El presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunció un nuevo programa federal para combatir el crimen organizado en Brasil y confirmó que propuso ampliar la cooperación en seguridad con Estados Unidos durante la reciente reunión con Donald Trump. En ese encuentro, Lula solicitó apoyo para la captura de criminales brasileños que se encuentran en Miami y planteó fortalecer el intercambio bilateral de información contra el narcotráfico y el tráfico de armas.
En este orden de ideas, el plan fue presentado en Brasilia en medio de la preocupación pública por la inseguridad y a pocos meses de las elecciones presidenciales. De este modo, Lula sostuvo que el objetivo es “desarticular las estructuras económicas y operativas” de las organizaciones criminales mediante el combate al lavado de dinero, el tráfico ilegal de armas y el financiamiento de las facciones narco criminales. En este escenario, el gobierno prevé destinar recursos para equipamiento policial, tecnología de vigilancia y refuerzo del sistema penitenciario.
Actualmente, el crimen organizado brasileño está dominado principalmente por el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), ambas organizaciones con fuerte presencia territorial y capacidad de operación dentro y fuera de las cárceles. Puntualmente, los grupos controlan redes de narcotráfico, tráfico de armas y otras actividades ilegales, además de mantener su influencia en numerosas favelas y corredores logísticos estratégicos.
Lula busca frenar el avance del PCC y el Comando Vermelho
Para entender la problemática, es necesario analizar el nacimiento de estos grupos, por su parte, el Comando Vermelho surgió en las cárceles de Río de Janeiro durante la década de 1970 y posteriormente expandió su presencia a otras regiones de Brasil. A fines de los años noventa, las disputas internas derivaron en la creación de la facción Amigos dos Amigos (ADA), que consolidó su presencia en distintas comunidades de Río durante los años 2000. Sin embargo, en los últimos años la ADA perdió gran parte de su control territorial frente al avance del propio CV y de las milicias armadas vinculadas a ex integrantes de fuerzas de seguridad.
En paralelo, el gobierno brasileño rechazó con anterioridad la posibilidad de que Estados Unidos clasifique al PCC y al Comando Vermelho como organizaciones terroristas, argumentando que el problema debe abordarse dentro del marco de la seguridad pública y la soberanía nacional. Aun así, Brasil y Estados Unidos firmaron recientemente acuerdos de intercambio de inteligencia y datos aduaneros para combatir las redes criminales transnacionales.
En este contexto, la ofensiva impulsada por Lula refleja el creciente peso que la seguridad pública adquirió dentro de la agenda política brasileña. El avance de las organizaciones criminales, la expansión de las milicias y el fortalecimiento de economías ilegales en distintas regiones del país consolidaron al crimen organizado como uno de los principales desafíos internos para el Estado brasileño y como un tema cada vez más importante en la cooperación regional e internacional en materia de seguridad.
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