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- Estados Unidos renueva su alerta para ciudadanos y coloca a Venezuela en “Nivel 4 – No viajar”, citando alto riesgo de detenciones arbitrarias y aplicación discrecional de leyes locales.
- Ciudadanos venezolanos denuncian controles policiales con acceso forzado a teléfonos celulares, donde agentes revisan chats y buscan palabras clave vinculadas a Trump, Maduro, drogas o presunta “conspiración”.
- ONGs venezolanas advierten un patrón de represión ampliado, con detenciones políticas, desapariciones forzadas y penas desproporcionadas en un contexto de tensión creciente entre Venezuela y Estados Unidos.
La tensión política y social en Venezuela volvió a colocarse en el centro del debate internacional tras la renovación por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos de su advertencia de no viajar ni permanecer en dicho país para ciudadanos estadounidenses. Venezuela figura nuevamente como “Nivel 4 – No viajar”, debido al supuesto “alto riesgo de detención injusta, secuestro, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia y disturbios civiles”, entre otras causas.
En este sentido, la alerta diplomática coincide con recientes denuncias de ciudadanos venezolanos que afirman haber sido detenidos arbitrariamente, detenidos brevemente o registrados sin orden judicial, incluso en sus teléfonos celulares, en contextos de patrullajes y controles policiales en ciudades como Maracaibo y Caracas. Según los testimonios recogidos, en al menos un caso los agentes revisaron mensajes de WhatsApp y Telegram buscando palabras clave como “Maduro, Trump, droga, invasión”.
Defensores de derechos humanos y ciudadanos afectados describen estos procedimientos como parte de un patrón represivo que busca inhibir la disidencia y el descontento social en un contexto de alta tensión entre Venezuela y Estados Unidos. Una fuente policial anónima citada en los relatos admitió que “si hablás mal del gobierno, te metés en problemas”, describiendo la revisión de teléfonos como método de control y coacción.
Las denuncias se extienden también a detenciones políticas más profundas. Según organizaciones de la sociedad civil y derechos humanos – como es el caso de la Provea, una reconocida ONG venezolana- en los últimos meses se reportaron arrestos de dirigentes sindicales y miembros de partidos de oposición acusados de supuesta conspiración, disidencia o difusión de mensajes críticos al gobierno. Algunos de los detenidos habrían sido condenados a largas penas -hasta 30 años de prisión- por compartir mensajes políticos en redes sociales o aplicaciones de mensajería.
Crece la preocupación por la situación de Venezuela
Dicha situación se enmarca en un contexto más amplio que incluye el deterioro de las instituciones judiciales, la concentración del poder, la militarización del control interno y una crisis económica persistente que agravó la precariedad social. A la vez, la intensificación de las tensiones diplomáticas entre Maduro y Trump contribuye a un clima de inseguridad jurídica para ciudadanos, y puntualmente aquellos opositores.
Aunque las autoridades venezolanas no respondieron públicamente a las denuncias, el hecho de que el Departamento de Estado recomiende no viajar al país refuerza la percepción internacional de un ambiente de alto riesgo para la seguridad personal y los derechos fundamentales.
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