversión directa en 2026 y una línea adicional de R$ 10 mil millones vía BNDES para estados y municipios, con énfasis en el combate al lavado de dinero y el tráfico de armas: Brasil y Estados Unidos ya habían firmado en abril un acuerdo de intercambio de inteligencia y datos aduaneros para frenar el tráfico de armas y drogas. El mensaje era claro: Brasil estaba dispuesto a cooperar con Washington en materia de seguridad, pero dentro de sus propios marcos institucionales y no bajo la etiqueta del terrorismo.
La oposición de Brasilia a la designación tiene una base jurídica concreta, aunque estos fundamentos suelen quedar relegados frente al ataque político. La legislación brasileña clasifica al PCC y al CV como redes criminales motivadas por el lucro y no por la ideología, lo que las excluye de la categoría de terrorismo según el derecho interno. Pero más allá de la discusión conceptual, lo que preocupa al gobierno son las consecuencias prácticas: bajo la ley estadounidense, la designación como Organización Terrorista Extranjera habilita sanciones del Departamento del Tesoro contra personas o entidades que operen con miembros de esos grupos, lo que según especialistas en derecho penal económico podría alcanzar a empresas o bancos que, sin saberlo, hayan procesado pagos vinculados a sus redes. El vicepresidente Geraldo Alckmin fue el más explícito del oficialismo: durante una agenda en Caraguatatuba el 29 de mayo, declaró que la medida podría traer impactos económicos sobre Brasil y que el combate al crimen organizado debe seguir siendo conducido por las instituciones brasileñas mediante investigaciones, inteligencia policial y cooperación internacional.
Lula respondió apelando al principio de soberanía nacional, un argumento que también le permitió desplazar el debate hacia el papel de la oposición: al calificar de “deplorable” la intervención de la familia Bolsonaro para promover ante un gobierno extranjero a tomar medidas unilaterales contra Brasil, el oficialismo buscó presentar la discusión no como una defensa de organizaciones criminales, sino como una disputa sobre los límites de la acción opositora fuera del país. En esa línea, Lula desafió a Trump a extraditar a los cabecillas de bandas brasileñas que residen en Miami si genuinamente desea colaborar en la lucha contra el crimen, y señaló que los verdaderos terroristas que Washington debería perseguir son los implicados en la trama golpista de 2022 que aún permanecen en territorio estadounidense.
La designación del PCC y el CV no llega sin antecedentes. Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, la administración Trump consolidó una política sistemática de clasificar organizaciones criminales latinoamericanas como amenazas terroristas: aplicó esa categoría a los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, al Tren de Aragua venezolano y a bandas ecuatorianas como Los Lobos y Los Choneros. La lógica detrás de ese patrón es consistente: encuadrar el crimen organizado transnacional como terrorismo amplía el margen legal para sanciones financieras y operaciones de inteligencia, al tiempo que permite sortear los canales multilaterales habituales. El caso brasileño se inscribe en esa misma política, pero con una particularidad que lo distingue del resto: aquí fue un actor político interno quien solicitó activamente la designación en el marco de una campaña electoral. Eso hace que una decisión de política exterior estadounidense incida en el debate presidencial brasileño.
A cinco meses de las elecciones, la pregunta que queda abierta no es si Lula o Bolsonaro tienen razón sobre cómo combatir al PCC y al CV. Ambas gestiones, la actual y la anterior, convivieron con el crecimiento de estas organizaciones sin lograr desarticular sus estructuras financieras ni territoriales. El problema es anterior a cualquiera de los dos y probablemente sobreviva a este ciclo electoral. Lo que sí está en juego ahora es si Lula puede sostener un argumento soberanista legítimo, o si la oposición conseguirá darle la vuelta y presentarla como una muestra de debilidad frente al crimen organizado. La designación, por sí sola, no inclina la balanza electoral. Pero revela hasta qué punto el escenario electoral brasileño hoy se ve atravesado por dinámicas y presiones externas.
